El Congreso limita la justicia universal con los únicos votos del PP y toda lo oposición en contra

• La oposición ve "inconstitucional" que conlleve el sobreseimiento de causas
• La propuesta afecta a casos como el genocidio en el Tíbet o la muerte de Couso
• El PP la defiende para "ampliar" la jurisdicción sobre delitos fuera de España
• IU y UPyD acusan al Gobierno de plegarse a los intereses del Gobierno chino

El Congreso limita la justicia universal con los únicos votos a favor del PP

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la proposición de ley del PP que limita la justicia universal con los únicos votos a favor de los diputados 'populares' (179) y con toda la oposición en contra (163)

La proposición 'popular', que modifica el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, restringe las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional.

A partir de ahora, por ejemplo, los jueces solo podrán investigar los delitos de genocidio o lesa humanidad cuando el procedimiento se dirija "contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada".

De esta forma se abre la puerta al archivo de las doce causas que actualmente se siguen en la Audiencia Nacional, como el genocidio del Tíbet -que ha provocado las quejas de China- o la muerte del cámara José Couso. De momento, quedarán sobreseídas hasta que no se demuestre que cumplen los nuevos requisitos.

Todos los grupos en la oposición han coincidido en el debate en el Congreso de los Diputados en calificar como "inconstitucional" el sobreseimiento de causas abiertas como consecuencia de que se restrinjan las condiciones en que un juez español puede investiga delitos cometidos fuera del territorio nacional.

El grupo parlamentario popular incluye en la proposición una disposición transitoria en la que solicita que las causas que en el momento de la entrada en vigor de la ley se encuentren en tramitación queden sobreseídas "hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos".

Por esa razón, la oposición ha acusado al Gobierno de "arrollar" los derechos de los españoles al plegarse a los exigencias de países como China para eliminar la justicia universal en España.

El PP defiende que se "amplían los delitos" perseguibles

El PP ha defendido la reforma al considerar que "amplía" los delitos en que se puede actuar. En el debate previo a la votación sobre la proposición, el portavoz de Justicia del Partido Popular, José Miguel Castillo, ha defendido su aprobación para “ampliar la lista de delitos cometidos fuera del territorio” español. En este sentido, ha señalado que con la reforma se tendrán en cuenta delitos contra la integridad sexual, y sobre transacciones económicas internacionales.

Con la reforma, según el portavoz popular, se evitará la “intromisión” en hechos cometidos en otro Estado, ya que, según ha explicado, “se garantiza de forma objetiva la persecución y enjuiciamiento”, cuando el Estado donde se cometieron los delitos “no quiera o no pueda afrontar” la denuncia de los hechos.

También ha negado que la proposición introduzca limitaciones, a lo que ha añadido que el fiscal "deberá presentar la querella en todos los casos que le conste que hayan sido cometidos los delitos”.

El PSOE pide al PP que retire la proposición

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha señalado durante el debate que la reputación internacional de España queda "seriamente dañada" por esta reforma que "supondrá que todos los procesos abiertos se sobreseerán de forma automática", un supuesto que ha tachado de "inconstitucional" al considerar que una norma legislativa no puede cerrar un proceso judicial abierto.

"Esta será su herencia, su marca España", ha reprochado al PP la diputada del PSOE que ha asegurado que la reforma incumple obligaciones internacionales asumidas por el Estado lo que, a su juicio, puede provocar que España sea denunciada por ello.

La parlamentaria ha subrayado que su grupo no permitirá que se "vulnere" el derecho a la tutela judicial efectiva de los españoles a cambio de "dar satisfacción a los Gobiernos que presionan" a España.

Antes del debate, tras reunirse con la familia de José Couso, Rodríguez anunció que su partido se planteaba presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la justicia universal y que el PSOE la derogaría si ganan las próximas elecciones generales.

IU, UPyD y CiU la ven "inconstitucional"

Mientras, Izquierda Unida (IU) ha denunciado la “inconstitucionalidad” de la proposición, porque supone que el Gobierno “legisla sobre procedimientos abiertos”. Su portavoz, Gaspar Llamazares, cree que el PP pretende "evitar" los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal,"vitales" en una reforma de la jurisdicción internacional.

IU ha acusado al Gobierno de "intercambiar derechos humanos por derechos comerciales", en referencia a las relaciones con el Gobierno chino, y lo ha calificado como una "vergüenza".

