Sanidad retira la tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares e impone el pago de algunos fármacos

• Las previsiones cifran el ahorro en 950 millones de euros con ambas medidas
• Alrededor de 153.000 'sin papeles' se quedarán sin cobertura sanitaria
• Ocho CC.AA., dos de ellas del PP, han anunciado que mantendrán la asistencia
• Sanidad también deja de financiar 417 medicamentos para dolencias menores

Los inmigrantes sin papeles dejan de tener derecho a la tarjeta sanitaria

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hace efectiva, desde este sábado, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, una medida que, según las previsiones, afectará a 153.000 personas y supondrá un ahorro de 500 millones ed euros.

No es el único recorte que Sanidad pone en marcha este sábado, ya que desde hoy algunos pacientes tendrá que abonar íntegramente el precio de algunos fármacos indicados para dolencias menores, tales como irritación de la piel, tos, acidez, diarrea o estreñimiento. El ahorro, en este caso, supondrá otros 450 millones de euros

Estas actuaciones se enmarcan dentro de la política del Gobierno de reducir la deuda de la Sanidad pública, cifrada en 16.000 millones de euros.

La oposición ha criticado duramente estas medidas y, en el caso de la retirada de la tarjeta sanitaria a 'sin papeles', algunas comunidades y profesionales sanitarios han anunciado que no cumplirán lo dispuesto por el Gobierno.

Según la normativa que ya se encuentra en vigor, los inmigrantes ilegales tendrán derecho únicamente a las urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años.

En el caso de los enfermos crónicos o graves, Sanidad se compromete a no dejarlos sin tratamiento, aunque la atención se le facturará al país de origen si existe convenio de colaboración. De no existir ese acuerdo, el inmigrante será atendido si el facultativo considera que existe un riesgo vital.

Tanto a ellos como a los europeos no asegurados se les ofertará una póliza para una cobertura sanitaria completa por 710,40 euros anuales -59,20 al mes- mientras que en el caso de los mayores de 65 años la cifra aumentaría hasta los 155,40 euros mensuales, aunque esta medida aún está siendo debatida.

El Gobierno ha nsistido en que no se va a producir "desatención sanitaria" y que las comunidades autónomas, "en su ámbito de competencia", podrán definir cómo van a dar esa prestación "y cómo lo van a sufragar", según ha asegurado su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Ocho comunidades, dos del PP, seguirán atendiendo a 'sin papeles'

En esa línea, ocho comunidades autónomas han anunciado su intención de seguir prestando asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, entre ellas Castilla y León y Galicia, ambas gobernadas por el PP,  que aplicaran la norma con matices.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, ha anunciado que la región seguirá prestando atención sanitaria a todos los inmigrantes que acrediten que carecen de recursos y que estuvieran empadronados antes de este 1 de septiembre, lo que favorecería a unas 9.000 personas.

Feijoo ha matizado que, pese a esta circunstancia, Galicia "cumple la legislación nacional" y avanza en los límites que permite la normativa estatal quedeja "dar asistencia a los inmigrantes sin papeles vecinos de Galicia", por lo que dispondrán de un documento del Servicio Gallego de Salud, pues la tarteja solo la concede el Ministerio.

En el caso de Castilla y León, su servicio de salud atenderá a todos los inmigrantes que lo necesiten y, aunque intentará cobrar el servicio a quienes carezcan de tarjeta sanitaria, meterá "en el cajón de impagados" aquellos casos en los que no tengan recursos, según ha anunciado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez.

Las comunidades socialistas de Andalucía, País Vasco y Asturias, junto a Cataluña (CiU) y Canarias (CC), mantendrán la atención a 'sin papeles', aunque no han puntualizado cómo.

En el caso de Navarra, gobernada por UPN, su Gobierno va a habilitar una línea de ayudas para cubrir la asistencia sanitaria de quienes acrediten no poder pagarla, por lo que desembolsarán al servicio de salud 1,68 millones de euros anuales lo que, según sus cálculos, compensará el pago por atender a 2.150 inmigrantes irregulares.

El resto de las comunidades, gobernadas por el PP, seguirán al pie de la letra el decreto y atenderán a los inmigrantes, pero les cobrará: Madrid, Castilla-La Mancha,  Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Cantabria y La Rioja.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado que "nadie va a quedar desatendido" en los centros sanitarios, aunque ha matizado que aquellos ciudadanos que carezcan de tarjeta sanitaria tendrán que pagar el servicio.

Pago íntegro de algunos medicamentos

Junto a la retirada de la cobertura sanitaria a 'sin papeles', desde este sábado un total de 417 medicamentos han dejado de ser financiados por la Seguridad Social, lo que, según Sanidad, supondrá un ahorro cercano a los 450 millones de euros.

La inmensa de la mayoría de los fármacos están indicados para tratar síntomas leves, aunque 97 de ellos mantendrán la financiación para tratar enfermedades graves o crónicas.

Algunos de estos productos son tan populares como el antiácido Almax, los laxantes Emportal, Duphalac o Plantago, el antidiarreico Fortasec y pomadas para aliviar el dolor causado por la artritis como Fastum, Calmael, Movilisin, o para el tratamiento de afecciones inflamatorias como Zenavan.

Los ciudadanos también deberán pagar por medicamentos para la tos como Mucosan o Pectox, y por fármacos para el tratamiento de la rinitis alérgica, como Rinomax, además de por la acetilcisteína para patologías neumológicas, entre otros.

Pese a la exclusión, todos los fármacos que están incluidos en la lista se deberán seguir recentando cuando el médico lo considera apropiado,  aunque el paciente deberá abonar su coste íntegro.

Madrid pone en marcha la tarjeta farmacéutica para pensionistas

Los pensionistas madrileños que acudan desde este 1 de septiembre, a las farmacias de la Comunidad a comprar medicamentos con receta deberán llevar consigo la tarjeta que están distribuyendo los centros de salud para que no tengan que adelantar dinero por encima del tope que marca la ley.

El documento de dispensación farmacéutica para pensionistas de la Comunidad de Madrid es un sistema pionero que consiste en una tarjeta provisional, personal e intransferible y de validez mensual.

Desde este sábado , el farmacéutico irá apuntando en la tarjeta el precio del tratamiento prescrito y la aportación del pensionista, hasta alcanzar el tope fijado en cada caso.

Ese límite lo marca el real decreto-ley del Gobierno donde se establece que si el pensionista gana menos de 18.000 euros al año,  deberá pagar el 10 % del precio de las medicinas, con un máximo de 8 euros mensuales, y si su renta anual es superior a esa cantidad, abonará un tope de 18 euros al mes.

Cuando el usuario haya alcanzado el límite correspondiente, dejará de pagar las medicinas que le sean recetadas por el facultativo durante el mes de vigencia del documento.

La tarjeta farmacéutica se sustituirá por otro formato definitivo e informatizado a partir de noviembre o diciembre de este año, para seguir garantizando al pensionista el acceso a las medicinas con garantía de las cantidades que deberá desembolsar en cada caso, según la Consejería de Sanidad.