El Supremo anula las ayudas de la Xunta a cinco colegios privados que escolarizan a un solo sexo

• Estima el recurso de la Confederación Intersindical Galega de Ensino
• Sobre los centros Peñarredonda, Montespiño, Aloya, Las Acacias y Montecastelo

El Tribunal Supremo ha anulado los conciertos educativos de la Xunta de Galicia con cinco colegios privados de la comunidad por escolarizar a alumnos de un solo sexo. La resolución supone la nulidad de las ayudas a los centros docentes que contempla la orden de la Consejería de Educación del 26 de agosto de 2009.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal estima así en su resolución el recurso de la Confederación Intersindical Galega de Ensino (CIGENSINO) que afecta a dos centros privados ubicados en A Coruña, Peñarredonda, Montespiño, y otros a otros tres de Pontevedra, Aloya, Las Acacias y Montecastelo.

La resolución del Supremo supone la anulación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que confirmó la validez de dicha orden en todos sus extremos.

Se cuestiona que reciban ayudas públicas

La resolución del Supremo, de la que ha sido ponente la magistrada María del Pilar Teso Gamella, aclara que no está en cuestión la existencia de la educación diferenciada, "tan legítima como el modelo de coeducación que establece la ley", sino que lo que se cuestiona es que ese tipo de enseñanza reciba las ayudas públicas propias de los conciertos educativos.

En ese sentido recuerda la jurisprudencia sobre la interpretación y aplicación que el tribunal ha hecho en otros casos del artículo 84.3 de la Ley Orgánica de Educación, que dice que "en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Precisa que "el mandato legal, en definitiva, descarta que la enseñanza separada, por razón de sexo, pueda acogerse al sistema de enseñanza gratuita de centros concertados sostenidos con fondos públicos".

El Tribunal Supremo concluye que no pueden comprometerse los fondos públicos, por la vía de los conciertos educativos, más allá de los supuestos previstos por la ley.

La sentencia cuenta con un voto particular del magistrado José Luis Requero, que sostiene que la educación diferenciada no genera discriminación por razón de sexo y por lo tanto puede ser financiada con cargo al régimen de conciertos.