"No voy a poder hacer nada más al inmigrante de lo que haga con mis manos y mi fonendo"

• Este sábado los inmigrantes 'sin papeles' pierden su tarjeta sanitaria
• Más de 1.700 profesionales sanitarios se declaran objetores
• Creen que en la práctica será muy difícil atenderles como hasta ahora
• El problema se planteará cuando haya que pedir pruebas o especialistas
• Los profesionales temen que la medida acabará colapsando las urgencias

Un médico recorre el pasillo de un hospital en una foto de archivo.

"El problema vendrá cuando tengamos que derivar o pedir una prueba o mandar al cardiólogo". Paulino Cubero, médico de atención primaria en el centro de salud General Ricardos, en el barrio madrileño de Carabanchel, es uno de los más de 1.700 profesionales sanitarios que se han declarado objetores en contra de que los inmigrantes 'sin papeles' se queden sin tarjeta sanitaria a partir de este sábado 1 de septiembre.

Los profesionales objetores consultados coinciden en que la asistencia no podrá ser la misma en la práctica aunque haya profesionales que objeten porque habrá dificultades para mandar análisis o derivar al especialista.

Al final, creen que se acabarán colapsando las urgencias, la única vía que se les deja a esta población para recibir atención sanitaria gratuita como hasta ahora, al margen de embarazadas y menores a los que se seguirá asistiendo sin problema.

Alertan, además, del riesgo sanitario que implica no atender a esta población, no solo para los propios afectados, sino para el conjunto de la sociedad. No hacerlo "siempre es más caro y más costoso", según el doctor Rafael Sotaca, presidente de Médicos del Mundo en Valencia.

En total se estima que perderán la tarjeta sanitaria 153.000 inmigrantes 'sin papeles', lo que supondrá a Sanidad un ahorro de 500 millones de euros, según los datos publicados por la agencia Efe.

El Gobierno insiste en que nadie se quedará sin atención, pero que se cobrará el servicio a quien no tengan tarjeta. Sanidad pretende que los 'sin papeles' firmen una especie de póliza para recibir asistencia médica por 59,20 euros al mes (155,40 si tienen más de 65 años).

Algunas comunidades, como Andalucía, País Vasco y Asturias, ya han dicho que seguirán atendiendo a los inmigrantes igual. Otras como Cataluña y Galicia han impuesto algunos requisitos.

El problema, más allá de la consulta de primaria

El doctor Cubero cree que el problema no se dará tanto en atención primaria como cuando un paciente necesite que le vea un especialista o unas pruebas diagnósticas. Según explica a RTVE.es este médico, en Madrid la orden de Sanidad es que a estas personas se les expida un  documento de transeúnte sin papeles durante un año para ser atendidos cuando lleguen al centro de salud sin tarjeta.

Rafael Sotaca, presidente de Médicos del Mundo en Valencia y también objetor, insiste en la misma idea. El médico de cabecera puede recibir al inmigrante sin residencia legal en España en su consulta pero, si este no tiene tarjeta sanitaria, desaparece de los sistemas informáticos y por lo tanto no se le podrá mandar ni siquiera unos análisis de sangre, al no ser que se le intente cobrar por ello.

"Más allá de la consulta no podré hacer nada más de lo que haga con mis manos y mi fonendo", explica a RTVE.es este médico de familia que actualmente no ejerce.

En este sentido, considera que la objeción de conciencia es un gesto de protesta que en la práctica será difícil de llevar a cabo porque no se les podrá ofrecer la misma asistencia sanitaria que a los españoles y extranjeros con residencia legal.

Tendrán que pagar el importe total de los medicamentos

Para empezar, si un inmigrante 'sin papeles' necesita un fármaco, se le hará una "receta blanca", como las que se hacen en los seguros privados de salud, de tal forma que pagará el importe completo del medicamento y no solo una parte (los asegurados que no son pensionistas pagan el 50% tras los últimos cambios en el copago farmacéutico). Los 'sin papeles' pagarán el 100%, según explica el doctor Cubero.

