El juez pide las 10 últimas declaraciones de renta de la infanta y de Iñaki Urdangarin

• Acepta la solicitud formulada por el sindicato Manos Limpias
• Incorporará estas declaraciones a la investigación del caso Nóos
• Argumenta que aunque ha anulado citación puede seguir investigando
• Mientras, el PSPV pide al juez personarse como acusación particular

El juez de Nóos pide las 10 últimas declaraciones de renta de la infanta y de Urdangarin

El juez del caso Nóos, José Castro, ha solicitado a la Agencia Tributaria las diez últimas declaraciones de la renta de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, en un auto dictado este jueves en el que acepta esta solicitud formulada por el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular.

Castro asegura en el auto dictado que puede llevar a cabo las diligencias de investigación que considere oportunas, aunque haya cancelado la citación de la infanta Cristina para declarar el día 27 a la espera de que se resuelva el recurso del fiscal contra su imputación.

En la resolución, en la que el juez de Instrucción número 3 de Palma solicita a la Agencia Tributaria las diez últimas declaraciones de la renta de la infanta y de Iñaki Urdangarin, el magistrado justifica esta petición en que "nada impide" que lleve a cabo "las diligencias de investigación que se estimen oportunas", aunque por el momento se haya suspendido la declaración de la hija del rey.

Con este argumento acepta la solicitud a Hacienda de las declaraciones de la renta de los duques de Palma,  realizada por la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias, según el auto al que ha tenido acceso Efe.

Manos Limpias ha pedido las declaraciones de impuestos de la infanta y Urdangarin como una prueba más "del conocimiento de todas las actividades económicas efectuadas por ambos" y ha solicitado además que cuando esta documentación esté disponible, se remita a la Audiencia de Palma para que tenga más información al resolver el recurso de revocación de la imputación de la hija del rey que ha planteado la Fiscalía Anticorrupción.

El auto del juez desvela además que el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, imputado en esta causa,  también se ha adherido al recurso del fiscal Pedro Horrach.

En la misma resolución, el juez Castro eleva a la Audiencia Provincial un total de 36 documentos que están en la causa y que se mencionan en el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra el auto en el que el magistrado imputó a la infanta Cristina en el caso Nóos, en los escritos de adhesión de la Abogacía del Estado, la infanta Cristina y García Revenga, y en el de oposición de Manos Limpias.

Elevar esos documentos es un trámite previo al traslado del recurso de la Fiscalía a la Audiencia Provincial, que tendrá lugar en los próximos días, para que decida si debe ser imputada o no y citada para prestar declaración.

En el auto, el magistrado libra oficio a la Agencia Tributaria para  solicitar esta información que había pedido Manos Limpias como prueba para incorporarla a la investigación, han informado fuentes jurídicas.

Tanto en el recurso de la Fiscalía como en los escritos aparecen mencionados varios testimonios de imputados y otros documentos que están en el sumario, como informes de la defensa del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, y algunos correos electrónicos, que deberán ser remitidos a la Audiencia de Palma.

El PSPV pide personarse como acusación

En el auto, el juez da por recibida también la solicitud del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, el PSPV-PSOE, de personarse como acusación particular en esta causa, una petición sobre la que deberá decidir próximamente.

El grupo socialista ha registrado en la mañana de este jueves el escrito en el juzgado de Instrucción número 3, en el que pide personarse como acusación particular colectiva, y si no es aceptada esta solicitud, como acusación popular.

Los concejales del PSPV-PSOE se consideran "agraviados o perjudicados" por varios de los presuntos delitos contra las Administraciones Públicas que se investigan en esta causa y piden ser parte en la causa "como representantes de la soberanía popular y legalmente legitimados para controlar y participar en la gestión del Ayuntamiento de Valencia".

Señalan en su escrito que en esta causa se investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos mediante los convenios firmados durante tres años consecutivos entre esa institución y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) y la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA).