La Fiscalía no descarta que nuevas pruebas incriminen a la infanta Cristina en el caso Urdangarin

• De momento no se han encontrado pruebas que la incriminen
• Podría resultar ser responsable civil subsidiaria

La Fiscalía Anticorrupción no descarta que nuevas pruebas  incriminen a la infanta Cristina en el marco de las pesquisas sobre  las presuntas irregularidades cometidas a través del Instituto Nóos, aunque hasta el momento no se han hallado elementos incriminatorios  contra ella.

Su posible inculpación en los hechos pasa por la  respuesta del informe que ha sido encargado a la Agencia Tributaria  sobre los ingresos percibidos por Nóos y del resultado de las tres  comisiones rogatorias libradas a Andorra, Suiza y Luxemburgo.

Así lo han informado fuentes de la investigación,  que han incidido en que "si algo sale de las comisiones u otras  pruebas, nada está descartado". En este sentido, el fiscal Pedro  Horrach señaló este lunes, en unos coloquios celebrados en Es  Mercadal (Menorca), que hasta el momento no hay pruebas que  incriminen a la hija del rey Don Juan Carlos, si bien la instrucción  de la causa aún no está concluida y por tanto no hay nada  definitivo.

Es más, los investigadores postulan que la infanta podría ser  citada en el momento procesal oportuno e incluso podría resultar  responsable civil subsidiaria al amparo del artículo 122 del Código  Penal, que establece que quien hubiese participado de los efectos de  un delito o falta -en este caso de la presunta actividad delictiva de  Iñaki Urdangarin- deberá restituir o resarcir el daño provocado hasta la  cuantía de su participación.

De hecho, así lo mantiene la acusación popular, ejercida por el  sindicato Manos Limpias a través de la letrada Virginia López  Negrete, quien en varias ocasiones ha solicitado la imputación de la  mujer del Duque de Palma. Su último recurso, el de apelación que  interpuso ante la Audiencia Provincial de Palma, fue sin embargo  desestimado por este órgano judicial ante la falta de pruebas sólidas  que inculpen a la infanta.

Las mismas comisiones rogatorias y el informe de Hacienda que  determinarán su inculpación podrían posibilitar, a tenor de los datos  que arrojen, que el exbalonmanista vuelva a ser citado a declarar por  el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro.

Lo mismo  sucederá con su exsocio Diego Torres, quien después de que fuese  citado a declarar de forma voluntaria el pasado mes de mayo,  finalmente solicitó la suspensión de la comparecencia, mientras que  en febrero, cuando acudió a la llamada del juez Castro en Palma para  interrogarlo, se acogió a su derecho de no declarar.

El destino del dinero del Instituto Nóos

Y es que los investigadores del caso Nóos, que conforma una de las  26 piezas separadas de la compleja causa centrada en las supuestas  irregularidades cometidas durante la construcción del velódromo Palma  Arena, permanecen pendientes de la respuesta de las tres comisiones  rogatorias, que prevén arrojar luz sobre el destino del dinero que  desde el Instituto fue a parar a cuentas bancarias localizadas en  estos países.

Por el momento, las autoridades de los tres Estados no han  respondido a la petición cursada por el titular del Juzgado de  Instrucción número 3 de Palma, quien mediante estas diligencias  quiere que sean identificados los titulares de las cuentas en las que  fueron depositados miles de euros a través de las sociedades  vinculadas a Nóos, presidido entre 2004 y 2006 por el yerno del rey  Don Juan Carlos.

De hecho, una de estas cuestiones, la relacionada con la cuenta de  Suiza, salió a relucir en el extenso interrogatorio del magistrado a  Urdangarin, quien justificó que a través de esta cuenta bancaria  cobró un proyecto relacionado con la empresa Aguas de Valencia, al  mediar entre la mercantil valenciana y un ciudadano de origen  jordano, Manssour Tabaa, que fue la persona que abonó este servicio.

De forma paralela, tanto el magistrado como la Fiscalía  Anticorrupción también se encuentran a la espera de que la Agencia  Tributaria aporte al caso Nóos el informe que solicitó el juez en  torno a los ingresos percibidos a través de Nóos por parte de los dos  socios para poder cuantificar el dinero que presuntamente defraudaron  por trabajos cuya realización no ha sido justificada, y a partir de  ahí solicitar una fianza de responsabilidad civil millonaria.

Sin embargo, aunque el Ministerio Público está pendiente de poder  analizar la documentación de Hacienda y a partir de ahí calcular la  cantidad a la que podría ascender la caución que los fiscales pidan  al magistrado, se estima que la cifra podría alcanzar al menos los  dos millones de euros, según apuntaron fuentes del procedimiento a  Europa Press.

Por ahora, los investigadores apuntan que Urdangarin y su exsocio  Diego Torres encabezaron una trama a través de la cual se habrían  apoderado de 5,8 millones de los fondos públicos que percibió Nóos.  En concreto, falsedad documental, prevaricación, fraude a la  administración y malversación de caudales públicos son los delitos  que se indagan en este fleco del caso Palma Arena.