Los tribunales superiores de siete autonomías piden refuerzos para los casos de corrupción

• El presidente del CGPJ había solicitado informes ante la "alarma social"
• Gonzalo Moliner se ha comprometido a hablar con Justicia e Interior

Los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de siete comunidades autónomas han solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un refuerzo para los juzgados que investigan casos de corrupción con el fin agilizar los procedimientos en marcha. La presidencia del CGPJ ha dado traslado de los informes a los respectivos vocales territoriales para que amplíen la información "en lo ateniente a las meidas de refuerzo que pudieran servir para agilizar los procesos".

Las comunidades autónomas que ha reclamado colaboración son Baleares, Canarias, Castilla La-Mancha, Castilla y León, Cantabria, País Vasco y Murcia, además de la Audiencia Nacional, que ha pedido una unidad permanente de peritos para este organismo, informa el CGPJ en un comunicado.

En cambio, no han solicitado, por el momento, ninguna medida de apoyo los tribunales superiores de Justicia de Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Navarra.

La solicitud de refuerzos por las comunidades se suma a la queja de los jueces decanos de toda España y a la petición del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce quien ha solicitado más fiscales anticorrupción, ante el aumento de casos en los tribunales.

Necesidades de los juzgados

Ante el pleno del Consejo, el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, ha dado cuenta de la información recibida de los tribunales autonómicos sobre este asunto, en atención a la petición que hizo hace un mes el órgano de gobierno de los jueces y magistrados.

En concreto, Baleares ha solicitado en su informe el mantenimiento de las medidas de refuerzo en esta región: tres magistrados en las secciones penales de la Audiencia Provincial y uno en el Juzgado de Instrucción número 3, ambos en Palma de Mallorca.

En el caso de Canarias, el presidente del Tribunal Superior de Justicia autonómico ha pedido un juez de refuerzo para el Juzgado de Primera Instancia 5 de Arrecife de Lanzarote y otro para el Juzgado de Instrucción 1 de San Cristóbal de La Laguna, mientras que Cantabria requiere, en el informe remitido al CGPJ, de más medios para el Juzgado de Medio Cudeyo.

Castilla-La Mancha alerta de la falta de funcionarios en diversos juzgados de la región, y Castilla y León insta a reforzar la plantilla de funcionarios del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Ávila.

También solicita un juez de refuerzo la región de Murcia para el Juzgado de Instrucción 1 de San Javier, una medida que ya está contemplada en el seno del CGPJ y que se adoptará en breve. Por último, el País Vasco llama la atención en su informe sobre la necesidad de refuerzo y de apoyo administrativo para el Juzgado de instrucción 4 de Vitoria.

Estas necesidades han sido planteadas a petición de Moliner, que el pasado 6 de febrero pidió a los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos que remitieran una completa información sobre procesos relacionados con la corrupción política y económica que se tramitan en órganos judiciales.

Colaboración de las administraciones con la Justicia

El presidente del CGPJ solicitó los informes ante "la gravedad y alarma social" que estaban alcanzando las noticias sobre corrupción política y a la vista de algunas manifestaciones que denunciaban la falta de medios en los órganos judiciales para la investigación de estas causas.

El objetivo es determinar la afectación que los casos de corrupción tienen sobre el funcionamiento de la Justicia, para saber si se colapsa, y aportar soluciones necesarias o medidas de refuerzo para agilizar los procedimientos.

Tras la exposición de los informes, Moliner ha instado a los vocales autonómicos para que completen, en su caso, la información aportada por los presidentes, en relación a las medidas de refuerzo solicitadas.

Además, varios de los vocales del CGPJ, entre ellos la designada a propuesta del PSOE, Margarita Robles, han propuesto incluir en el debate sobre la situación de los juzgados una petición expresa para que el Consejo se dirija a las administraciones encargadas de realizar informes periciales en casos de corrupción, como es el caso de la Agencia Tributira, para que se reduzcan los plazos que emplean para elaborarlos. Según estos consejeros también debería solicitarse al Ministerio de Justicia que abone en tiempo y forma a los peritos.

Una vez hecho el diagnóstico, el presidente del CGPJ se ha comprometido a hablar de ello con los ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, "para abordar los problemas que tienen los juzgados autonómicos y facilitarles los medios materiales y personales con absoluta eficacia".