Oriol Pujol justifica en el interés público sus gestiones para reorganizar el mapa de las ITV
- Oriol Pujol está imputado por tráfico de influencias en el caso de las ITV
- Asegura que la inseguridad jurídica exigía una remodelación del sistema
- Niega relación con las empresas que benefició y dice que ignoraba sus alias
- Justifica que actuó en reconversiones industriales por el interés de CIU
En una maratoniana comparecencia que se ha prolongado más de diez horas, el diputado de CIU Oriol Pujol se ha escudado en que velaba por el interés público “del país” a la hora de realizar las gestiones en la trama de corrupción de las estaciones de ITV.
El imputado alega que desde su función trató de dar más seguridad jurídica al sector para adecuarlo a la directiva liberalizadora impulsada desde la Unión Europea (UE). La comparecencia ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Enric Anglada se produce un mes después de delegar sus funciones como secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) sin renunciar al acta de diputado.
El hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol está imputado por un delito de tráfico de influencias al haber usado su peso político para beneficiar a una trama de empresarios y cargos públicos afines en el mapa de adjudicaciones de estaciones de ITV en Cataluña.
"Estoy contento y es bueno que haya podido explicar con detalle todo lo que se me ha requerido. […] Hasta ahora la versión siempre iba en un sentido que me señalaba. Me satisface que hoy me haya podido explicar y que haya podido empezar a invertir el relato del último año, que se ha ido articulando desde los medios y desde la instrucción", ha destacado el diputado de CiU a su salida.
Niega cualquier relación con una de las empresas
El dirigente convergente ha negado, a preguntas de su abogado, cualquier relación con la sociedad Upprime, una de las empresas que presuntamente iba a resultar favorecida en el reparto las ITV y en la que el juez cree, en base a una conversación intervenida, que Oriol Pujol iba a participar económicamente.
La declaración se ha extendido durante más de diez horas al reproducirse una decena de conversaciones intervenidas que Oriol Pujol mantuvo con algunos de los imputados en la causa, entre ellos su amigo y empresario Sergi Alsina y el exnúmero dos de la Diputación de Barcelona Josep Tous, nombrado mediador de la administración con los operadores de estaciones de ITV.
Pujol ha justificado sus contactos con Tous en su necesidad de hablar con el mediador nombrado por la Generalitat y al mismo tiempo responsable de la sectorial de Industria de su partido. El político ha asegurado que desconocía la remuneración que Tous recibía de la trama de empresarios imputados y que se desprende de varias conversaciones presentes en el sumario.
Además, Pujol, ha mostrado su descontento por los alias "Zumosol", "alto mando", "oráculo" o "gran jefe" con los que los imputados se referían a él y vuelve a justificar sus conversaciones, esta vez con Alsina, en que éste era representante de varios operadores de estaciones de ITV en Cataluña.
Intervención en operaciones de reconversión industrial
Por otro lado, el dirigente convergente ha argumentado que su intervención en las tres operaciones de reconversión industrial con las que la empresa que administraba Sergi Alsina se embolsó unos siete millones de euros se deben a que estos procesos eran de “máximo interés para su partido y para el gobierno catalán”.
Aunque la Agencia Tributaria mantiene una posición análoga, Oriol Pujol dice que con su actuación pretendía evitar deslocalizaciones y pérdida de empleos.
Al mismo tiempo, ha negado con rotundidad que su esposa se lucrara con esos procesos de reconversión industrialpese a que así lo mantiene la Agencia Tributaria en el mencionado informe.
"Son interpretaciones totalmente falsas y erróneas", ha afirmado a la prensa según Efe.
A preguntas de los periodistas, Pujol también ha justificado que hiciera gestiones como presidente del grupo de CiU en el Parlament, y no el gobierno catalán, porque cree legítimo que un partido pueda defender sus propuestas más allá del ejecutivo.