El Constitucional amenaza a PP y PSOE con tomar medidas "drásticas" si no renueva el tribunal

• Los dos partidos mayoritarios no se ponen de acuerdo para renovar el TC
• Hay una vacante por fallecimiento y tres al acabarse el mandato de magistrados
• Los expertos creen que la medida podría ser la dimisión de estos tres vocales
• Esta vez podría ser aceptada, no como en junio de 2011 cuando no se aceptó

La conversación telefónica entre Rajoy y Rubalcaba deja una cita para este viernes en Moncloa

El Tribunal Constitucional ha amenazado este martes con tomar medidas "muy drásticas" ante la incapacidad del PP y el PSOE de ponerse de acuerdo en la renovación de cuatro vacantes, una por el fallecimiento de un magistrado y otras tres por el fin de su mandato hace ya año y medio, y han acusado al Congreso de "no cumplir con su deber".

Así lo ha expresado el pleno del Constitucional en un acuerdo  adoptado esta martes por la mañana por unanimidad de los once  magistrados que lo componen desde el fallecimiento en 2008 de Roberto  García-Calvo, cuya plaza sigue.

La Cámara baja también debe renovar a otros tres magistrados -Eugeni  Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera- cuyo mandato de nueve años  concluyó en noviembre de 2010 .

Ante la "indeseable situación", señalan en la nota, el Constitucional "adoptará las medidas que están en su mano, por muy drásticas que sean", aunque no detallan a qué tipo de medidas pueden tomar.

Los expertos constitucionalistas consultados por Efe señalan que esta amenaza no puede traducirse en otra cosa que en la renuncia de los tres magistrados cuyo mandato ha caducado, repitiendo lo que ya hicieron el 13 de junio de 2011, cuando alegaron sentirse en un "tribunal secuestrado". Entonces el presidente, Pascual Sala, rechazó las dimisiones.

En esta ocasión, sin embargo, el tono del acuerdo adoptado indica, según esos mismos expertos, que el presidente estaría dispuesto a aceptar las renuncias, lo que colocaría al Constitucional en una situación límite, con solo ocho magistrados, es decir, el "quorum" mínimo para tomar decisiones, que la ley fija en dos tercios de sus miembros.

Cualquier ausencia -por enfermedad, por ejemplo- impediría entonces la celebración de plenos en un tribunal que aún no ha resuelto el recurso que el PP interpuso en 2005 contra el matrimonio homosexual.

"El Congreso no cumple con su deber"

Los once magistrados que integran actualmente el tribunal han suscrito un comunicado este martes en el que advierten que, a pesar de que la Constitución  establece que el alto tribunal esté compuesto por 12 miembros, la  muerte de Roberto García-Calvo en mayo de 2008, provocó que el órgano  judicial quedara reducido a once jueces.

"Desde hace más de cuatro años somos solo once, porque el Congreso  de los Diputados no cumple el deber de cubrir la vacante producida  por el fallecimiento", explican los magistrados.

A este hecho se añade, recuerdan, que los  magistrados Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera, llevan ya  más de diez años y medio ejerciendo como miembros del tribunal cuando  la Constitución impone un mandato de nueve años, situación también  provocada "porque el Congreso de los Diputados no cumple su deber". 

"Ante tan reiterados y duraderos incumplimientos, el Pleno del  Tribunal Constitucional ve necesario recordar el respeto que se debe  a la Constitución, advirtiendo que, de prolongarse tales  incumplimientos, adoptará las medidas que están en su mano", avisa  el Pleno.

La no renovación desplaza a Sortu

El texto ha sido consensuado durante la reunión que el pleno ha celebrado esta mañana, en cuyo orden del día figuraba entre otros asuntos el debate de la ponencia que la magistrada Pérez Vera ha redactado sobre el recurso que Sortu interpuso contra la decisión del Tribunal Supremo de prohibir su inscripción como partido político.

La reunión ha finalizado sin que esta cuestión fuera abordada, ya que los magistrados han decidido retomar su protesta ante el incumplimiento por parte de los dos grandes partidos de su deber constitucional de renovar el tribunal, un asunto en el que el presidente de este órgano, Pascual Sala, ha insistido en cada una de sus comparecencias públicas desde su toma de posesión.

Así sucedió, por ejemplo, el pasado 23 de abril durante el acto de graduación de la primera promoción del máster en Gobernanza y Derechos Humanos celebrado en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid, cuando recordó a los partidos que no renovar el tribunal "es incumplir la Constitución".

En su discurso de investidura el pasado 19 de diciembre, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avanzó su intención de acometer la renovación del Constitucional en un plazo de tres meses, compromiso en el que insistía dos días después el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Sin embargo, la primera cita en la que Rajoy y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, intentaron desatascar la renovación pendiente de órganos constitucionales, que tuvo lugar el pasado 15 de febrero, se saldó sin acuerdo y ambos se limitaron a darse de plazo hasta el próximo mes de junio para buscar el consenso.

Desde entonces, la renovación permanece bloqueada y los expertos advierten de que no existe ningún mecanismo jurídico ni previsión en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ante una situación similar o que regule las obligaciones y deberes de aquellos magistrados que se encuentran en funciones y las posibilidades con las que cuentan para poder "forzar" su relevo en el tribunal.