María Fernández, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFyC) en Madrid, explica que los inmigrantes podrán acudir con esa "receba blanca" a las farmacias hospitalarias, pero ello dificultará el acceso a los fármacos. Un paciente oncológico irá, pero uno hipertenso, "que no se siente enfermo", puede que prescinda de seguir con el tratamiento que antes adquiría sin problema en "la farmacia de debajo de su casa".

El riesgo del colapso en los servicios de Urgencias

"Atiendes al paciente pero no puedes hacer nada más, contando con que te llegue el paciente", asegura Ana Pérez, médica adjunta de Urgencias en el hospital la Fe de Valencia.

Esta objetora explica a RTVE.es que en su caso, al trabajar en urgencias, tiene que atender a todo el mundo que llegue al hospital tenga o no tenga tarjeta, como hasta ahora. En ese sentido, su trabajo no cambiará.

Sin embargo, esta médica expresa sus dudas sobre lo que pasará con los inmigrantes 'sin papeles' a los que atiendan en urgencias después de que reciban el alta: "No sabemos si el ingreso, las pruebas... se les cobrará. No sabemos si les remitirán a especialistas, si se les proporcionará la medicación que necesiten...".

Esta doctora lamenta que a un día de que entre en vigor la medida de Sanidad ni el Gobierno ni las comunidades autónomas hayan aclarado todos los detalles de este nuevo recorte.

Ana Pérez teme que los servicios de Urgencias acaben sobrecargados. Si un inmigrante quiere que le atiendan y sabe que yendo al médico de cabecera le intentarán cobrar acabará yendo al hospital.

"Si le dices que solo puede entrar por esa 'puerta', se colapsará", señala Rafael Sotaca, que además llama la atención sobre el riesgo de que el resto de la población acabe "enfadándose" porque tarden más en atenderle en urgencias.

Un "disparate" de medida que traerá más burocracia

El doctor Paulino Cubero cree que la medida de quitar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes 'sin papeles' es un "disparate" en sí que solo generará más burocracia. Se intenta trasladar la idea equivocada, en su opinión, de que la culpa de la situación del sistema es de la población extranjera cuando el problema ha sido la falta de planificación en los últimos años.

Cubero critica la "improvisación absoluta" con la que han actuado las administraciones gastando dinero sin planificar. "Ahora nos dedicamos a recortar servicios" para ahorrar una cantidad "ridícula". "Una cortina de humo para disfrazar el disparate de los últimos años" y trasladar a la opinión pública que son los inmigrantes los responsables cuando su gasto sanitario es mucho menor que el del resto de la población, señala.

La objeción, un "acto de protesta"

La doctora María Fernández cree que serán muchos más de 1.700 los médicos que al final objetarán. "Conozco compañeros que aseguran que seguirán haciendo lo mismo" aunque no se hayan apuntado al registro que impulsó la SemFyC o no se hayan adherido a la campaña 'Derecho a curar' de Médicos del Mundo.

Para el representante en Valencia de esta última ONG, Rafael Sotaca, la objeción de conciencia es "un acto de protesta" que viene motivada en su caso por el código ético que le impone la atención sanitaria a toda aquella persona que la necesite.

Sotaca se ha declarado objetor para mostrar su oposición a una medida que "no es ni justa ni inteligente". No atender a los 'sin papeles' no beneficia a nadie y atender en urgencias siempre es "más caro y costoso".

Este médico de familia insiste en que el Gobierno ha "cambiado las reglas del juego" al pasar de un modelo de asistencia universal a otro modelo de aseguramiento que se superó ya hace años.

El doctor Cubero explica también su objeción desde el punto de vista "ético", pero también desde la "coherencia" de defender un "sistema de atención primaria universal que ha demostrado que funciona con poco dinero".

Dejar de atender a los inmigrantes 'sin papeles' es "perjudicial para el paciente, pero también para el resto de la población", sentencia.