El fiscal pide al Supremo que juzgue a Blanco por tráfico de influencias y prevaricación

• La Fiscalía pide al juez que pida permiso al Congreso al ser aforado
• Se investiga si medió para la construcción de una nave cerca del Prat
• Blanco anuncia que dimitirá si el juez decide abrir juicio oral contre él

La Fiscalía ha pedido este martes al juez instructor del caso Campeón en el Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, que tramite ante el Congreso el suplicatorio, es decir, el permiso necesario para poder "imputar formalmente" al exministro y diputado socialista José Blanco y juzgarle por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Este paso es necesario para juzgar a un parlamentario por su condición de aforado.

Blanco ha explicado tras conocer el nuevo escrito del fiscal que pedirá al Congreso que conceda su suplicatorio si el juez lo solicita finalmente y ha anunciado que dimitirá si tiene que sentarse en el banquillo cuando termine la fase de instrucción del caso Campeón.

En el escrito de 28 folios, presentado a primera hora de la mañana en el Supremo, el fiscal del caso, Manuel Dolz, solicita la tramitación del suplicatorio al observar indicios de que el exministro hubiera podido incurrir en delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

La investigación a Blanco se ha centrado en saber si medió en la concesión de autorizaciones para instalar una nave industrial de Transportes Azkar, propiedad del empresario gallego José Antonio Orozco, amigo del exministro, en unos terrenos próximos al aeropuerto del Prat, en Sant Boi.

Además, se ha investigado si Orozco, a cambio de esos favores, hizo aportaciones económicas a Blanco para la compra y las obras de reforma del chalé que adquirió el exministro en la localidad madrileña de Las Rozas.

La investigación a Blanco en el Supremo partió de las declaraciones prestadas en el Juzgado de Lugo -donde se instruye la causa principal por la Operación Campeón- por el principal imputado en este caso, el empresario Jorge Dorribo. Blanco ha reiterado este martes que son "total y rotundamente falsas".

El fiscal obvia el asunto de la gasolinera

Dorribo aseguró que instantes antes de verse con el exministro en una gasolinera de Guitiriz (Lugo), entregó a un primo político de Blanco, Manuel Bran, un sobre con 200.000 euros en billetes de 500 y que supone que este dio luego el dinero al entonces titular de Fomento.

Sin embargo, el fiscal obvia este asunto al pedir el suplicatorio y se centra en la supuesta mediación de Blanco en la concesión de autorizaciones para instalar la nave de Azkar en Sant Boi.

El fiscal recuerda que el propio Blanco, en su declaración voluntaria como imputado el 26 de enero de 2012, reconoció que la amistad entre él y el empresario Orozco procede de la infancia, ya que ambos son naturales de la localidad de Palas del Rei (Lugo) y esa relación se incrementó hace 15 años, por lo que son frecuentes sus contactos personales y el empresario le ha hecho partícipe de proyectos empresariales propios y ajenos.

"En este marco", indica Dolz, el 15 de diciembre de 2010 Orozco pidió a Blanco que influyera ante el alcalde de Sant Boi, Jaume Bosch, del PSC, para conseguir una licencia ambiental favorable a la instalación de la citada nave, que "estaba siendo objeto de requerimientos municipales impeditivos", cuyo cumplimiento le habrían supuesto un coste de entre 175.000 y 500.000 euros.

El fiscal detalla la "influencia" de Blanco para la nave del Prat

"La influencia del Sr. Blanco para la obtención de la licencia ambiental favorable para la empresa del Sr. Orozco se articuló a través del secretario de Transportes del Ministerio de Fomento, D.Isaías Taboas", miembro del PSC, quien "por encargo" del exministro habló con el alcalde de Sant Boi "para que se removieran los obstáculos que impedían la concesión de dicha licencia".

Gracias a estas mediaciones, Orozco se reunió el 9 de febrero de 2011 con el alcalde en el Ayuntamiento y para que pudiera obtener la licencia "se le rellenó un impreso" en el que "se cambió la nomenclatura formal de la actividad" para evitar los citados costes económicos y se excluyó de la licencia "la autorización del parking".

Ese mismo día, Orozco llamó a Blanco "para que actuara en su propio ministerio con objeto de que se dictara por parte de AENA y Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) las resoluciones favorables" para obtener la licencia de obra mayor que había solicitado al Ayuntamiento de Sant Boi.

Al día siguiente, el Ayuntamiento solicita un nuevo informe al técnico municipal Josep Ruiz y este informa favorablemente para la concesión de la correspondiente licencia ambiental.

"Siempre es bueno tener un amigo en el Gobierno de tu país"

Ese mismo 10 de febrero, Orozco habla por teléfono "con persona desconocida" y le comenta que ayer estuvo con el alcalde de Sant Boi, resaltando que le han dado todo tipo de facilidades para después añadir: "Siempre es bueno tener un amigo en el Gobierno de tu país".

En esa misma conversación, Orozco dice pertenecer a la "liga oculta" de Blanco y le explica que procura quedar con él "en ningún sitio notorio donde se nos pueda ver", "quedamos en lugares de poco tránsito" y "él me va arreglando las cosas", destaca el escrito.

En cuanto a la licencia de obra mayor, Dolz relata que una vez solventado el problema de la licencia ambiental, el jefe de Gabinete del exministro, Javier Hurtado "actuó en los expedientes administrativos" de AESA y AENA, "para que se emitiera resolución favorable" a la empresa de Orozco.

Esta licencia se pidió formalmente el 19 de mayo de 2010 y el 17 de febrero de 2011, tras mandar el día anterior un correo electrónico a Blanco tratando este tema, el exministro habla con Orozco y le indica que "en quince días lo de Cataluña está resuelto".

El informe favorable de AENA se emite el 28 de febrero de 2011 y el 10 de marzo Orozco le agradece en un SMS a Blanco su actuación.

Aunque el escrito del fiscal no lo refleja, en esta misma causa se está investigando si Orozco, a cambio de esos favores, hizo aportaciones económicas a Blanco para la compra y las obras de reforma del chalé que adquirió el exministro en la localidad madrileña de Las Rozas.

Antes de dar por cerrada la causa el juez accedió a las peticiones de la UDEF de investigar en mayor profundidad la compra y las obras de reforma del chalé de Blanco en Las Rozas.

En relación a esta última investigación, la defensa del ex ministro ha solicitado la anulación de la providencia por la que el magistrado José Ramón Soriano dio el visto bueno a la investigación policial de las cuentas del mandatario socialista y de su esposa Isabel Mourenza entre 2006 y 2011, en relación con un desfase en el proceso de compra de su chalé.

Sobre los gastos en seguridad, la defensa indicaba que tuvieron un coste de 101.395 euros que pagó el PSOE, gasto que fue "contabilizado y declarado ante Hacienda, tanto por el partido como por la empresa constructora", mientras que "la parte de las obras que no se correspondían estrictamente con la protección del edificio" fueron abonadas por el exministro y su esposa y costaron 68.440 euros.

Este pago se hizo en dos veces, la primera, por valor de 30.000 euros, "se realizó mediante transferencia" y la segunda, de 38.440 euros, "se realizó en metálico, empleando para ello dinero donado por sus padres", pagos ambos "reconocidos y declarados".