Las organizaciones sociales alertan sobre el peligro de "criminalizar" a las personas sin hogar

• Ordenanzas municipales en España y la UE sancionan la mendicidad "coactiva"
• Regular el espacio público "tiene un efecto desmesurado" sobre los sin techo
• Los Ayuntamientos españoles tratan de que no prevalezca la sanción legal
• Las ONG consideran más eficiente y barato reforzar los servicios sociales

El Tribunal Superior de Castilla y León anula la prohibición de mendigar en Valladolid

Este jueves, 17 de octubre, es el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, una celebración reconocida por la ONU con la que se intenta hacer visible la lucha de las personas contra este problema. Se celebran múltiples actos en España y en el mundo que recuerdan la "necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países", y entre ellos asoma en los últimos días una cuestión concreta, la de las normas que ordenan la convivencia en el espacio público pero que, a juicio de diversas ONG, "criminalizan" el hecho de ser pobre o no tener un hogar.

Hace diez días se conoció el borrador de ordenanza municipal de Madrid para la convivencia ciudadana, una compilación de normas para regular las conductas que puedan afectar al espacio público, y que abarca desde la prostitución hasta la mendicidad.

La ordenanza considera faltas pedir “en las entradas y salidas de centros educativos, de atención social, hospitales, establecimientos comerciales y empresariales", así como "el ofrecimiento de bienes o servicios a personas que se encuentren en el interior de vehículos", acciones punibles con hasta 750 euros de multa. También prevé sanciones de 750 euros por dormir en bancos y de 1.500 euros por limpiar los parabrisas de los coches.

La futura ordenanza de Madrid no se distingue en estos aspectos de las que ya existen en ciudades como Barcelona, Sevilla, Málaga, Granada y Valladolid. Remarca que "no se prohíbe la mendicidad sino las conductas molestas, coactivas o agresivas que tienen la apariencia de mendicidad y detrás de las cuales hay mafias o grupos organizados", que llegan a explotar a personas sin hogar, a menores y a discapacitados.

En la mayoría de los países de la Unión Europea -aunque hay alguna excepción, como Hungría-, la legislación tampoco sanciona específicamente a las personas sin hogar, pero en días como este 17 de octubre muchas organizaciones que trabajan con este problema señalan que regular el espacio público tiene un efecto desproporcionado sobre las personas que viven en la calle precisamente porque son las que están abocadas a vivir, comer, beber, pedir, vender o incluso orinar en la calle, los comportamientos que se penalizan.

Por eso, la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con las personas sin hogar, FEANTSA, lleva unida un año con Housing Rights Watch para promover en toda Europa la campaña ‘Poverty is not a crime’ (la pobreza no es un delito,) con la que demandan que no se penalice legalmente a las personas sin hogar y que las instituciones de la UE emprendan acciones al respecto.

“Las legislaciones dicen que sancionan acciones, que no sancionan a las personas”, analiza para RTVE.es Guillem Fernàndez, miembro de Housing Rights Watch, que ha trazado la perspectiva europea de las políticas penales de gestión de la pobreza. “Pero nuestra interpretación es que se crea un marco penal ambiguo que, dependiendo de la orientación política de cada lugar -sea ciudad, país, región- puede generar un futuro preocupante".

Y alerta: "Las ordenanzas no aparecen porque sí. Son tendencias que tienen que ver con las políticas de gestión de la criminalidad, y su aplicación refleja cómo se gestiona la pobreza a corto plazo y no cómo se solucionan sus causas”.

Para los municipios "no tienen vocación de sanción"

En Valladolid, la ordenanza que prohíbe cualquier actividad relacionada con la mendicidad en las zonas públicas se comenzó a aplicar en marzo de 2012. Al igual que fija el procedimiento de otras normativas municipales, es la Policía Local la encargada de sancionar a las personas que abordan a los viandantes y si persisten en su actitud pese a los avisos de los agentes.

En el primer año de vigencia de la ordenanza, se impusieron 50 multas por mendicidad en Valladolid, con un importe de 80 euros de media. En Barcelona, en 2012 se pusieron 2.090 denuncias por conductas que adoptaron formas de mendicidad.

Ante la paradoja de multar a personas que viven en la calle, muchas de ellas sin hogar y, por lo tanto, insolventes y sin domicilio fijo, los ayuntamientos de Barcelona y Madrid aseguran a RTVE.es que las sanciones previstas, que pueden alcanzar en estas ciudades los 120 euros o los 750, respectivamente, se dirigen únicamente a las formas de mendicidad “coactiva” o “agresiva”.

“Madrid: "No se pretende acentuar las medidas coercitivas, sino las de atención social"“

Las normas “no tienen vocación de sanción”, aclara Carlos Martínez Serrano, coordinador general de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, puesto que los agentes siempre informan antes de sancionar y tratan en primer lugar de contactar a las personas sin hogar con la red de servicios sociales y asistencia municipal.

