El Código Penal castigará el matrimonio forzado y divulgar imágenes íntimas sin consentimiento

• También se introduce el delito de acecho u hostigamiento
• El anteproyecto de reforma se remitirá al CGPJ y al Consejo de Estado
• El Gobierno estudia el informe del Estatuto de la Víctima
• Las vacantes judiciales se cubrirán solo por jueces profesionales

El Gobierno da luz verde a la reforma del Código Penal

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que el Código Penal castigará por primera vez el matrimonio forzado, con hasta tres años de cárcel, el "acecho u hostigamiento", con hasta dos años, y también la divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas con penas de hasta seis meses a un año de prisión.

Así lo ha anunciado Gallardón tras el Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el anteproyecto de reforma del Código Penal, que incluye, además de la prisión permanente revisable, estas novedades en la lucha contra la violencia de género, y que ahora se remitirá para su informe al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial antes de su aprobación definitiva que ha estimado en un año.

El ministro, que ha explicado que estos nuevos delitos han sido propuestos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha indicado que en el delito de matrimonio forzado se condenará hasta con tres años de prisión a quienes obliguen con violencia o intimidación a otro a contraer matrimonio y se considerará agravado cuando a la víctima se le obligue a abandonar el territorio nacional o se le impida volver a él.

Sobre la divulgación de imágenes íntimas, ha precisado que la pena recae en "la mera divulgación" de las imágenes sin autorización, con lo que "no importa que se hayan conseguido con el consentimiento de la víctima".

Respecto al delito de hostigamiento ha indicado que se incluyen casos que no podían ser tipificados como amenazas y además se imponen 12 meses de multa para los acusados por violencia de género que no utilicen los brazaletes que garantizan el alejamiento.

El titular de la cartera de Justicia también ha anunciado que el nuevo Código Penal tipificará la incitación al odio o la violencia por raza, religión u origen, así como el negacionismo de crímenes contra la humanidad, específicamente el Holocausto, si incitan a actos violentos, en transposición de una directiva marco europea.

Se elimina la figura del juez sustituto

El Consejo de Ministros también ha aprobado una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que las plazas vacantes de jueces sean ocupadas exclusivamente por jueces profesionales y solo se recurrra a sustitutos "en situaciones realmente excepcionales", según Gallardón.

Así, se establecerá un sistema de sustituciones que serán voluntarias, "siempre que sea posible" y, si no, se introducirán mecanismos para cubrirlas, y que tendrán una "retribución adicional" para el juez del 80% del complemento específico del cargo.

Además, Gallardón ha adelantado que este sistema también se introducirá en la carrera fiscal y ha anunciado que en 2013 se convocarán 50 plazas para jueces y fiscales con el fin de suplir la falta de profesionales.

Estatuto de la Víctima

En el Consejo de Ministros también se ha estudiado un informe del Ministerio de Justicia sobre el Estatuto de la Víctima que establece cuestiones como que los menores no tengan que declarar presencialmente en los juicios sino que puedan ser grabados y reproducir la grabación en la vista oral, o que las víctimas no sean grabadas durante el juicio si quieren conservar su intimidad.

Este Estatuo de la Víctima, que obedece a un compromiso electoral del PP y a la transposición de una directiva europea, también introducirá el "respeto al derecho de deliberación" de las víctimas de grandes catástrofes para evitar el "contacto precipitado" por ejemplo de las compañías de seguros con los afectados y que no tomen una decisión de la que luego se arrepientan.

Gallardón ha indicado también que las víctimas tendrán el "mínimo contacto" con su agresor y las especialmente vulnerables podrán estar acompañadas en los interrogatorios, que se harán además en dependencias especiales, por un profesional especializado y del mismo sexo que la víctima en el caso de delitos sexuales.

Además, las víctimas serán informadas de la toma de decisiones sobre la ejecución de las penas, especialmente cuando pueda haber un "peligro potencial" para ellas, como cuando se ponga en libertad o disfrute de un permiso el condenado.