Extremadura y Cataluña recurrirán ante el Constitucional algunos de los recortes del Gobierno

• Extremadura recurrirá la medida que afecta a la ecotasa eléctrica
• El Gobierno de Monago se opone al fondo y la forma de la iniciativa
• Cataluña recurrirá la reforma de la ley de dependencia
• Cree que invade competencias autonómicas

Tanto el Gobierno extremeño, como el catalán han anunciado que presentarán sendos recursos de inconstitucionalidad contra alguna de las medidas de recortes anunciadas la pasada semana por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En el caso de Extremadura, el presidente 'popular' José Antonio Monago ha asegurado que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto sobre la producción y transporte de energía aprobado  por el Ejecutivo central, porque "vulnera" en el "fondo y en la forma"  el espíritu del impuesto autonómico, la denominada 'ecotasa'.

En una rueda de prensa, lo ha anunciado este lunes en Mérida el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, que ha estado acompañado por el responsable de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri.

Según ha explicado Fernández, el Ejecutivo central publicó este pasado viernes a través de un Real Decreto una medida con la que "se repercute la producción de energía sobre los que la consumen", y por tanto "está penalizando a los habitantes de una comunidad que produce y exporta al resto del estado español el 75% de energía que produce". 

"Extremadura es una de las comunidades que consume por habitante más racionalmente la energía de todas las comunidades", por lo que  "se está penalizando un consumo racional",  ha lamentado Fernández, que también ha asegurado que "ese está penalizando" a la comunidad que sufre el impacto provocado por las eléctricas y la peligrosidad social, por albergar una central de carácter nuclear".

Tal y como recoge el texto publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado, las Comunidades Autónomas que graven, directa o indirectamente, las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico, con tributos propios o recargos sobre los tributos estatales, tendrá la obligación de imponer el suplemento territorial en los peajes de acceso y tarifas de último recurso. Ese impuesto deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva comunidad autónoma.

Cataluña recurre la reforma de la ley de dependencia

Por su parte, la Generalitat catalana recurrirá el decreto de reforma de la ley de la dependencia al Constitucional porque invade sus competencias y lo considera "un remiendo y una tomadura de pelo a los ciudadanos y a las CCAA" tras calcular que el Estado dejará de aportar unos 76 millones anuales a Cataluña.

El conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, ha hecho este lunes una valoración de la reforma de la ley de la dependencia, que ha calificado de "engaño a las CCAA y a los ciudadanos porque el Estado centrifuga la responsabilidad hacia las comunidades y les dice: 'Ya os lo haréis, yo invito y pagáis vosotros'".

Cleries ha recordado que el año pasado la Generalitat ya aportó el 70 % (906 millones) del coste de los servicios y prestaciones de la ley de la dependencia en Cataluña, mientras que el Estado sólo aportó el 20 % (258 millones), cuando la ley establece que ha de ser al 50 %, y el copago supuso el 10 por ciento restante (122 millones).

El nuevo decreto que recorta las prestaciones de la dependencia a partir del 1 de agosto también incluye rebajas en los mínimos garantizados que el Estado aporta por cada persona dependiente a las comunidades, lo que supondrá, según los cálculos del conseller Cleries, que de los 258 millones se pasaría a unos 128 haciendo una estimación con los datos de 2011.

Esta cifra significan unos 76 millones menos, casi un 30 % de ahorro para el Estado, que el conseller Cleries considera que es "desentenderse y declararse en retirada de la ley".