Siete ediles de Santiago, inhabilitados 9 años en relación con el caso Pokemon

• Los siete ediles renunciarán a su acta y recurrirán la sentencia
• Aprobaron pagar con dinero público al abogado de un edil imputado
• El abono no se materializó porque el imputado lo rechazó, tras haberlo pedido

La portavoz municipal del PP de Santiago, Maria Pardo, acompañada del alcalde Compostelano, Ángel Currás, y del secretario general de PP de Galicia, Alfonso Rueda.

Siete concejales del Ayuntamiento de Santiago han sido condenados a nueve años de inhabilitación para ejercicio de cargo público por decidir en una junta de gobierno sufragar con cargo al erario público la defensa de un compañero imputado en la Operación Pokemon, han informado fuentes judiciales.

Los siete concejales han decidido, tras una reunión de más de dos horas en la sede autonómica del PP, que abandonarán la corporación municipal y recurrirán la decisión del juez. Una de las concejales que dejará el acta, María Pardo, portavoz del Gobierno municipal, lo ha anunciado en una declaración ante los periodistas, acompañada por el secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, el presidente provincial del partido en A Coruña, Carlos Negreira y el alcalde de Santiago, Ángel Currás.

Los portavoces de PSOE y BNG en Santiago habían pedido la dimisión de los siete concejales. El socialista Francisco Reyes ha lamentado la "imagen terrible" que para la ciudad supuso la fotografía en el banquillo tomada el pasado 19 de mayo, día en el que se celebró el juicio en el juzgado de lo penal número uno de los de Compostela, una vista presidida por el magistrado Jesús Leal.

Por su parte, el nacionalista Rubén Cela ha expresado un contundente "que se vayan todos y que se vayan ya", y en esta solicitud ha incluido al alcalde, Ángel Currás, y a todos los ediles imputados en este Ayuntamiento, "independientemente de su color político". "Santiago está en una situación límite", ha apuntado, y ha culpado de ello a la "irresponsabilidad del PP", con un gobierno en el que nueve de sus trece miembros están imputados en alguna de las causas judiciales abiertas.

"Obraron a sabiendas de la arbitrariedad del acuerdo"

Los siete concejales del Partido Popular se sentaron en el banquillo acusados de la presunta comisión de un delito de prevaricación por autorizar el 30 de mayo de 2013 el abono con fondos públicos de la defensa del entonces edil de Deportes, Adrián Varela, que formalizó su dimisión el martes pasado.

La decisión de costear esta representación legal con dinero de las arcas municipales se adoptó después de una solicitud de Adrián Varela. Sin embargo, el pago no se materializó porque él mismo renunció a que su abogado se costease con otros medios que no fuesen los suyos propios. Varela está imputado por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental por el Juzgado de Instrucción número uno de Lugo.

La sentencia del juez conocida este lunes sostiene que “injustamente y prevaleciéndose de su condición de autoridad, obraron a sabiendas de la arbitrariedad del acuerdo que estaban adoptando, todo ello en beneficio exclusivamente particular, con el fin de favorecer a un compañero de Corporación imputado por varios delitos contra la Administración pública”.

El juez concluye que los acusados fueron en todo momento sabedores de que la resolución no se ajustaba a derecho y que, aún así, acordaron asumir la propuesta formulada por el concejal imputado en los términos por él redactados.

“Sufragar con las arcas municipales la representación procesal de un concejal imputado por un delito de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental no entra dentro de los parámetros de defensa letrada consustancial a las funciones innatas del cargo”, concluye el juez.

Los concejales juzgados, y ahora condenados, son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Luis García Bello y Francisco Noya, y todos ellos, a lo largo del proceso, han insistido en defender su inocencia.

Su acuerdo en la mencionada junta de gobierno fue denunciado por una particular, y, desde entonces, la Fiscalía siempre mantuvo su petición de nueve años de inhabilitación al entender que no habían defendido lo público.

Contra este fallo cabe recurso y el Gobierno local estudiará los pasos a dar, han señalado fuentes municipales. Uno de los concejales condenados, Francisco Noya, tenía previsto participar en una rueda de prensa este lunes para presentar la campaña Vive o verán, pero fue sustituido por una técnico.

El alcalde de la ciudad, imputado en el caso Pokemon

El regidor compostelano Ángel Currás (PP) también está imputado por la supuesta comisión de tráfico de influencias en el marco de la Operación Pokemon. Currás relevó a Gerardo Conde Roa como alcalde, cuando éste se marchó al ser acusado por un fraude fiscal por el que luego fue condenado, y que también está imputado por el caso Pokemon.

Esta investigación judicial persigue desmontar una presunta trama corrupta que se gestaría a través de adjudicaciones de las administraciones locales a empresas, principalmente, del Grupo Vendex.

El Ejecutivo local de Santiago de Compostela -dirigido por Ángel Currás- ya vivió la dimisión del anterior concejal de Tráfico, Albino Vázquez, imputado también dentro del caso Pokemon por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias.

También Paula Prado, diputada autonómica y actual portavoz del PPdeG, salió del ayuntamiento compostelano tras verse salpicada, aunque no imputada, por esa misma operación. La titular del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, instructora de esta causa, ordenó abrir una pieza separada sobre la portavoz del PPdeG y preguntar al Ministerio Fiscal si procedía elevarla al TSXG por su condición de aforada.

La magistrada basa su petición en informes de Vigilancia Aduanera durante la etapa de la número tres de los populares gallegos en el Ayuntamiento de Santiago, en los que se aprecian "varias irregularidades que pudiesen ser constitutivas de infracción penal", entre ellas el pago de una factura por la representación del espectáculo infantil La abeja maya, que estaría inflada para beneficiar a un empresario imputado, Jesús Fuentes.

La juez también atribuye a la portavoz del PPdeG su presunta participación en "influencias", junto con otros dos concejales imputados -y ya fuera de la corporación, Albino Vázquez y Adrián Varela-, así como con Ángel Espadas, entonces jefe de gabinete del exalcalde compostelano Gerardo Conde Roa,  para "beneficiar económicamente a su marido" en su actividad de venta de materiales textiles a varios ayuntamientos.

Paula Prado compareció como testigo y su declaración continúa bajo secreto.