Antes al contrario, subraya el coordinador del área en Madrid, “no se pretende acentuar la sanción y la medida coercitiva, sino las medidas de atención social, que pasan por medidas cautelares de apoyo social, de intervención, y dirigir a las personas en situación de pobreza a los servicios sociales”.

De forma análoga, la ordenanza de Barcelona, vigente desde 2006, contempla además que “en todos estos casos las sanciones pueden ser sustituidas por atención personalizada con los servicios sociales o con cursos e información sobre asistencia social”, explican fuentes del Ayuntamiento barcelonés a RTVE.es.

El peligro de "criminalizar la pobreza"

Organizaciones como FEANTSA y Housing Rights Watch alertan sobre los riesgos de abordar la pobreza desde la "criminalización", que a su juicio no se justifica aunque es cierto que existan mafias organizadas. La gente no está en la calle porque quiere, recuerdan, y al llevarlo al campo sancionador se "invisibiliza" la dimensión de la exclusión social.

“"Si el primero que llega a atender a una persona sin hogar es un policía, el margen de interpretación tenderá a ser ese"“

Desde su punto de vista, que el primero en atender a una persona sin hogar sea un agente de la autoridad no crea un marco positivo para el tratamiento del problema. “Se está dando una responsabilidad legal muy amplia a la persona que va a intervenir, a la policía, que aunque actúe con la mejor voluntad no tiene una formación en atención a la exclusión. Si el primero que llega a atender una denuncia de un vecino es un policía, el margen de interpretación va a tender a ser ese”, argumenta Guillem Fernàndez.

Eso es precisamente lo que tratan de evitar las ciudades españolas en sus ordenanzas, como explican en el caso de Madrid desde el área de Servicios Sociales. “El Ayuntamiento se impone a sí mismo la obligación en primer lugar de la asistencia social; con esta ordenanza vamos a poner en valor las ayudas sociales que ya se llevan a cabo”, afirma Martínez Serrano, que destaca los recursos con los que cuenta la capital de España en cuanto a centros abiertos, centros de acogida y el programa y red municipal de atención a personas sin hogar, que alcanza 1.478 plazas de acogida, algo más de 2.000 en invierno.

Reforzar los servicios sociales

Sin embargo, las organizaciones que atienden a las personas sin hogar alertan de que la atención y vigilancia del orden público puede cobrar demasiado protagonismo si no se garantizan unos servicios sociales eficientes, algo que está en riesgo en España y en otros países de la UE con la disminución del gasto impuesta a consecuencia de la crisis.

“Va a depender de los recursos sociales que se tengan en cada ciudad, si la vigilancia de la policía se hace con los servicios sociales o sin ellos. El debate de fondo es que creemos que la sanción no es un complemento a los servicios de acción social, y que lo que hay que hacer es reforzar estos servicios”, señala Guillem Fernàndez, al tiempo que señala que "es incongruente que estas políticas de sanción coincidan con un recorte en los servicios sociales".

“"Todas las políticas de criminalización son inadecuadas, inaplicables, ineficientes y caras"“

Y pone en cuestión la línea legislativa que observan en muchos países de Europa. “Todas las políticas de criminalización, que se están haciendo para demostrar seguridad y control ante las situaciones de pobreza y exclusión social, son inadecuadas, inaplicables, ineficientes y caras”, sentencia.

"Los estudios europeos demuestran que es más barato llevar a una persona a un piso y darle una asistencia social desde el primer momento que estar en el circuito calle-albergue-comisaría-cárcel-instituciones mentales…".

Como solución estas organizaciones proponen el concepto de "vivienda primero", Housing First, una iniciativa puesta en marcha ya en varias ciudades que propone romper este círculo vicioso con un parque de viviendas sociales para personas sin hogar.

Implicación nacional y europea

En opinión de las organizaciones que trabajan con las personas sin hogar, hay que romper además con la tendencia tradicional de trasladar a los municipios el problema de las personas sin hogar. "Hace falta una gestión más global de la exclusión social, interdepartamental, participativa, que tenga en cuenta a las mismas personas sin hogar y a las entidades sociales", sostiene Guillem Fernàndez.

“"Hace falta una gestión más global de la exclusión social, interdepartamental y participativa"“

Como muestra, ejemplos cercanos y recientes llevados a cabo con las personas sin hogar en El Prat-Llobregat, alrededor del aeropuerto barcelonés tras la construcción de la T2, que se abordó con una colaboración entre administraciones para que estas personas fueran atendidas de Barcelona.

De la misma forma, el proyecto HOPE in Station. Personas Sin Hogar en estaciones ferroviarias, que trata la integración de personas sin hogar en las estaciones de ferrocarril europeas, como la madrileña de Atocha, ha logrado una mejora en la atención social estas personas.

Entretanto, hace apenas un mes Rina Beers, presidenta de FEANTSA, demandaba en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas que la Comisión Europea reconozca que "las medidas que dan lugar a la criminalización de las personas sin hogar violan los derechos humanos, y en consecuencia, violan los principios sobre los que se funda la UE. La pobreza no es un delito, es un escándalo”.