Los jueces conservadores denuncian que bancos y aseguradoras especulan con las hipotecas

• Advierten que se paralizan ejecuciones hipotecarias para elevar el precio de inmuebles
• Piden reformas en los procesos de embargo y desahucios que piensen en los ciudadanos

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha denunciado que los bancos y las aseguradoras están realizando "movimientos especulativos" con las hipotecas, ya que "han  paralizado en ocasiones las ejecuciones [hipotecarias] a la espera de conseguir  un  mejor precio para los inmuebles que existen ahora en una bolsa de   embargo y ejecuciones".

Según la portavoz de la asociación conservadora de jueces, María Teresa Sáez, estas prácticas "colapsan" las ejecuciones hipotecarias y, con ello, los juzgados.

Sáez ha explicado la legislación actual convierte a los  juzgados  en "oficinas recaudatorias de una entidad bancaria", al empujar  a los  magistrados a perseguir al ciudadano insolvente hasta que abone   "definitivamente" la deuda pendiente con el banco.

Esta denuncia se añade a las realizadas con el resto de las asociaciones de jueces y fiscales, que han reclamado más medios al  legislador ante el "espectacular" incremento de las acciones  ejercidas por las entidades bancarias que está "colapsando" los  juzgados.

Durante el segundo trimestre de 2012, los desahucios subieron un 13,4% con respecto al mismo período de 2011, alcanzando cifras "históricas" según datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por ello, se plantean establecer "un orden de prioridades"  con el fin de que los asuntos de los ciudadanos particulares no  queden relegados a un segundo plano.

"Cláusulas abusivas" y contratos "discutibles"

Las cuatro asociaciones de jueces y las tres asociaciones de  fiscales han advertido de esta situación en una rueda de prensa en la  que han expuesto sus medidas de protesta ante la "inasumible" carga  de trabajo que soportan los juzgados.

La Comisión Interasociativa valora la complejidad de estos  asuntos, que "incluyen claúsulas que son abusivas en ocasiones y, por  tanto nulas, y contratos de adhesión discutibles", por lo que requieren de  un estudio especial.

"El incremento espectacular de asuntos en los juzgados se debe a  las acciones ejercidas por entidades bancarias que son las que  realmente están colapsando los juzgados", ha expuesto el portavoz de  Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch.

Sin embargo, advierte de que en un contexto de "grave sobrecarga"  en los juzgados, los asuntos de los ciudadanos particulares no pueden  quedar en un segundo plano y, por lo tanto, es conveniente establecer  "un orden de prioridades". "Nuestra propuesta implicaría que se tenga  que dejar en un turno especial para estos asuntos para resolverlos de  forma adecuada", han añadido.

Además, la Asociación Profesional de la Magistratura ha elogiado el "valiente" trabajo que coordinó el  vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Manuel Almenar,  sobre la conveniencia de modificar el procedimiento de ejecución  hipotecaria.

"Volver la cara al ciudadano medio" para reformar desahucios e hipotecas

En este contexto, la portavoz de la APM ha instado a la clase  política a "atender" las demandas de los ciudadanos,  ya que considera  que sus reformas no están encaminadas a solventar esas situaciones de  necesidad.

"Nos gustaría que los políticos volvieran la cara al ciudadano  medio y afrontara reformas legislativas, sobre desahucios o  hipotecas, que supondrían una reforma de coste cero", ha indicado,  para añadir que esto ahondaría en el camino hacia una Justicia de  calidad.

Esta asociación de jueces también ha mostrado su disconformidad al proyecto de ley que regula  una subida de tasas judiciales, que "impiden" al ciudadano el acceso a  la Justicia. "Pero, a lo mejor, sí estoy de acuerdo con imponer  determinadas tasas a entidades que utilizan la Administración de  Justicia para fines más privados", ha precisado Sáez en referencia a los bancos.

En este contexto, Sáez ha recordado que un procedimiento judicial  cuesta alrededor de 1.300 euros, según los últimos datos del Consejo  General del Poder Judicial (CGPJ).