El PSOE pide que la nueva administración no suponga "recortes democráticos"

• Los socialistas se muestran cautelosos y dicen que falta "la letra pequeña"
• IU denuncia que es una excusa para "recortar democracia"
• ERC habla de "golpe de Estado"contra las instituciones catalanas
• El Gobierno ha aprobado la reforma de las administraciones públicas

La oposición critica la reforma de las administraciones públicas

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, ha expresado que su partido comparte con el Gobierno el objetivo de una mayor eficiencia de la Administración, aunque ha trazado una "línea roja" en que las medidas no supongan "recortes democráticos" ni pérdida de empleo.

En una rueda de prensa convocada en Valladolid para analizar la presentación del Informe para la Reforma de las Administraciones Públicas, Rodríguez se ha referido con estas palabras a la posible supresión de organismos de control o de participación social a nivel autonómico, como los defensores del pueblo, los consejos de cuentas o el Consejo de la Juventud, entre otros.

En este punto, la dirigente socialista ha recordado que muchos de estos órganos forman parte de los estatutos de autonomía de las comunidades, por lo que ha alertado de la imposibilidad de "invadir" competencias autonómicas.

"No nos gusta que el planteamiento vaya por el recorte democrático, aunque tenemos la disposición de escuchar, de conocer", ha afirmado la portavoz socialista, convencida de que deben ser "muy prudentes" sobre lo presentado, ya que falta "la letra pequeña" y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, "siempre esconde más de lo que dice".

Soraya Rodríguez se ha quejado de que el Gobierno no haya explicado más detalles de la "ficha presupuestaria" que acompaña a cada una de las medidas y ha opinado que "no es un buen punto de partida que no se haya trabajado y consensuado con las comunidades autónomas".

La representante socialista ha recalcado que "la música" con la que acompañó la presentación el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "sonaba bien" y es compartida por el PSOE, en aras de una mayor eficiencia de la Administración, aunque ha añadido que lo que hace el Gobierno con este informe es plantear una "enmienda de totalidad" al discurso con el que acompañaba los recortes en educación, sanidad y servicios sociales.

"La Administración Pública en España no es 'elefantiásica', es normalita, no tenemos un enorme número de trabajadores públicos, ellos mismos reconocen que el 75 por ciento se dedican a prestar servicios directamente" -bomberos, sanitarios, maestros...-, ha subrayado Rodríguez, convencida de que "es un mito que se les ha caído a ellos".

IU denuncia que es una excusa para "recortar democracia"

Mientras, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, José Luis Centella, ha asegurado que con el plan de reforma "el Gobierno de Rajoy vuelve a utilizar la excusa de la reducción del gasto público para recortar la democracia".

Así, Centella ha advertido de que "dentro de la multitud de medidas puestas encima de la mesa por el Ejecutivo, entre las cuales ha seleccionado las más positivas, se esconden otras que aparecen entre la 'letra pequeña' como apoyar la vieja aspiración del PP de reducir la representatividad de los parlamentos autonómicos con la falsa coartada del ahorro".

Según el diputado de IU, Rajoy parece haber tomado "buena nota del batacazo que le auguran las encuestas en todos los ámbitos, desde el europeo al autonómico o municipal" y quiere aprovechar esta reforma de la Administración "para tratar de colar una batería de 'reformas electorales encubiertas' con la que mitigar su previsible hundimiento".

ERC habla de un "golpe de Estado"

Asimismo, el portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, ha afirmado que la reforma de las administraciones es un "golpe de Estado" contra las instituciones y el autogobierno catalán.

En un comunicado, el diputado republicano ha asegurado que para racionalizar el sector público lo primero que debería hacer el Ejecutivo es "cerrar ministerios sin competencias como el de cultura, sanidad y educación tal y como pide ERC desde 2009".

Bosch también ha pedido dejar de invertir en el ejército a los niveles actuales, y ha sentenciado que la única manera efectiva de acabar con las duplicidades en Cataluña es "prescindiendo del Estado español".

Canarias advierte de que "choca" con el Estatuto de Autonomía

Por otro lado, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo canario, Francisco Hernández Spínola, ha advertido de que el informe "choca" con el Estatuto de Autonomía de Canarias al plantear la supresión del Diputado del Común o la Audiencia de Cuentas.

Hernández Spínola ha señalado en un comunicado que las instituciones de autogobierno "deben mantenerse", aunque admite la posibilidad de revisar las normas y leyes que regulan estas instituciones.

"Veo viable reducir estructuras y composición, pero no suprimir estas instituciones a las que el Estatuto de Autonomía atribuye funciones muy concretas y relevantes", valoró Spínola, para quien la propuesta del Gobierno ha nacido con una defecto "sumamente grave".

CSI-F no aceptará más despidos

El sindicato de funcionarios CSI-F ha afirmado que los empleados públicos ya han cubierto "el cupo de despidos (más de 370.000 en el último año y medio)", por lo que ha advertido al Gobierno de que "no aceptará una nueva vuelta de tuerca" con su reforma de las administraciones públicas.

En una nota, CSI-F reacciona así al anuncio del Gobierno de que más de la mitad de los 37.700 millones de euros que el Estado prevé ahorrar hasta 2015 con la reforma de las administraciones provendrá de los menores gastos de personal.

El sindicato ha reclamado al Gobierno que convoque de manera "urgente" la Mesa general de las administraciones públicas para conocer "de primera mano" el informe sobre la reforma que prepara el Gobierno y para garantizar los derechos los empleados públicos.

Según explica, la fusión y extinción de organismos prevista por el Gobierno provocará el despido de personal eventual, mientras que tratará de reubicar al resto en otros destinos de las administraciones públicas.