La Guardia Civil empezó a investigar a UGT por las empresas de Lanzas 'el conseguidor' de los ERE

• Así arrancó la investigación sobre las presuntas facturas falsas de los cursos
• Detectaron operaciones comerciales entre Lanzas y empresas de enseñanza
• UGT-A tomará medidas cuando estudie el sumario del caso

La Guardia Civil ha practicado diferentes registros.

La Guardia Civil detectó "importantes operaciones comerciales" entre dos empresas de enseñanza en las que trabajó el "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas -uno de los principales imputados en el caso de los ERE- y el sindicato UGT y la Junta de Andalucía, lo que llevó a la actual causa judicial sobre las presuntas facturas falsas del sindicato para justificar los fondos de formación.

Según documentos conocidos ahora, cuando se ha levantado el secreto sumarial sobre las facturas de UGT, Lanzas fue entre 1997 y 2002 secretario general de la Federación de Alimentación de UGT en Andalucía, y tras abandonar el cargo estuvo vinculado a dos empresas denominadas Planificación, Cooperación y Desarrollo y Círculo Empresarial para la Formación.

Un informe de la Guardia Civil recogió que esas dos empresas habían tenido operaciones comerciales de 8.651.350 euros con diferentes federaciones de UGT, en especial la de Alimentación y Tabaco, y de 2.977.649 con el Servicio Andaluz de Empleo.

Dichos datos de la Guardia Civil se refieren a operaciones de varios años entre 2000 y 2010, aunque Lanzas solo estuvo vinculado a la empresa Planificación, Cooperación y Desarrollo entre febrero y abril de 2002 y a Círculo Empresarial entre mayo y agosto de 2002.

La Guardia Civil pidió a la juez de los ERE, Mercedes Alaya, que decretara el secreto de sumario y le permitiera investigar esa nueva línea vinculada a Lanzas y la posible "adjudicación arbitraria a determinados agentes sociales" de los cursos de formación.

A ello unía las manifestaciones realizadas por Teodoro Montes, exresponsable de Formación Ocupacional de la Junta, sobre las "graves irregularidades" en los fondos de formación y la ausencia de inspección y de control económico de las facturas justificativas.

UGT-A tomará "medidas" cuando estudie el sumario

La secretaria general de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, ha anunciado este viernes que el sindicato va a estudiar y analizar el sumario del caso sobre las presuntas facturas falsas del sindicato y tomará "las medidas oportunas". Además, ha instado a que si se demuestra que los ex secretarios generales del sindicato Manuel Pastrana y Francisco Fernández, y otros miembros de la anterior Ejecutiva son culpables, "que respondan ante la justicia".

En declaraciones a los periodistas, Castilla ha recordado que el 9 de enero pasado cuando se renovó la Ejecutiva del sindicato "no ocurrió algo baladí" sino que se cambió completamente por una investigación abierta en agosto de 2013.

De manera que ahora, la nueva Ejecutiva de UGT-A se muestra "contenta" poder conocer el sumario al completo, que fue entregado a las partes este pasado jueves.

La secretaria general de UGT-A tras afirmar que no ha visto aún el sumario, ha recomendado tener en cuenta la normativa del 23 de octubre de 2009 sobre regulación de las remuneraciones de subvenciones en formación profesional, donde existe un apartado que dice que "hasta el 20 por ciento" son legales los costes directos y asociados al mismo.

"Habrá que ver qué tipo de subvención se refiere el sumario y si la subvención podría tener en cuenta ese 20 por ciento", ha subrayado.

"Si hay responsables, tendrán que responder"

De esta manera, ha señalado la "celeridad" del juzgado en esta causa y donde UGT es la primera interesada en esclarecer y ha insistido en que "si hay responsables y se demuestra, tendrán que responder ante la justicia", al tiempo que ha instado a "dejar trabajar al juez".

Castilla que ha lamentado que el sindicato esté "todos los días en los medios" sin contar con una sentencia, ha reconocido que UGT-A vive "un momento complicado".

Por último, preguntada sobre si llamará a los exsecretarios generales de UGT-A Manuel Pastrana y Francisco Fernández, Castilla ha apuntado que no tiene porque llamar a nadie. "El procedimiento manda que sean los abogados", ha indicado.

En declaraciones a los periodistas, la dirigente sindical ha respondido en estos términos sobre el caso que mantiene imputados en el juzgado de instrucción 9 de Sevilla al extesorero de la UGT-A Federido Fresneda, a dos responsables de la contabilidad del sindicato y a trece empresarios "de confianza" que presuntamente se prestaron a emitir facturas falsas que luego el sindicato entregaba a la Junta para justificar las subvenciones para formación.

Se comprete a tomar las "medidas oportunas"

Varios testigos del caso de las presuntas facturas falsas de la UGT-A afirmaron que toda la Ejecutiva Regional cobraba sobresueldos de entre 900 y 3.000 euros mensuales pagados en parte con fondos de la Consejería de Empleo, y que el descuento que exigían a sus proveedores era conocido como "canon revolucionario".

Carmen Castilla, que ha recordado que no opina de los autos judiciales y que el gabinete jurídico del sindicato está estudiando el sumario, se ha comprometido a tomar en breve las "medidas oportunas".

No obstante, ha recomendado a los periodistas que lean una normativa andaluza del 23 octubre del 2009 sobre la regulación de subvenciones de formación profesional.

"En la misma existe un apartado que dice que el hasta el 20% de los costes directos y asociados que están definidos en la subvenciones son legales", ha explicado, por lo que ha agregado que "habría que ver a qué tipo de subvención se refiere el sumario y si podría absorber ese porcentaje".