La Generalitat no ejecutará la resolución sobre el castellano y la recurre al Supremo

• "La voluntad de un padre no puede incidir sobre el programa", dice el Govern
• El TSJC obliga al bilingüismo en toda la clase del alumno que lo haya pedido
• El PPC y Ciutadans instan a la Generalitat a acatar la sentencia
• En cambio, ERC, PSC, Iniciativa y la CUP aplauden que no se ejecute

La Generalitat no aplicará la sentencia del TSJC que obliga a impartir clases en castellano al alumno que lo solicite

La Generalitat ha anunciado que recurrirá y no ejecutará la resolución del Tribunal Superior de  Justicia de Cataluña (TSJC) que establece que debe introducirse el  castellano en las aulas donde esté escolarizado un alumno cuyos  padres hayan solicitado por vía judicial la atención en castellano.

"La lengua de una aula no puede cambiar porque un solo alumno lo  pida. La voluntad de un padre no puede incidir sobre el programa y el  proyecto solicitado por el resto de familias" de un grupo clase, ha  señalado en rueda de prensa desde el Parlament la consejera de  Enseñanza, la convergente Irene Rigau, que ha anunciado que el  ejecuitivo catalán recurrirá esta resolución ante el Tribunal Supremo  (TS).

La consejera ha señalado que el gobierno catalán defiende la  atención individualizada en castellano de los "casos particulares",  pero ha afirmado que no pueden obligar unos episodios en concreto a  cambiar el sistema en su totalidad, y ha defendido el éxito de la  inmersión lingüística y el consenso social y político que la avala.

Los partidos políticos con representación en el Parlament se han mostrado divididos ante la decisión de Generalitat de no acatar la sentencia. Por un lado, PPC y Ciutadans señalan que la Generalitat tiene la obligación de adoptar las medidas cautelares, y por otro lado, ERC, Iniciativa, el PSC y las CUP aplauden que no se ejecute la sentencia.

PPC y Ciutadans instan a acatar las medidas

El Partido Popular de Cataluña (PPC) y Ciutadans (C's) han instado a la Generalitat a acatar las medidas cautelares que establecen los autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ordenan impartir las clases también en castellano si un alumno lo pide.

"El Govern está en su derecho de recurrir al Tribunal Supremo pero también tiene la obligación de adoptar las medidas cautelares y si no lo hace es insumisión a los tribunales", ha advertido la diputada del PPC María José García-Cuevas en una conferencia de prensa en el Parlament.

La diputada popular se ha preguntado cuántas sentencias más necesita la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, para implantar en Cataluña "un modelo de educación de conjunción lingüística que implica que catalán y castellano sean lenguas vehiculares" y que es el sistema, ha dicho, que defiende el PPC.

Por su parte, el portavoz de C's, Jordi Cañas, ha celebrado la decisión de TSJC porque, ha dicho, en Cataluña se tiene que poder estudiar el castellano con "absoluta normalidad". "Los derechos son de todos los ciudadanos, no de CiU o de la consellera (Irene) Rigau -consellera de Educación-", ha agregado Cañas.

ERC, PSC, Iniciativa y la CUP aplauden que no se ejecute la sentencia

ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP han aplaudido la decisión del gobierno catalán de no aplicar los nuevos autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y han criticado la "judicialización" y "politización" de la educación.

La portavoz parlamentaria de ERC, Marta Rovira, ha apelado a combatir que "los tribunales determinen cómo se deben educar los niños" y pretendan cambiar un sistema vigente desde hace tres décadas y avalado por el Parlament.

Rovira ha avisado del peligro de que se "judicialice la escolarización", ya que generaría una "gran indefensión" en las familias que preinscriben sus hijos en un centro con un modelo lingüístico que luego podría ser modificado por una demanda individual.

Por parte del PSC, la diputada Rocío Martínez-Sampere, ha mostrado su apoyo a las acciones legales que adopte el gobierno catalán para defender un modelo lingüístico de "éxito", ante los intentos de diversos sectores de "politizar" la educación pública catalana.

Desde ICV-EUiA, su portavoz parlamentaria de ICV-EUiA, Dolors Camats, ha alertado de que hay una "intención real" de algunos grupos políticos y movimientos de "dividir" y de "construir un conflicto lingüístico" que no existe para obtener un rédito político.

La diputada ecosocialista, que ha destacado el "éxito" educativo pero también "social" del sistema educativo catalán, ha hecho así un llamamiento para "blindar" el modelo lingüístico y el catalán como lengua vehicular, y ha dicho no entender una sentencia judicial que por preservar un derecho individual se ve afectado el resto de los alumnos.

Por su parte, el diputado de la CUP Quim Arrufat ha expresado su preocupación ante el hecho de que desde los tribunales se imponga una ruptura del "consenso amplio" entorno al modelo educativo catalán, y ha llamado a la desobediencia civil.