Imputan a la cúpula de la sanidad madrileña que privatizó los primeros hospitales

• La querella se presentó contra los exconsejeros Lamela y Güemes
• La presentó una asociación de profesionales por presuntas irregularidades
• El consejero de Sanidad defiende que la licitación se hizo "con arreglo a la ley"

El juez imputa a los responsables de la sanidad madrileña en 2003

Un juez de Madrid ha admitido a trámite la querella contra la privatización de los tres hospitales de Madrid que ya están externalizados, presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), y ha imputado a la cúpula de Sanidad del Gobierno regional del PP por prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos en relación al modelo que implantó en estos centros y que ahora quiere extender a otros seis hospitales.

El titular del Juzgado de instrucción número 4 de Madrid ha citado a declarar como imputados a los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes el próximo 1 de octubre de 2013.

La querella fue presentada por la Asociación de Facultativos  Especialistas de Madrid (AFEM) contra nueve personas por la privatización de los hospitales Infanta Elena de Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el Hospital de Torrejón de Ardoz. La asociación solicitaba como medida cautelar la "suspensión de la actividad de privatización de la gestión sanitaria", con la "paralización del proceso de adjudicación en curso", pero el juez dispone que "no ha lugar a la medida cautelar" solicitada.

Además de Lamela y Güemes, el juez ha imputado a la actual viceconsejera de  Asistencia Sanitaria  y directora del Servicio Madrileño de Salud  (SERMAS), Patricia Flores,  entonces directora general de Atención  Primaria, que declarará el 13 de septiembre, y al director general  de Hospitales, Antonio Burgueño, que lo hará el 18 de septiembre.

Están citados a declarar también, en calidad de imputados, el  representante de la Fundación  Jiménez Díaz, Juan Antonio Alvaro de la  Parra; el presidente o  consejero delegado de Grupo Ribera Salud; el  presidente o consejero de  Capio Sanidad; el presidente o consejero de  Unilabs; y el presidente o  consejero de Asisa.

Presuntas "irregularidades" del SERMAS

El texto del auto judicial menciona como motivaciones en la demanda del querellante las "irregularidades" del SERMAS en el concierto suscrito con la Ute-FJD (actual grupo Capio), en la "vinculación de excargos y cargos políticos" con empresas privadas concesionarias o partícipes.

La asociación profesional también fundamenta su querella en la "negligencia en el control del gasto público y la facturación intercentros", la "derivación del paciente a través del denominado Call Center" y la "vulneración de los derechos de los pacientes protegidos por la Ley 6/2009 de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid".

En relación a la segunda motivación de Afem, la "derivación del paciente", según la asociación, "estos hospitales de gestión privada tienden a rechazar los pacientes crónicos con necesidades complejas en vez de atenderles de forma integrada". El propósito de esa estrategia sería, señala, "reducir costes y mejorar la sostenibildad del sistema sanitario". En este caso se encontrarían por ejemplo los pacientes de VIH, cuyos gastos farmacéuticos "son muy elevados".

Menciona además el auto que "se atraen pacientes de otras áreas de protección, a través del denominado Call Center". Los pacientes que atraen, señala, proceden "fundamentalmente de hospitales públicos de gestión directa por el SERMAS", y son estos últimos los que pagan la prestación sanitaria, asegura. En cuanto a la elección del centro por el paciente, los querellantes señalan que en algunas ocasiones se han producido "coacciones o engaños".

Fernández-Lasquetty: "Es un acto puramente de trámite"

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha reaccionado ante el auto judicial defendiendo la licitación de los tres hospitales objeto de la querella y ha asegurado que se hizo "con arreglo a los principios de la ley".

Además, ha criticado la querella como una "maniobra política más del PSOE y de su sindicato Afem, que  no tiene mayor significado", y ha  indicado que lo que va a hacer el juez es "examinar las acusaciones  que hace PSOE y su sindicato afín", lo que "en modo alguno se refiere a  ningún tipo de decisión por parte del juez ni nada parecido". "Es un  acto puramente de trámite", ha apostillado.

Lasquetty ha dicho además que son "hospitales públicos que llevan años  atendiendo a miles de madrileños con un extraordinario nivel de  calidad y niveles de satisfacción de más del 95% y que en  el momento en que fueron licitados y sometidos a concurso se hizo con  arreglo absolutamente a los principios de la ley con toda la  transparencia y legitimidad".

La admisión a trámite de la querella se produce precisamente en la misma semana en que la Comunidad de Madrid ha confirmado los nombres de los tres grupos hospitalarios que optan a la privatización de otros seis hospitales. Uno de los grupos que se han presentado es Ribera Salud, cuyo consejero está imputado en la querella que este viernes ha sido aceptada.