La UE lanza un plan contra los evasores y los paraísos fiscales

• El comisario de Fiscalidad denuncia "la pérdida escandalosa" de ingresos
• Con 34 medidas, pretende evitar el tax-shopping que busca eludir el fisco

La Comisión Europea (CE) ha presentado un plan de acción que permitirá a la UE luchar con más cohesión y fuerza contra el fraude y la evasión fiscal, que hace perder a los Veintisiete un billón de euros al año o 2.000 euros por ciudadano.

El comisario europeo de Fiscalidad y Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta, subraya que se trata de una "pérdida escandalosa de ingresos públicos, en particular en estos tiempos de crisis", que hacen la lucha contra esos delitos económicos "todavía más urgente".

Pero esa batalla no puede librarse sola y la estrategia debe incluir "una posición fuerte y cohesionada" de la Unión Europea (UE) y la combinación de fuerzas a nivel nacional, europeo y global para tener éxito, ha destacado el comisario lituano al presentar su iniciativa.

Ese plan de acción incluye 34 medidas y dos recomendaciones que, en su conjunto, crean "una nueva posición de la UE basada en que la competencia fiscal en la Unión no puede abrir puertas a evasores y a defraudadores.

Lucha contra el tax-shopping

Igualmente es una posición más fuerte contra países terceros que facilitan esos delitos y la práctica de ir en busca de las mejores condiciones para eludir al Fisco en casa, lo que se conoce como tax-shopping. Por último, obligar a las empresas a "pagar su cuota justa" por desarrollar sus negocios en el mercado único, ha explicado Semeta.

En sus dos recomendaciones, la CE alienta a los países miembros a tomar medidas "inmediatas y coordinadas" en problemas urgentes. La primera prevé la adopción en la UE -más allá de las medidas internacionales actuales- de una posición de fuerza contra los paraísos fiscales. Mediante la definición de criterios comunes, Bruselas insta a los Estados miembros a identificar esos paraísos y a incluirlos en unas "listas negras" nacionales.

La segunda aborda la planificación fiscal agresiva, por lo que la CE propone diferentes vías para corregir los tecnicismos y las lagunas que algunas empresas aprovechan para evitar el pago de lo que equitativamente les corresponde.

Reforzar la doble imposición

El texto urge a Estados miembros a reforzar sus convenios de doble imposición para evitar que puedan dar como resultado una ausencia total de tributación y a adoptar para la lucha contra las prácticas abusivas una norma general común que permita basar los impuestos en las actividades económicas reales y dejar de lado cualquier montaje artificial con el que se pretenda eludirlos.

Los Veintisete pueden tratar de conseguir sistemas impositivos competitivos siempre y cuando lo hacen de manera abierta y transparente. Semeta apunta que los problemas llegan cuando se diseñan artificialmente los regímenes con el fin de "robar bases impositivas o alentar una planificación agresiva".

El comisario indica que la UE dispone de un instrumento para garantizar una competencia fiscal justa: el código de conducta sobre impuestos de sociedades en el que se trabaja y que permite a los Estados miembros evaluar las prácticas de los demás países y exigir correcciones en los regímenes fiscales si resultan perjudiciales. La CE propone ampliar su ámbito de aplicación para que en él se incluyan regímenes fiscales especiales destinados a los más ricos.

Código del contribuyente

En el plan de acción figuran iniciativas como la adopción de un código del contribuyente, la creación de un número de identificación fiscal de la UE, la revisión de las disposiciones contra las prácticas abusivas en directivas europeas claves y la creación de unas directrices comunes para rastrear los flujos de dinero.

Para garantizar que se logra el efecto deseado, la CE creará instrumentos de control y unos mecanismos de gestión activos que permitan mantener el ritmo en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal.

Con el fin de velar por la buena gobernanza fiscal, se creará también una nueva plataforma de seguimiento de la aplicación de las recomendaciones en los Estados miembros.