El juez acusa al padre de dar tranquilizantes a Asunta y a la madre de asfixiarla después
- El juez Taín señala que Basterra y Porto actuaron "en connivencia"
- El magistrado descarta la participación de terceras personas en el crimen
- Lee el auto judicial (pdf) que levanta el secreto de sumario del caso
El juez que investiga el crimen de Asunta, la niña de 13 años que apareció muerta en una pista forestal del municipio coruñés de Teo hace dos meses, acusa al padre de la menor, Alfonso Basterra, de haberle suministrado una "dosis tóxica" de sedantes y a la madre, Rosario Porto, de haberla asfixiado después según un "plan concordado" por ambos.
El instructor del caso, el magistrado José Antonio Vázquez Taín, descarta la posible participación de terceras personas en el crimen de la pequeña, y añade que aún quedan elementos pendientes en la instrucción como la desaparición de un segundo teléfono móvil de Basterra o su ordenador personal.
Además, el instructor incide en las "contradicciones palmarias" en las que incurrieron ambos progenitores al dar diferentes versiones sobre la desaparición de su hija adoptiva en sus declaraciones.
En el auto (pdf) remitido a las partes y que levanta el secreto de sumario, Vázquez Taín sostiene que según la autopsia y los análisis toxicológicos, Basterra "al igual que había efectuado en episodios anteriores", fue la persona que suministró a su hija una alta dosis del tranquilizante orfidal "para privarla de toda voluntad y defensa y presuntamente facilitar la acción de asfixia, en un plan concordado" con la madre.
Según las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, el juez argumenta que Rosario Porto, "en connivencia" con Basterra, drogó a su hija "al menos" durante tres meses, y que le causó la muerte "por asfixia mecánica".
La menor ingirió altas dosis de orfidal
No obstante, apunta a Basterra como la persona que le habría dado el 21 de septiembre "la dosis tóxica" de orfidal. Así, el auto confirma que se le acusa de "aprovechar varias ocasiones que la menor pernoctó en su domicilio, para drogarla con altas dosis de orfidal".
En este sentido, subraya que la propia Rosario Porto reconoció que su exmarido "tenía orfidal en su domicilio", pese a que éste habría desmentido a su exmujer.
También, en base a la declaración de Rosario, se le acusa de haber intoxicado supuestamente a la menor "al menos en una ocasión, con polvos blancos que no ha explicado de qué se trataba", añade sobre el testimonio que, según el auto, aportó la madre de Asunta.
Una autoría intelectual "perversa"
Los especialistas creen además, como adelanta La Voz de Galicia, que la madre de Asunta fue quien trasladó el cadáver hasta el talud en el que se localizó, muy cerca de la casa familiar en la que se perpetraría el crimen, y que lo habría sacado del coche en el que lo condujo por las axilas, arrastrándolo hasta la cuneta y provocándole rozaduras en los talones.
La instrucción considera probado que en el domicilio del padre de Asunta es donde se produjo la ingesta de tranquilizante, una elevada dosis para provocar un pasmoso aturdimiento, y también que existe una autoría material y otra intelectual y "perversa", según recoge EFE que cita a fuentes de la investigación.
Asunta falleció con doce años y sus padres, la abogada Rosario Porto y el periodista Alfonso Basterra, que están separados, son los únicos imputados por esta muerte violenta y permanecen en la prisión coruñesa de Teixeiro desde el pasado 27 de septiembre.
Se descartan terceros sospechosos
El juez Taín también ha descartado en el auto la posible participación de una tercera persona en el crimen, ya que las comprobaciones de los investigadores concluyen que otros tres hombres investigados en el marco de esta causa "son totalmente ajenos a los hechos".
Se refiere en concreto, a "tres investigados como posibles colaboradores", un empresario con el que colaboraba Rosario Porto, un exsindicalista de nacionalidad marroquí que ha sido condenado por explotación de inmigrantes por la Audiencia Provincial de A Coruña y un tercer individuo.
El instructor justifica el secreto de las diligencias basado en la necesidad de "practicar una serie de actos de instrucción con las mínimas garantías", señalando que los indicios exhibidos a los imputados motivaron en éstos "un cambio de versión que parece confirmar las sospechas iniciales".
De este modo, defiende haber mantenido el secreto de sumario durante casi dos meses para que los "posibles terceros sospechosos" de haber participado en el presunto asesinato de la niña, ofrecieran una explicación "fresca" de los indicios objetivos con los que se contaba, sin tener conocimiento de ellos.
Así, el juez señala que las diligencias de investigación practicadas con relación a los posibles terceros permitieron obtener una "versión fresca, natural, sin la contaminación previa de saber los investigados los indicios que constaban en la causa".
De este modo, en el auto se sostiene que no se han visto afectados los "datos objetivos" relativos a los indicios que vinculaban a terceras personas, en relación a datos telefónicos de dos investigados, la identidad del ADN de la camiseta de la niña ni otros que los tres hombres investigados "han tenido que explicar".
"Numerosos indicios"
El juez instructor ha justificado, además, el levantamiento del secreto de sumario alegando que los dos imputados, que permanecen en prisión provisional en la cárcel coruñesa de Teixeiro, pese a los "numerosísimos indicios claros que existen contra ellos", han manifestado que no colaborarían con la instrucción mientras la causa fuera secreta para las partes.
Así, considera que se hace preciso "levantarlo cuanto antes" para que las defensas de Porto y Basterra "puedan instruirse de todo el acervo probatorio conseguido" por si los imputados, según apunta el auto, "desean o no colaborar en el esclarecimiento del presunto asesinato de su hija Asunta" y con dicha colaboración "si es posible arrojar alguna explicación lógica a los numerosos indicios sospechosos".
Al margen de sus primeras declaraciones ante el juez, los padres de Asunta hasta el momento se han negado a colaborar en la práctica de nuevas diligencias requeridas por el juez, como una reconstrucción parcial de los hechos y otras, mientras no se levantase el secreto de sumario, que finalmente se ha decidido este martes, tres días antes de que el próximo viernes concluyese la última prórroga de un mes para mantener las reservas sobre las investigaciones.