Los proyectos de 'fracking' tendrán que incorporar una evaluación de impacto ambiental

Impacto ambiental en proyectos de fracking

Los proyectos que empleen la técnica de extracción de gas conocida como fracturación hidráulica horizontal o fracking, tendrán que someterse, por primera vez, a una evaluación de  impacto ambiental.

El proyecto de ley introduce la  obligación de tener en consideración en la evaluación ambiental el  cambio climático, para lo cual, deberán utilizarse las informaciones  y las técnicas disponibles en cada momento.

Asimismo, el Ejecutivo simplificará los procedimientos de evaluación  ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental, al  emplear un esquema similar para ambos (procedimiento ordinario y  simplificado) y homogeneizar su terminología.

El Gobierno considera "llamativas" las cifras de expedientes en  tramitación de evaluación ambiental pendientes de resolución. Se  calcula que existen aproximadamente unos 10.000 expedientes en  tramitación en toda España, cuya duración media en la Administración  General del Estado es de 3,4 años.

Según ha explicado Arias Cañete, de esos 10.000 expedientes sin  tramitar, 780 corresponden al Gobierno (1.119 expedientes  en enero del año pasado). Respecto al plazo máximo de tramitación, la  actual ley contemplaba una fecha límite de dos años y la reforma situará este  plazo en cuatro meses.

Evaluación ambiental unitaria en España

El ministro ha especificado que esta ley unifica la legislación de evaluación ambiental en todo el país y que  las Comunidades autónomas tendrán un año para adaptar su legislación o,  en caso de no tener, aplicar la norma estatal con carácter general. La Conferencia Sectorial de  Medio Ambiente será el foro para debatir la propuesta y las reformas  legislativas necesarias para esta adaptación.

En esta misma línea, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz  de Santamaría, ha resaltado que esta propuesta "incrementa la  seguridad jurídica" con una fijación "más clara y homogénea" de la  regulación. "Además, hay un intento de reducción de disparidad  legislativa que genera muchos problemas a usuarios y agentes  económicos por falta de claridad", ha apuntado.

El proyecto de ley establece un modelo básico de  evaluación  ambiental y un "ajuste de los tiempos de  tramitación" para lograr la homogeneización de la normativa  en esta  materia en todo el territorio nacional.

Por ello, se determinarán con mayor precisión los trámites de los  procedimientos administrativos y se ajustarán los tiempos de  tramitación, especialmente en la evaluación de impacto ambiental  ordinaria, cuyo plazo será de 4 meses, evitando "dilaciones de  difícil justificación desde el punto de vista ambiental".

Bancos de conservación de la naturaleza

Otra de las novedades de la ley es la creación de bancos de  conservación de la naturaleza. Se trata de un instrumento de carácter voluntario  que puede utilizarse para compensar o reparar la pérdida de  biodiversidad que se produce como consecuencia de la ejecución de los  proyectos con impactos ambientales o de la aparición de daños  medioambientales derivados de las actividades económicas susceptibles  de generar responsabilidad medioambiental.

"Es una figura más de 20 años éxito en EE. UU., Alemania, Canadá o Australia", ha apuntado Arias Cañete, quien ha subrayado que ya se está experimentando el modelo de bancos de conservación en Reino Unido, Suiza, Francia, Brasil o Sudáfrica.

Asimismo, el proyecto de ley trata de favorecer el uso de las  nuevas tecnologías en los procedimientos de evaluación ambiental, con  la obligación de que los órganos implicados publiquen en  sus páginas web algunos de los documentos que se generan a lo  largo de las tramitaciones.

Crítica a la reforma legislativa

Por su parte, la ONG ecologista SEO/BirdLife ha manifestado, en un comunicado que "no es el momento" de llevar a cabo esta reforma legislativa ya que, argumenta, la Unión Europea está trabajando en una nueva Directiva de Impacto Ambiental y poruqe el modelo propuesto en la nueva Ley "no se está utilizando en ningún Estado europeo".

Asimismo, critican que no ha existido una correcta participación pública porque el Gobierno no ha tenido en cuenta la opinión de comunidades autónomas, promotores, consultores, etc.

También creen que las nuevas medidas no resuelven los problemas actuales del procedimiento de impacto ambiental: "Es una ley reduccionista que busca principalmente acortar los plazos de los expedientes. Este recorte en los tiempos provocará que difícilmente se cumplan los plazos y que se mejore la calidad de los estudios de impacto ambiental. Todo ello repercutirá finalmente en el medio ambiente", sentencian.

Por último la ONG ha indicado que realizará un análisis exhaustivo de la nueva ley trasladándolo a los  diferentes partidos políticos para intentar conseguir su mejora antes de  su aprobación definitiva.