El juez abre diligencias contra Canal Sur y otras siete empresas de la Junta de Andalucía

• Utilizaban las llamadas transferencias de financiación como IDEA con los ERE
• El juez quiere saber si se usaron fraudulentamente y se cometió malversación
• La Junta ofrece "máxima colaboración" con la justicia tras la decisión del juez

El juez del caso Invercaria ha abierto diligencias separadas sobre la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y otras siete empresas o agencias públicas andaluzas que usaron las llamadas transferencias de financiación para eludir, presuntamente, los controles de la Intervención como pedía la Fiscalía Anticorrupción.

Esta figura de las transferencias de financiación es la utilizó presuntamente la Junta de Andalucía a través de IDEA para conceder las ayudas supuestamente fraudulentas a empresas con expedientes de regulación de empleo en marcha en el conocido como caso de los ERE.

El juez de instrucción 16 de Sevilla, que investiga las inversiones de la empresa de capital riesgo andaluza Invercaria, ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de abrir una pieza para cada una de las ocho empresas señaladas en sus informes por la Intervención General de la Junta para saber si hubo prevaricación o malversación.

Se trata de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP), la Agencia de Promoción Exterior (EXTENDA), la Empresa de Gestión Medioambiental (EGMASA), la Empresa Pública de Deporte Andaluz (EPDASA), la Empresa de Gestión de Infraestructuras (GIASA), RTVA y Turismo Andaluz (TURASA).

El juez quiere saber si hubo fiscalización de los fondos

En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, el juez acuerda incoar diligencias para averiguar si las transferencias de financiación a esas empresas "han seguido la tramitación administrativa procedente, sometida a fiscalización previa con análisis diferenciado".

Se trata de determinar si ha habido algún ilícito penal susceptible de presuntos delitos de prevaricación o malversación, añade la resolución.

Las nuevas diligencias se refieren a todas las empresas excepto IDEA, de cuya actuación el juez Juan Gutiérrez Casillas da cuenta a la juez Mercedes Alaya, que ya la investiga en el caso de los ERE fraudulentos.

La Junta ofrece "máxima colaboración" al juez

Tras conocer la decisión del juez, el consejero andaluz de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha ofrecido la "máxima colaboración" con la justicia.

En declaraciones a los periodistas tras inaugurar el Centro de Investigación, Tecnología e Innovación Celestino Mutis, dependiente de la Universidad de Sevilla, el consejero ha señalado esta colaboración por parte de la Administración andaluza y ha considerado "transversal" esta investigación.

"Remitiremos toda la información que nos pidan y afecta de manera transversal a la Junta. La documentación se va preparando y se remitirá a la mayor brevedad posible", ha subrayado Sánchez Maldonado.