Gallardón apunta que no será delito ni convocar manifestaciones ni la resistencia pasiva

• El ministro del Interior avanzó que ambas situaciones serían penalizables
• Gallardón asegura que se busca proteger el derecho de manifestación
• Interior y Justicia trabajan en un reforma contra la "violencia callejera"

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado este martes que entre las medidas en las que se trabaja con Interior para luchar contra el 'vandalismo callejero' no se penalizará a los convocantes "al margen de cuál sea su resultado final".

El endurecimiento del Código para evitar altercados como los que se produjeron en Barcelona en la jornada de huelga general del 29 de marzo, tampoco afectará a lo que se denomina "resitencia pasiva".

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, había avanzado en el Congreso de los Diputados que en la nueva normativa la resistencia pasiva grande se consideraría un delito de resistencia a la autoridad.

Durante un desayuno informativo, el exalcalde de Madrid ha apuntado que esta remodelación de la normativa supone "la defensa de un derecho constitucional como es el de manifestación".

Persecución de las estructuras organizadas

A su juicio, "quien más ataca más el derecho de manifestación son aquellas personas que infiltrándose en manifestaciones legítimas de protesta contra decisiones del Gobierno, y desde una estructura organizada que la Policía tiene perfectamente identificada, realizan agresiones a personas y a bienes públicos y privados".

Según Ruiz-Gallardón, estos elementos incurren en "una auténtica prostitución de lo que es el derecho a la manifestación", y contra ellos se dirigirán las medidas de endurecimiento del Código, "lo que no supone en modo alguno limitar el derecho ni penalizar a sus convocantes al margen de cuál sea su resultado final".

Lejos de endurecer la "resistencia pasiva", el ministro asegura que las medidas irán dirigidas acabar con escenas "que están en las retinas de todos" y que suponen agresiones contra bienes y personas.

Fernández Díaz quería publicarla antes del verano

Interior y Justicia están trabajando "conjuntamente" para dar una respuesta desde el Código Penal "adecuada a la altura de la agresión que se está formulando a la sociedad", según expresó Jorge Fernández Díaz el pasado 4 de abril.

Tanto los jueces y fiscales como los cuerpos de seguridad del Estado, en palabras del ministro del Interior, dispondrán de "instrumentos adecuados para hacer frente" a situaciones de violencia callejera, en las que además del enfrentamiento entre grupos radicales y la policía, se producen cuantiosos daños al mobiliario urbano.

Para quien cometa este tipo de delitos avanzó a principios de abril, las penas serán de dos años, los fiscales podrán pedir prisión provisional y los jueces podrán adoptarla, insistió Fernández Díaz.

El ministro concluyó que estas reformas nos homologan con otros países de nuestro entorno, como Francia y Reino Unido.