En el mismo sentido, la diputada de UPyD Irena Lozano ha coincidido con IU en acusar al Partido Popular de plegarse a los intereses de China, al considerar que el PP pretende evitar "molestias a la tiranía de China", tras los "buenos resultados" en la denuncia presentada por un ciudadano tibetano.

Convergència i Unió también ha anunciado su voto en contra al considerar que vulnera el primer artículo de la Constitución española que garantiza la justicia “en mayúsculas”, ha señalado su portavoz. Para CiU, la proposición del PP comporta “prácticamente la desaparición” de la jurisdicción universal en España y “conculca tratados internacionales” que el Estado español ha firmado.

El Grupo Mixto ha anunciado su voto en contra y ha criticado la proposición porque “debilita el Estado de Derecho” y “garantiza la impunidad de los autores de delitos”. También ha acusado al Gobierno de “no haber tenido en cuenta dada la importancia de la misma el establecer el debate necesario” y ha instado al PP a que retiren la proposición.

Mientras, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá ha propuesto al resto de grupos de la oposición que apoyen un recurso de inconstitucionalidad que "50 diputados tendrían a su alcance”.

“Los republicanos somos tres pero estamos convencidos de que distintas fuerzas políticas en el Parlamento, como el PSOE, se sumarían a esta propuesta muy necesaria”, ha señalado Tardá. Además, ha hecho un llamamiento a los jueces para que planteen la "inconstitucionalidad" de la medida, que ha calificado como "entierro de la justicia universal", ya que supondrá el sobreseimiento de causas abiertas, un efecto retroactivo que considera "inadmisible".

La causa del genocidio del Tíbet sería sobreseída

Con esta proposición, los delitos de la llamada jurisdicción universal serán perseguibles siempre que los criminalmente responsables fueran españoles o extranjeros con nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y solo si la víctima o la fiscalía han presentado una querella en los tribunales.

Además de este tipo de delitos, la proposición de ley del PP también fija las condiciones en el caso de delitos de desapariciones forzosas y torturas, como que el presunto responsable sea español o que la víctima fuese española en el momento de los hechos y siempre que el imputado se encuentre en nuestro país.

Una de las causas que tramita ahora la Audiencia Nacional es la causa del Tíbet que investiga el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en la que todos los querellados son ciudadanos chinos, entre ellos dos expresidentes de ese país, mientras que los querellantes son el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y un lama de nacionalidad española.

De hecho, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado este lunes la busca y captura internacional y el ingreso en prisión incondicional y sin fianza de expresidente de China junto otros cuatro antiguos mandatarios del país, a los que acusa delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad al considerar que son los presuntos responsables del genocidio perpetrado por el Gobierno comunista en el Tíbet durante los años 80 y 90.

Además de la causa que afecta al expresidente chino Jiang Zemin, también podría verse afectada la investigación sobre la muerte del cámara de televisión José Couso en Irak, ya que en este caso los militares imputados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz son ciudadanos estadounidenses que no se encuentran en España.

Este martes la familia de Couso ha pedido a todos los grupos parlamentarios que impidan la reforma legal que obligaría a la Audiencia Nacional a archivar la causa.

El exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón también ha pedido que no se elimine la ley sobre jurisdicción universal, y ha criticado este lunes la "voracidad" del PP a la hora de "restringir derechos", al tiempo que ha pedido que no se reforme la ley sobre jurisdicción universal que dejaría a España sin potestad para "perseguir o investigar crímenes de lesa humanidad", como los genocidios.

Amnistía Internacional y otras 16 organizaciones, contra la reforma

Amnistía Internacional, junto con otras 16 organizaciones en defensa de los derechos humanos, ha entregado una carta en el Congreso de los Diputados para exigir a los Grupos Parlamentarios que rechacen la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a la justicia universal. Además, han solicitado al Grupo Popular en el Congreso la retirada de la Proposición de Ley.

Para estas organizaciones, de aprobarse la reforma "supondría una violación de obligaciones internacionales y podría consagrar la impunidad de muchos responsables de graves crímenes". Además, añaden que el Grupo Parlamentario Popular justifica la necesidad de la reforma alegando un uso excesivo de la jurisdicción universal, "sin embargo, de aprobarse la proposición de ley se cerrará la puerta para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos de acceder a los tribunales españoles para reclamar justicia. Unas víctimas que improbablemente puedan obtenerla de otra manera, especialmente, en sus propios países".

"(...) El consenso de la Comunidad Internacional es muy claro: estos crímenes golpean la conciencia de la humanidad y han de ser castigados; es deber de todo Estado investigar y perseguir a sus responsables", añaden en su carta remitida a los Grupos.