El Gobierno plantea limitar el sueldo de los alcaldes a 100.000 euros, sin complementos

• Por debajo de esa cuantía el sueldo se reducirá en función de la población
• Barcelona paga a su alcalde 110.000 euros,  Madrid 95.000, Zaragoza, 91.000

El Gobierno trabaja en la posibilidad de limitar los ingresos de  los alcaldes a un solo sueldo, sin los complementos que  disfrutan actualmente en función de las sociedades o entidades en las que  participan. La propuesta elevaría a un máximo de 100.000 euros el sueldo que puedan cobrar  los regidores de las ciudades más grandes.

Se  mantendría así, según fuentes consultadas a las que cita Europa Press, la intención inicial del Gobierno de limitar el sueldo  de los alcaldes al de un secretario de Estado, que puede  rondar esos 100.000 euros ya que al fijo anual que reciben, señalado  en los Presupuestos del Estado en casi 70.000 euros, se suman los  complementos de productividad, que son variables.

Por debajo de esa cuantía, los salarios de los regidores se reducirán  según una escala que se regirá por el único criterio de la población  de sus municipios, hasta el límite mínimo de 30.000 euros brutos para  los alcaldes de pueblos de 5.000 vecinos. La propuesta baraja también  que los municipios más pequeños, que podrían ser los de población  inferior a los 1.500 habitantes, no tengan un sueldo fijo.

Sin variaciones en las grandes ciudades

Si la ley finalmente fija estas cantidades, no supondrá gran  variación para los alcaldes con nómina municipal más alta, los de las  grandes ciudades, cuyas retribuciones se aproximan a esos 100.000  euros de tope previstos, aunque tendrán prohibida cualquier otra  percepción económica.

El principal afectado será el alcalde de Barcelona, Xabier Trías,  el de mayor sueldo de todos: 110.000 euros de base anuales; la  alcaldesa de Madrid, Ana Botella, percibe casi 95.000, mientras que  la de Valencia, Rita Barberá, ingresa actualmente 87.000 euros  anuales; el de Bilbao, Iñaki Azkuna, es el segundo alcalde con mayor  sueldo, casi 96.400 euros anuales. También supera los 90.000 euros el  salario anual del alcalde Zaragoza, Juan Alberto Belloch (91.812  euros).

Mientras, el sevillano José Ignacio Zoido es caso aparte porque cobra como  diputado del Parlamento andaluz, renunció a su sueldo como alcalde, y  percibe unos 43.580 euros al año. Zoido completa esta retribución con  la que recibe como presidente del PP andaluz.

Sin acuerdo del PSOE

Se trata de la penúltima revisión de la reforma de la administración local  que prepara el Ejecutivo y que tiene previsto aprobar en Consejo de  Ministros el próximo viernes. La iniciativa es objeto  de negociación desde hace meses entre Administraciones Públicas, las administraciones  autonómicas y locales, el PSOE y la Federación Española de Municipios  y Provincias (FEMP), sin que se haya logrado cerrar un acuerdo.

La secretaría de Estado que dirige Antonio Beteta tiene  prácticamente cerrado un texto desde diciembre; según la última  versión al que cita Europa Press, quedan abiertas pocas  cuestiones, pero importantes: el régimen retributivo, el número de  concejales que debe tener cada municipio, cómo equilibrar la función  interventora y cómo reconocer el carácter institucional de la FEMP.

Fuentes socialistas a las que cita Europa Press, aseguran sin embargo, que el  desacuerdo con el texto que prepara el Gobierno es completo y que no  están conformes tampoco con el régimen retributivo, por lo que han  decidido no continuar las negociaciones bilaterales con Ejecutivo y  PP. Estas se mantienen entre el Gobierno y la FEMP, donde están  representados todos los partidos.

El presidente de esta organización, el 'popular' Iñigo de la  Serna, asegura sin embargo que cabrán acuerdos sobre la reforma,  aunque serán "parciales", y que se podrá avanzar en nuevos consensos  una vez que la ley llegue al Congreso. Los portavoces y la junta de  gobierno de la FEMP se reúnen mañana, encuentros en los que se podría  aclarar el estado de las cosas.

Algunos ayuntamientos pueden desaparecer

La reforma que prepara el Ejecutivo modifica la ley de gobierno  local y la de haciendas locales; esta última, sólo para reforzar el  control interno de las entidades, no en lo relativo a la  financiación. Según el ministro Cristóbal Montoro, la reforma de ésta  se producirá cuando se aborde la de la financiación autonómica, lo  que podría ocurrir en 2014.

Además, la norma supondrá la futura reforma de la Ley Electoral  para reducir el número de concejales. La propuesta del Gobierno es  eliminar entre 10.000 y 15.000 concejales de los 68.500 ediles con  los que actualmente cuentan los 8.100 municipios que hay en toda  España.

Entre las novedades, la nueva ley vincula constantemente la  actividad de las entidades locales al cumplimiento de la ley de  estabilidad presupuestaria. Los municipios y organismos deberán estar  saneados y cumplir unos requisitos de calidad en la prestación de los  servicios mínimos para existir y si esto no se produce "se deberá  proceder a su disolución", se dice en el último borrador.

Esta es la forma por la que podrían desaparecer los ayuntamientos  de pueblos menores de 20.000 habitantes, cuyas competencias pasarían  a la diputación correspondiente. Estas instituciones salen claramente  reforzadas. Además, se prevé que no se puedan crear nuevas sociedades  ni organismos paralelos y que desaparezcan las mancomunidades que no  cumplan tampoco determinados estándares de calidad, pendientes de  fijación.

Nueva lista de competencias

Entre otros detalles, la reforma supondrá la vuelta de los  interventores a la familia de funcionarios con habilitación estatal,  es decir, que los alcaldes no podrán nombrarlos ni destituirlos  porque no dependerán de ellos.

Además, se crea una nueva lista de competencias municipales,  agrupadas en dos categorías: propias y delegadas. Las primeras suman  16 apartados, desde el urbanismo y el medio ambiente o el agua, al  tráfico, la promoción de la cultura o la policía local. Pierden  cualquier competencia en materia de salud y en cuanto a educación,  podrán participa en la creación de centros públicos y en el  cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

Las competencias delegadas son las que podrán ceder el Estado o  las autonomías, pero esa delegación "deberá ir acompañada de una  memoria económica" que la justifique y del correspondiente pago de  los recursos necesarios. "Habrá de ir acompañada necesariamente de la  correspondiente financiación", se dice en el texto.

Esta lista la forman 17 asuntos, desde la gestión de la vivienda a  la prestación de servicios sociales y mantenimiento de centros  asistenciales, creación, mantenimiento y gestión de escuelas  infantiles, actividades complementarias en los centros docentes,  gestión turística, promoción del empleo o liquidación y recaudación  de tributos autonómicos o estatales.