De Guindos anuncia un proceso de arbitraje para los clientes que tengan preferentes de Bankia
- En los casos "más flagrantes" en los que pueda haber habido "mala praxis"
- De Guindos: un asesor privado filtrará qué casos irán al arbitraje
- El PSOE cuestiona que no sea la CNMV la que realice esta cuestión
- La Izquierda Plural pide que los particulares recuperen la inversión íntegra
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado este martes que el Gobierno pondrá en marcha un "arbitraje" para los tenedores de preferentes y deuda subordinada de BFA-Bankia. El procecidimiento se aplicará solo a aquellos casos "más flagrantes" en los que pueda haber habido "mala praxis" en la comercialización o "circunstancias personales en las que el consumidor no estaba en condición de entender el producto".
Así lo ha asegurado De Guindos durante su intervención en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados para explicar la evolución del rescate de la banca. "Es nuestra intención articular un procedimiento de arbitraje para tenedores de híbridos de Bankia que seguirá criterios de selección y procedimientos similares a los que se han aplicado los casos de NovacaixaGalicia Banco y Catalunya Banc", ha especificado.
Según ha destacado De Guindos, este procedimiento es más rápido y barato que acudir a los tribunales, "opera a través de la colaboración de las entidades de consumo autonómicas que resuelven la propuesta final" de arbitraje.
"Previamente, un asesor privado filtra en cada entidad los supuestos que, conforme a los criterios anteriores, evidencian una clara mala praxis en la comercialización", ha señalado De Guindos, que ha calculado que los tenedores de estos productos "van a recuperar un 60% de su inversión de media", más de lo inicialmente previsto.
Además, el ministro se ha mostrado "absolutamente abierto" para que "todos los que se vieron engañados, estafados, por una comercialización no adecuada de las preferentes y lo puedan demostrar se les compense el cien por cien del valor nominal de su emisión".
La oposición critica la solución a las preferentes
El portavoz socialista en la Comisión de Economía del Congreso, Valeriano Gómez, ha destacado que aquellos que posean preferentes u otros productos híbridos tendrán que asumir unas pérdidas de entre el 40% y el 50% y ha criticado que en el proceso de arbitraje anunciado vayan a participar asesores privados "y no la CNMV".
"Ha dicho usted que un asesor privado filtrará las situaciones en las que se produce una poca adecuada comercialización, por no hablar abiertamente de comercialización que roza el delito, que roza la estafa. Y lo que le pregunto es por qué un asesor privado y no la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como reiteradamente le venimos diciendo desde el Grupo Socialista", ha señalado Gómez.
Desde CiU, Josep Sánchez Llibre ha considerado positiva la medida anunciada por el ministro, pero también ha pedido acompañarla de un "gran despliegue de publicidad institucional".
Por su parte, el portavoz de La Izquierda Plural, Joan Coscubiela, ha rechazado la solución del ministro para las preferentes y ha apostado por la recuperación íntegra de la inversión para los particulares. "La crisis está siendo utilizada para construir el mayor oligopolio financiero de la historia. Si hasta ahora nos han hecho lo que nos han hecho, no quiero pensar qué puede pasar a partir de ahora. Y ustedes no están haciendo nada para controlarlo", ha asegurado el diputado.
En la misma línea, el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo ha pedido que a las personas "estafadas" no se les trate como a acreedores normales "o incluso peor que a algunos acreedores internacionales", recoge Efe.
Falta de crédito
La oposición al completo ha denunciado la falta de crédito que sigue existiendo en la mayoría de las entidades financieras. Gómez, ha llamado la atención sobre el hecho de que desde 2008 el crédito a actividades inmobiliarias se ha mantenido constante en torno a 655.000 millones de euros, una situación que en su opinión continúa restando financiación a otras actividades productivas.
Sánchez Llibre ha señalado que confiar en que la liquidez llegue con la reestructuración del sistema financiero es insuficiente y ha recordado que Francia ha creado una banca pública para financiar exclusivamente a las pymes, al tiempo que ha reclamado al Ejecutivo medidas imaginativas.
A esto, el ministro ha afirmado que España ha sufrido un "empacho de crédito" y ha opinado que la economía española debe reducir la financiación de promotores e inmobiliarias y aumentarla para el resto de sectores.
Evolución del rescate de la banca
El ministro ha comparecido para explicar los últimos pasos del proceso de reestructuración del sector bancario y del rescate europeo. De Guindos ha vuelto a insistir en que los planes de reestructuración de las entidades del Grupo 2 costarán entre 1.500 y 2.000 millones de euros (BMN, Liberbank, Caja 3 y Ceiss).
Frente esto, el Grupo 3 quedará vacío, ya que todas las entidades incluidas inicialmente en este apartado han conseguido cubrir sus necesidades de capital de manera independiente. En particular, De Guindos ha destacado el caso de Banco Popular, que en las últimas semanas ha llevado a caso una "exitosa ampliación de capital" que ha cubierto el 80% de sus necesidades, recoge Europa Press.
De Guindos ha desgranado las valoraciones negativas de Catalunya Banc y Novagalicia Banco. La valoración de Bankia se conocerá a finales de semana. "Por eso, sus accionistas tendrán que cubrir la totalidad de las pérdidas y, desde ahí, hacer una ampliación de capital con fondos del MEDE. Esta semana quedarán aprobadas las ampliaciones de capital con cargo a los fondos del rescate en Novagalicia Banco y en Catalunya Bank", ha añadido.
Además, existe el compromiso de "enajenar los tres bancos antes de cinco años, cuando concluye el periodo de reestructuración", aunque "se garantiza que tanto Bankia como Novagalicia Banco tengan rentabilidad positiva desde el año próximo", según el ministro.
Sobre el 'banco malo', que ha completado su capital inicial este martes, De Guindos ha señalado que rondará los 55.000 millones de euros, que será el volumen de activos que recibirá de las entidades nacionalizadas y de las que necesitan ayudas públicas.