Un constructor admite que cobró al Palau casi un millón por hacer un auditorio en casa de Millet

• Declara que falsificó documentación por indicaciones de la mano derecha de Millet
• Dice que no dudó de la legalidad porque Millet era una persona honorable
• El constructor ya había estado anteriormente imputado en la misma causa

El administrador de las empresas GPO Ingeniería y Triobra S.A., el  imputado Emilio Vidal, ha reconocido este lunes ante el juez que  facturó al Palau de la Música 910.638 euros por construir al  expresidente de la institución Fèlix Millet un auditorio en su propia  mansión de l'Ametlla del Vallès en Barcelona, según informa Europa Press.

Al declarar durante una hora en el Juzgado de Instrucción 30 de  Barcelona, que investiga el desfalco del Palau, ha admitido que  falsificó el concepto por indicación de la mano derecha de Millet, el  también imputado Jordi Montull, pero que las cantidades cobradas eran  las correctas.

El constructor, al que se atribuye un presunto delito de falsedad  documental, ha alegado que no tuvo dudas sobre la legalidad de lo que hacía, al  tratarse Fèlix Millet de una persona honorable que había sido  galardonada por las administraciones y estaba a punto de recibir la  Medalla de Oro de la Ciudad de Barcelona, han añadido las mismas  fuentes.

Concretamente, las obras en la mansión del saqueador confeso consistieron en la construcción de un auditorio junto a la casa, una reproducción a menor escala del edificio del Palau de la Música, cuyo sótano alberga una piscina climatizada. Según han explicado fuentes judiciales, el auditorio construido  anexo a la mansión cuenta también con una piscina climatizada y un  gimnasio en la planta baja. 

La declaración del constructor se ha producido después de que la  Audiencia de Barcelona ordenase imputarle al considerar que "la  elaboración de las facturas falsas tuvo por finalidad que fuera la  Fundación del Palau de la Música y no el Sr.Millet, quien se hiciera  cargo del pago de las obras de ampliación particular".

"Colaborador necesario"

La Audiencia cree que Vidal pudo haber participado, "como autor o  como colaborador necesario", en los presuntos delitos de falsedad en  documento mercantil, apropiación indebida y malversación de caudales  públicos, y por eso admitió el recurso de la acusación particular que  ejerce la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de (FAVB)  para que Vidal declarase como imputado.

Y es que un informe de Hacienda relata que Triobra S.A., de común  acuerdo con Millet y Montull, facturaba estas obras de la mansión a  la Fundació Orfeó o al Consorci del Palau "señalando conceptos de  obras supuestamente realizadas en el Palau".

Por ejemplo, consta una carta de Montull a Vidal de 29 de marzo de  2007 en que le pide una factura a nombre de la Fundació seguido de  una hoja de cuentas titulada 'Resumen obras ampliación vivienda  Sr.Millet de l'Ametlla' y copia de una factura de 39.915 euros más  IVA, que, en cambio, tenía el concepto de 'Obras de restauración del  patio trasero del escenario'.

También hay otra carta, esta vez de Vidal a Montull, del 11 de  julio de 2008, sobre una ampliación de la casa, que fija un importe  de 43.919 euros y que se camufla con el concepto de 'Obras  complementarias no incluidas en los presupuestos de obra de  remodelación general del Palau'.

Son dos ejemplos de la documentación a partir de la cual los  peritos concluyen que Triobra S.A. facturó casi un millón "como coste  de la obra de ampliación de vivienda unifamiliar en l'Ametlla del  Sr.Millet, entre enero de 2006 y abril de 2009". 

Ya habia estado imputado antes

Vidal ya había estado imputado dentro de esta causa pero en  relación a otros hechos: la sospecha de que donaciones de la  constructora Ferrovial al Palau, supuestamente a cambio de concesión  de obra pública, pudieran haberse canalizado a través de la empresa  GPO Ingeniería, de la que era administrador.

Sin embargo, el juez que investiga el saqueo de la institución  musical, Josep Maria Pijuan, archivó la causa contra él tras un  informe que concluía que no podía establecerse relación entre el  acrónimo GPO que aparecía en la documentación intervenida y la  empresa GPO Ingeniería.