El Gobierno prorroga hasta 2017 la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables

• Podrán acogerse las familias con rentas inferiores a 22.365,42 euros
• Se reducen las cotizaciones para los nuevos contratos indefinidos
• Aprobada la bonificación a trabajadores autónomos que quieren conciliar
• Se amplían las deducciones de 1.200 euros para familias a dos casos
• Se reducen a 20 las peonadas para acceder al subsidio o la renta agrarios

El Gobierno prorroga hasta 2017 la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes extender en dos años, hasta 2017, el periodo de suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, que vencía en el mes de mayo. Además, flexibiliza los criterios que dan acceso al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios y se elimina la aplicación de las cláusulas suelo a los deudores.

Para acogerse ahora a este código, se incrementa el límite anual de renta familiar hasta tres veces el Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM). Hasta ahora se calculaba por 12 pagas y ahora se hará por 14, con lo que pasa de 19.170,39 euros a 22.365,42 euros. También se amplían los supuestos de especial vulnerabilidad para incluir a los mayores de 60 años.

Y se eleva el límite de precio de adquisición de los inmuebles que podrán beneficiarse del código, que podrá superar en un 20% el precio medio arrojado por el índice elaborado por el Ministerio de Fomento con un límite de 300.000 euros -250.000 euros para la dación en pago-.

Estas son algunas de las medidas que se incluyen en el Real Decreto Ley de Mecanismos de Segunda Oportunidad y Reducción de la Carga Financiera y Otras Medidas de Orden Social, con el que el Gobierno, señala, persigue facilitar el desendeudamiento de la economía española y ampliar la protección de los colectivos más vulnerables por la crisis.

Otros aspectos de la ley de segunda oportunidad

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que la ley de segunda oportunidad tiene como objetivo normalizar una situación de endeudamiento excesivo, y ha añadido que supone un cambio fundamental en el sistema de su tratamiento porque se reconoce por primera vez un sistema para solventar la insolvencia de las personas físicas.

La ley desarrolla un marco permanente de insolvencia personal y amplía los acuerdos extrajudiciales de pagos para que sean más eficaces. A estos acuerdos pueden acceder particulares y empresarios y se permite que los acuerdos alcanzados se extiendan a los acreedores con garantía real cuando concurran las mayorías previstas.

Por eso la nueva normativa flexibiliza la figura del mediador, cuya labor será impulsar la negociación y facilitar la reestructuración de las deudas entre las partes. Este mediador será designado por un notario o registrador y en el caso de las empresas las funciones de mediación podrán ser realizadas por las Cámaras Oficiales de Comercio.

Para deudores particulares se establece un nuevo sistema de exoneración de deudas más flexible y eficaz, que se aplicará tras la conclusión de un concurso por liquidación o por insuficiencia de masa.

La vicepresidenta ha asegurado también que se rebajan los plazos de prescripción de las deudas de 15 a 5 años. "Hoy nuestro sistema tendrá mecanismos para conseguir que las familias puedan superar cuanto antes una situación de endeudamiento y puedan volver a empezar", ha afirmado Sáenz de Santamaría.

Rebaja de cotizaciones para nuevos contratos indefinidos

El Consejo de Ministros también ha aprobado dentro del mismo real decreto la aplicación de un mínimo exento de cotización a la Seguridad Social de 500 euros en los nuevos contratos indefinidos a partir del 31 de marzo, que será compatible con otras rebajas de cotización que ya están en vigor: la deducción de 300 euros que recoge el programa de Garantía Juvenil y la nueva prestación a parados de larga duración.

En este sentido, la vicepresidenta ha explicado que esta exención -anunciada por el presidente del Gobierno en el debate del estado de la nación- supone que los primeros 500 euros de salario de cada nuevo contrato indefinido no cotizarán durante dos años a la Seguridad Social. Las empresas de menos de 10 trabajadores se podrán beneficiar durante 1 año más de una exención sobre 250 euros.

Esta medida estará vigente durante 18 meses (desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado) y convivirá durante su primer mes con la tarifa plana de 100 euros para contratos indefinidos, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de marzo. Durante este tiempo las empresas podrán elegir entre ambas modalidades.

