Interior propone sanciones penales a partidos y sindicatos si sus afiliados causan desórdenes

• Pretende perseguir a quienes provoquen altercados en las manifestaciones
• Es una de las medidas que se contemplarán en la reforma del código penal

El Ministerio del Interior ha propuesto al de Justicia que la reforma del Código Penal anunciada por el Gobierno contemple la posibilidad de que sean castigados penalmente asociaciones, partidos y sindicatos que convoquen manifestaciones en las que alguno de sus afiliados altere el orden público.

Según han confirmado a Efe fuentes de Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, ha trasladado esta propuesta al Ministerio de Justicia con quien prepara la reforma del Código Penal que el Ejecutivo quiere tener aprobada antes de final de año.

Por su parte, fuentes de Justicia, han asegurado a Efe que en los últimos días Interior les ha remitido sus iniciativas para endurecer el Código Penal y que la próxima semana tendrá lugar una reunión entre Ulloa y el secretario de Estado Justicia, Fernando Román, para dar forma a las futuras modificaciones.

Entre los planes de Interior figuran que cuando los autores de delitos contra el orden público, altercados o incidentes registrados en manifestaciones sean afiliados de las asociaciones, sindicatos o partidos políticos convocantes, estos puedan ser responsabilizados penalmente, y no solo en vía civil, como personas jurídicas.

La última reforma excluía a partidos políticos y sindicatos

La última reforma penal de 2010 introdujo como novedad la responsabilidad penal de las personas jurídicas a excepción de las empresas públicas, los partidos políticos y los sindicatos.

En concreto, el artículo 31 bis.1 del Código Penal contempla que "las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho".

No obstante, el apartado 5 de este mismo artículo establece que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables "al Estado, a las administraciones públicas territoriales e institucionales, a los organismos reguladores, las agencias y entidades públicas empresariales y a los partidos políticos y sindicatos", entre otros.

Además de esta propuesta, Interior quiere castigar con una pena mínima de dos años los actos de vandalismo callejeros, de forma que el fiscal pueda solicitar la prisión provisional para los autores y el juez, en su caso, decretarla.

También pretende que se tipifique el delito de pertenencia a organización criminal la convocatoria a través de cualquier medio de actos que tengan como finalidad alterar el orden público.

Perseguir a quienes cometan desórdenes públicos

Se trata, dijo la semana pasada el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de perseguir a las personas que cometan desórdenes públicos tras organizarse previamente por algún medio, como internet.

Fernández Díaz quiere también que el nuevo articulado del Código Penal considere como agravante la comisión de conductas violentas cuando estas se produzcan en manifestaciones o concentraciones, y se incluirá como delito de desorden público los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos.

En esta línea, la reforma del Código Penal pretende ampliar la cuantía de los daños no solo a los que se produzcan en estos establecimientos, sino también los que se deriven de la interrupción de cualquier servicio público.

Otra propuesta trasladada a Justicia es que se considere delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa e introducir entre las "modalidades de acometimiento" -ataque violento dirigido contra un policía- las amenazas y comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos.

En este punto, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró el pasado martes que "no se está hablando de resistencia pasiva" sino de agresiones a miembros de los cuerpos de seguridad y daños a bienes públicos que no constituyen el derecho de manifestación, "sino un auténtico atentado callejero".