PSOE e Izquierda Plural presentan enmiendas a la totalidad de la reforma fiscal

• Presentan enmiendas a los tres proyectos: sobre IRPF, IVA y Sociedades
• El PSOE considera que debería incluir un aumento de recursos humanos
• La Izquierda Plural cree que solo beneficia a las rentas más altas

Los grupos parlamentarios del PSOE y la Izquierda Plural han registrado este lunes en el Congreso de los Diputados enmiendas a la totalidad de los tres proyectos de ley que constituyen la reforma fiscal del Gobierno (IRPF, IVA y Sociedades) porque consideran que no contempla medidas para luchar contra "el gran fraude fiscal" y que beneficia a las rentas más altas.

El portavoz socialista de Hacienda, Pedro Saura, ha asegurado en una nota de prensa que esta reforma constituye "una gran oportunidad perdida", ya que un gobierno conservador no quiere tratar esos temas "ni en pintura".

Saura ha explicado que la alternativa socialista sí que contempla estos dos elementos, ya que el PSOE aboga por obligar a pagar al que no cumple con sus obligaciones tributarias y por tributar no sólo por lo que se gana, sino sobre todo por lo que se posee.

El grupo socialista considera que aspirar a quedarse con el nivel actual de ingresos públicos (en torno al 38-39% del PIB) pone en riesgo la sostenibilidad del Estado del bienestar y las necesidades de inversión en educación, formación e I+D+i, "aspectos prioritarios e imprescindibles para mejorar la redistribución de la renta, la productividad y garantizar un crecimiento sostenible e inclusivo".

Asimismo, destaca que España tiene uno de los niveles más elevados de fraude de la Unión Europea y el nivel más bajo de recursos humanos dedicados a prevenirlo: un inspector por cada 1.958 habitantes, comparados con los 942 de Francia o 740 de Alemania.

Una reforma integral de la Administración Tributaria

En opinión de Saura, "no habrá una reforma fiscal eficiente" si no hay una reforma integral de la Administración Tributaria que incremente sus recursos humanos y materiales, y si no se articulan medidas para acabar de forma efectiva con el fraude y la elusión fiscal.

Además, señala que los textos del Gobierno no tienen en cuenta consideraciones de equidad y olvidan que cualquier modificación en profundidad del sistema tributario tiene que tener en cuenta sus efectos sobre la redistribución de la renta.

Por el contrario, cree que se trata de una reforma "tremendamente injusta" que incrementa la brecha social y económica, mientras que "los ganadores" son las rentas más altas, lo que en conjunto supone "una transferencia de renta de los trabajadores y las rentas medias a los más ricos".

El PSOE mantiene que la reforma fiscal del Gobierno no es más que una profundización de la estrategia de devaluación interna para salir de la crisis, lo que redunda en un mayor empobrecimiento para la gran mayoría de españoles.

"Esta estrategia de manera sostenida en el tiempo no es viable económicamente ni socialmente, puesto que nos aboca a un estancamiento permanente, vía bajada de salarios y condiciones de trabajo más precarias y una menor productividad, así como a una insoportable e inaceptable desigualdad social", añade Saura.

Izquierda Plural pide su devolución

Por su parte, el grupo parlamentario de Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) ha registrado en el Congreso enmiendas a la totalidad de los tres proyectos de ley porque considera que sólo beneficia a las rentas más altas.

IP asegura que la "única voluntad político-legislativa" de reformar el sistema tributario español es favorecer a las grandes empresas y a las rentas más altas, en perjuicio de los intereses generales y, en particular, de las rentas más bajas y medias.

"Estamos ante un conjunto de medidas cuyo común denominador es su reaccionarismo, su electoralismo, y su deficiencia técnica, por lo que deben ser retiradas", añade el grupo.

En opinión de IP, el Gobierno tendría que haber presentado un proyecto que ayudase a la recuperación económica, la creación de empleo y a una mayor justicia social, en lugar de plantear unas medidas "ineficaces y muy injustas socialmente" que ahondan en la pérdida de progresividad característica de las reformas fiscales del PP y del PSOE desde mediados de los años 90.

Dudas sobre la plena constitucionalidad de la reforma

En este sentido, cree que existen dudas fundadas de la plena constitucionalidad de esta reforma, puesto que vacía el contenido del artículo 31 de la Constitución que habla de que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica.

IP hace hincapié en que la sociedad española se está empobreciendo cada día más por la caída de las rentas y el aumento de la desigualdad en su reparto, mientras que la economía sumergida está próxima al 25%, el 72% del fraude fiscal tiene su origen en las grandes empresas y fortunas, y Hacienda sólo cobra 1 de cada 6 euros de fraude descubierto.

A ello suma la baja tributación de los grandes patrimonios a través de las SICAV y el mantenimiento de paraísos fiscales que se aprovechan de mecanismos de ingeniería financiera no ilegales.

Al respecto, incide en que los más ricos en España ingresaban 5,7 veces más que los más pobres antes del inicio de la crisis, mientras que ahora ingresan 7,2 veces más, algo que no ocurre en ningún otro país industrializado donde no ha habido un reparto tan desigual de los costes de la crisis.