Además, esta reducción no afectará "en ningún caso" a los derechos para prestaciones del trabajador, que se calcularán aplicando el importe íntegro de la base de cotización, y solo se podrá aplicar cuando el nuevo contrato indefinido suponga creación neta de empleo para la empresa.

Para los contratos indefinidos a tiempo parcial, la cuantía exenta de cotización se reducirá de forma proporcional a la jornada. En este caso, la jornada no podrá ser inferior al 50% de la del trabajador a tiempo completo.

Además, para acogerse a esta tarifa el empresario debe aumentar la plantilla y el número de trabajadores fijos y está obligado a mantener el nivel de empleo generado con los nuevos contratos durante al menos 3 años. Si este requisito se incumple durante el primer año, deberá devolver la totalidad de la reducción de cuotas. A partir de segundo año se devolverá la parte proporcional a los meses transcurridos.

Sáenz de Santamaría ha defendido que es una medida "progresiva" ya que -según los cálculos del Ejecutivo- la rebaja será de casi el 70% en los contratos con remuneraciones más bajas, del 50% en los que aquellos que sean de unos 1.000 euros y del 14% para los sueldos situados en la base de cotización máxima.

El Ministerio de Empleo especifica que la empresa no podrá utilizarla para efectuar el mismo número de contratos que de despidos colectivos, o individuales declarados improcedentes, realizados en los seis meses anteriores. Tampoco se podrá aplicar a la contratación de trabajadores que hubiesen estado contratados en la misma empresa mediante un contrato indefinido ni en otras del mismo grupo. "El objetivo es evitar cualquier posibilidad de ‘efecto sustitución’ de trabajadores", asegura Empleo, que destaca que la empresa debe estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Bonificación para autónomos

Otra de las medidas aprobadas este viernes en Consejo de Ministros ha sido la regulación de una bonificación en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes del 100% para los trabajadores autónomos que cesen durante un año su actividad laboral para atender al cuidado de personas con dependencia reconocida o de hijos menores de 7 años.

La aplicación de la bonificación está condicionada a la contratación de un trabajador, a tiempo completo o parcial, para que no cese la actividad durante, al menos, 12 meses.

Además, el contrato a tiempo parcial no podrá formalizarse por una jornada laboral inferior a la mitad de la de un trabajador a tiempo completo. Si la contratación es a tiempo parcial, la bonificación será del 50%.

A juicio del Gobierno, la medida supondrá "un ahorro cercano a los 3.000 euros" que se acojan a esta posibilidad.

Se amplían las deducciones fiscales de 1.200 euros

Otras de las medidas aprobadas es que las familias monoporantales con, al menos, dos hijos y los pensionistas o parados con prestación por desempleo que tengan a su cargo una familia numerosa o personas con discapacidad sean también beneficiarios del cheque familia (hasta ahora la ayuda estaba prevista únicamente para trabajadores que cotizan a la Seguridad Social).

La medida se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2015, por lo que las familias que, con la reforma de las condiciones de acceso a las ayudas, tengan derecho a esta dotación, podrán solicitarla a partir de esta fecha.

"Podrán acceder, en todos estos casos, a la deducción de 1.200 euros anuales en cada una de las situaciones familiares acumulables entre sí", ha explicado Sáenz de Santamaría.

Se rebaja el número de peonadas

Dentro del real decreto, el Gobierno también aprueba reducir el mínimo de peonadas de 35 a 20 para poder cobrar el subsidio agrario, debido a la baja producción del sector olivarero afectado por la sequía, efectos retroactivos desde el 1 de septiembre del pasado año.

Según ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, esta decisión ha sido hablada con el sector. De hecho, la producción de aceite durante el pasado año 2014 se ha reducido a la mitad.

Esta medida va a beneficiar a 56.114 trabajadores agrarios. De ellos, más de 52.200 son andaluces y algo más de 3.800, extremeños, según el Ministerio de Empleo.

El gasto estimado en ayudas para estos trabajadores se calcula en 192 millones de euros. A Andalucía se destinarán 179 millones de euros y a Extremadura 13 millones de euros.