La AN ordena detener al expresidente chino Jiang Zemin por genocidio en el Tíbet

• También ha dictado órdenes de arresto contra otros cuatro dirigentes 
• China ha expresado su "malestar" y pide a España que reconsidere su postura

Imagen de archivo del expresidente chino Jiang Zemin

La Audiencia Nacional ha dictado órdenes internacionales de detención contra el expresidente chino Jiang Zemin y otros cuatro exdirigentes de ese país, dentro de la causa en la que investiga la represión del régimen comunista de China sobre los habitantes de Tíbet.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal dicta en un auto las órdenes de arresto, que también afectan a Li Peng, primer ministro chino a finales de los años 80 del siglo pasado y principios de los 90; Qiao Shi, exjefe de la seguridad china y responsable de la policía armada popular; Chen Kuiyan, secretario del Partido Comunista en la región autónoma del Tíbet entre 1992 y 2001 y a Peng Pelyun, ministro de Planificación Familiar de China en los años 80.

Esta causa se abrió después de que el Comité de Apoyo al Tíbet y la Fundación Casa del Tíbet presentaran una querella dirigida contra siete dirigentes chinos, entre ellos el expresidente Hu Jintao, imputado desde el pasado de octubre, pero sobre quien la Audiencia Nacional no ha dictado este miércoles orden de detención. La Audiencia Nacional investiga este asunto porque el tercer querellante  es el lama Thubten Wangchen, que tiene la nacionalidad española.

Con estas órdenes internacionales de búsqueda y captura, la sección cuarta -compuesta por los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel- revoca la decisión del juez de instrucción Ismael Moreno, que el pasado mayo acordó que no procedía la detención de estas personas porque las diligencias practicadas no permitían deducir que participaran en los hechos denunciados.

En cambio, la sala cree que de lo investigado hasta ahora sí se deduce "la existencia de indicios en la participación en los hechos objeto de la querella en las personas de los mencionados, habida cuenta de la responsabilidad política o militar de cada uno de ellos en el largo periodo a que se remontan los hechos objeto de la investigación".

China expresa su "fuerte malestar y oposición"

El Gobierno chino ha mostrado su "fuerte malestar y su firme oposición a las instituciones  españolas que, ignorando la posición china y siendo inconsistentes con  previas declaraciones, manipulan este asunto", ha declarado en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Hong Lei.

"Esperamos que las partes relevantes en España tomen con seriedad la  preocupación china y no hagan nada que dañe a este país o la relación  entre China y España", ha agregado.

Hong ha señalado que China ha pedido a España que clarifique la decisión y ha culpado a "separatistas tibetanos" de "crear rumores y calumnias, haciendo  acusaciones falsas contra el Gobierno chino, para dañar sus relaciones  bilaterales con otros países".

"Esas acciones están condenadas a  fracasar", ha añadido el portavoz, quien ha puntualizado que la posición china en  el conflicto tibetano es "clara y consistente" y que España "también  sabe eso".

La querella que dio origen al procedimiento fue admitida a trámite en enero de 2006, cuando la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar el genocidio denunciado ante la imposibilidad de que pueda ser investigado por tribunales chinos o por el Tribunal Penal Internacional.

A los querellados se les acusa de un delito de lesa humanidad por dirigir un ataque "generalizado y sistemático contra la población tibetana" en los años comprendidos entre finales de la década de los 80 del siglo pasado y principios de los 90.

Delitos de genocidio, un principio de jurisdicción universal

La Justicia española interpreta que los sospechosos de crímenes de  guerra o delitos de genocidio pueden ser procesados fuera de su país de  origen siguiendo el principio de jurisdicción universal.

Este principio se puso en práctica en el auto de procesamiento del  exdictador chileno Augusto Pinochet y más tarde en casos contra  oficiales ruandeses, antiguos exguardias nazis, israelíes involucrados  en bombardeos en Gaza o exsoldados salvadoreños por el asesinato de  sacerdotes jesuitas. Esta premisa fue limitada en 2009 por el Gobierno español a aquellos  delitos en que las víctimas sean españolas, como es el caso del lama Thubten Wangchen.

China asegura que el Tíbet es desde hace siglos parte de su  territorio y en 1951 fue "liberado de la teocracia" del Dalai Lama,  mientras que grupos tibetanos en el exilio argumentan que la región era  virtualmente independiente cuando fue ocupada por las tropas comunistas  en ese año.

Estos grupos acusan a China de reprimir durante décadas las  libertades religiosas, discriminar a la población autóctona y promover  una "colonización" del Tíbet por parte de la mayoría étnica nacional,  los han.

Las tensiones en esa región han aumentado desde las protestas  organizadas en la capital tibetana, Lhasa, en marzo de 2008, en las que  murieron una veintena de personas, y desde 2011 más de un centenar, en  su mayoría monjes budistas, se han inmolado en protesta por la  colonización china del "Techo del Mundo".