La CAM no estafó pero el juez analiza si debe indemnizar por las cuotas participativas

• Las cuotas participativas tienen un valor cero tras la liquidación de la caja
• Gómez Bermúdez valora si debe indemnizar a cerca de 50.000 afectados
• Suspende los acuerdos sobre indemnizaciones millonarias que favorecieron a tres exdirectores

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez sostiene que la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) no cometió un delito de estafa como persona jurídica pero analizará si la entidad debe indemnizar a los cerca de 50.000 afectados por las cuotas participativas.

En un auto publicado este jueves, el magistrado ha decidido abrir una pieza de responsabilidad civil por la emisión de cuotas participativas para diferenciar esa investigación del procedimiento principal, en el que la CAM "es la principal perjudicada" y ejerce la acusación contra seis de sus antiguos responsables por apropiación indebida, falsedad contable y administración desleal.

De hecho, el juez avisa que la investigación sobre la emisión de cuotas participativas -en la que la CAM sería la acusada- es "extremadamente compleja y podría derivar en una instrucción excesivamente prolongada en el tiempo".

En cualquier caso, Gómez Bermúdez advierte de que no cabe considerar a la CAM penalmente responsable por la emisión de cuotas participativas, ya que la responsabilidad penal de las empresas fue introducida en el Código Penal en 2010 y esas actuaciones tuvieron lugar en el año 2008.

La CAM entró el pasado mes de julio en proceso de liquidación y disolución tras 137 años de historia, con valor cero de sus cuotas participativas.

Suspensión de acuerdos sobre prejubilaciones millonarias

Gómez Bermúdez ha  suspendido de forma cautelar tres acuerdos dictados por los  exdirectores generales de la CAM, María Dolores Amorós, y Roberto  López Abad y el expresidente Modesto Crespo a través de lo cuales los  exdirectivos de la entidad modificaron en su favor las condiciones de  la prestación adicional para percibir jubilaciones e indemnizaciones  millonarias.

Así, el magistrado ha decretado en un auto hecho público este  jueves, la suspensión cautelar de los acuerdos de fecha 22 y 25 de  noviembre y 7 de diciembre de 2010 que dieron lugar a la ampliación  de la cobertura de la Prestación Adicional Asegurada, cuya fecha de  firma fue "antedatada", provocando por ello un perjuicio económico a  la entidad.

Según las conclusiones alcanzadas por los peritos de la auditora  PricewaterHouse los tres imputados firmaron en 2011 estos documentos  pero les pusieron fecha de 2010 con la intención de modificar a su  favor la indemnización prevista en su jubilación. No contaban además,  con la aprobación del Consejo de Administración, que ya había  establecido que el cálculo de esa prestación se haría en base a los  tres años anteriores al de la jubilación.

El objetivo de Amorós, López Abad y Crespo era "evitar que esas  prestaciones se determinaran en base a unas futuras retribuciones que  iban a disminuir a la vista de la situación real de la entidad" que  ya estaba al borde de la quiebra.

Los acuerdos beneficiaron económicamente a los cinco imputados en  la causa investigada por la Audiencia Nacional: los tres exdirectivos  citados, el exdirector general de Recursos Vicente Soriano y el  exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb.

Los cinco altos ejecutivos se repartieron 15,5 millones de euros  en prejubilaciones antes de que la entidad alicantina fuera  intervenida, según figuraba en la carta de despido de la ex directora  general de la entidad.

Responsable civil subsidiaria del presunto delito de estafa

Por otra parte, Gómez Bermúdez ha abierto una pieza separada en la  causa que investiga las irregularidades cometidas en la gestión de la  Caja en la que sitúa a la entidad como responsable civil subsidiaria  del posible perjuicio económico provocado a las más de 50.000  personas que adquirieron cuotas participativas.

La CAM, personada en la causa, aparecía hasta el momento en las  distintas piezas como perjudicada por la gestión de la directiva  encabezada por los imputados López Abad y  Amorós. El magistrado  mantiene imputadas a otros cuatro exdirectivos de la entidad.

El magistrado considera que la caja es perjudicada ante la  presunta comisión por parte de los hasta ahora imputados de la  comisión de delitos de falsedad contable, apropiación indebida y  administración desleal y, por tanto, en este caso su personación  sería correcta en este caso como acusación particular.

"Por el contrario la CAM sería responsable civil subsidiaria del  presunto delito de estafa, cuyos perjudicados serían los titulares de  cuotas participativas de la CAM", dice el juez en su auto. El actual  propietario de la entidad es el Banco Sabadell, que la adquirió en  subasta pública por un eur