El gasto en políticas económicas se recorta un 6,64% y la inversión pública sube un 0,9%

• Desciende la dotación para agricultura, infraestructuras e industria y energía
• Aumenta ligeramente la partida para investigación, desarrollo e innovación
• Los fondos de inversión gestionados por el Estado suben un 3,3%
• Las pensiones absorben el 38% del gasto total
• El gasto en sanidad, educación y cultura repunta un 5,86%

Primer plano del estuche que contiene el USB del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 2016, presentado este martes en el Congreso.

En unos presupuestos definidos por el Gobierno como los de "la consolidación del crecimiento", el gasto destinado a las actuaciones de carácter económico -las que lleva a cabo el Estado en los sectores productivos- se reduciría en un 6,64% el año que viene, hasta quedar en 28.584 millones de euros, según recoge el informe económico del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016 presentado este martes en el Congreso de los Diputados. Destaca el recorte en las áreas de agricultura, pesca y alimentación (-13,31%), infraestructuras (-2,89%) e industria y energía (-9,5%), que contrasta con la ligera subida de los fondos de I+D+i(0,5%).

Aparte, el Ejecutivo aumenta un 0,9% la dotación destinada a inversión pública, que sumará 13.231 millones de euros, una parte de la cual se transferirá a empresas, fundaciones y consorcios públicos, responsables de gestionar más del 61% de las inversiones.

Se mantiene el gasto social

Tal y como ha reiterado el Gobierno, el grueso del gasto presupuestario lo absorben las políticas sociales, encabezadas por las pensiones -a las que se destinaría un 2,9% más, hasta sumar 135.449 millones, el 38,5% del gasto total- y la protección por desempleo(que con 19.821 millones supone el 5,6% del total).

Además, la política de servicios sociales y promoción social recibiría 2.093,22 millones de euros, un 7,7% más que este año. De ese total, el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia dispondría de 1.252,29 millones de euros, un 6,4% más que en 2015, ya que desde el pasado 1 de julio se ha completado la aplicación de la ley a todos los grados de dependencia, al hacerse efectivo el derecho a las prestaciones

de las personas valoradas con el Grado I Dependencia Moderada.

Así, según el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha señalado que "cada vez hay menos gasto disponible para hacer cosas distintas de lo social, que es irrenunciable".

Dentro del capítulo social, el Ejecutivo también incluye lo que el informe económico denomina "producción de bienes públicos de carácter preferente": Sanidad, Educación y Cultura, cuyo gasto conjunto se ha elevado un 5,86% hasta sumar 7.289 millones (el 1,67% del gasto total presupuestario). Hay que recordar que gran parte de las políticas de estas áreas están transferidas a las comunidades autónomas.

La política de sanidad tiene asignados en el proyecto de ley 4.000 millones de euros, un 3,6% más que en las cuentas de 2015, con el objetivo "esencial" para 2016 de "culminar las medidas contempladas en el Programa Nacional de Reformas 2015 y continuar el desarrollo de las medidas diseñadas para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones", explica el informe económico.

Por su parte, las actuaciones de educación dispondrían de 2.484 millones -un 9,29% más que este año-, de los que 1.416,5 millones de euros se destinarían a becas y ayudas al estudio de carácter general (un 0,2% más). La siguiente partida en importancia es la destinada a formación secundaria, formación del profesorado y escuelas de idiomas, que casi se duplicaría hasta alcanzar 545 millones de euros, con intención de cubrir la aplicación de la nueva ley de educación en secundaria.

Mientras, las políticas de cultura contarían con 804 millones (un 7,3% más), por las mayores transferencias para el cine, el deporte y el

Organismo Público Museo Nacional del Prado.

Junto al gasto social, el pago de la deuda pública significa otro de los grandes destinos del dinero público, ya que suma 117.792 millones de euros entre intereses y principal, el 27% del total del gasto presupuestario con los pasivos financieros incluidos.

Además, ha asegurado que el ahorro que se logra en las cuentas se dedida "a reducir déficit público, que es importantísimo porque hace que haya crecimiento económico y creación de empleo".

Más dinero para regular mercados agrarios y menos para desarrollo rural

Uno de los recortes más significativos se registra en las políticas inscritas en Agricultura, pesca y alimentación (que suman 7.438 millones, un 13,3% menos). En este área, el grueso del gasto se destina a la regulación de los mercados agrarios (5.935 millones), que sirve para adecuar la oferta a la demanda sin que caigan en exceso los precios pagados a los productores o suban demasiado los precios al consumidor. Esta partida crece un 2,4% respecto a 2015.

Por contra, el proyecto de ley reduce a menos de la mitad la segunda partida en importancia, la destinada al desarrollo rural (queda en 1.034 millones, un 56% menos).

La reducción en el área de industria y energía (que cuenta con 5.455 millones de dotación) se produce, en primer lugar, en la partida destinada a la normativa y desarrollo del sistema energético (cae un 12,6%, aunque se mantiene como el grueso del gasto, con 3.919 millones), donde la mayoría se destina a financiar costes del sistema eléctrico, como el coste extra en los territorios extrapeninsulares.

Esa rebaja, según el informe económico del proyecto de ley, se compensaría con los ingresos adicionales conseguidos con los impuestos a la energía creados en 2012 y las subastas de derechos de emisión de gases.

Apuesta por la reconversión frente al desarrollo industrial

Pero el recorte más llamativo se realiza en la política de desarrollo industrial, cuya dotación cae un 83%, desde los 376 millones de 2015 hasta los 64 millones de este año. Ese partida busca -según el informe económico- incentivar la realización de inversiones punteras con las que poder competir y apoyar a las empresas para que optimicen su gestión y desarrollen "entornos tecnológicos favorables" que atraigan al país las fases de mayor valor añadido de las multinacionales.

Sin embargo, parte de esa caída se compensa por la subida en la partida para reconversión y reindustrialización, que ascendería a 843 millones (525 millones en 2015).

Esta redistribución de fondos implica un cambio de enfoque en la política industrial, apostando por redimensionar y modernizar los sectores industriales en crisis. El programa que recibirá ahora más dotación se dirige a "sectores en crisis sometidos a ajustes y adaptación al nuevo entorno internacional" y al apoyo a empresas que quieran mejorar su competitividad "con nuevos modelos de producción más avanzados, eficientes y respetuosos con el medio ambiente".

Repunte del I+D+i

En esa línea, el gasto dedicado a políticas de I+D+i repuntaría ligeramente en 2016, según el informe económico que acompaña el proyecto de presupuestos. A este objetivo se dedicarían 6.425 millones de euros (un 0,5% más que en las cuentas iniciales para este año), repartidos entre distintas áreas.

Así, la partida para investigación y desarrollo tecnológico-industrial seguiría siendo la más alta (2.115 millones), a pesar de reducirse un 4% en comparación a las cuentas de 2015. Por el contrario, subirían los fondos para fomento y coordinación de la investigación técnica y científica (1.613 millones, un 11,8% más) y para investigación científica (718 millones, un 4,3% más).

Además, es llamativo el descenso del 17% en la partida dedicada a apoyar la innovación tecnológica en defensa, que recibiría el año que viene 468 millones de euros.

Recorte en fondos para infraestructuras

Otra de las áreas que ve recortarse el gasto es infraestructuras, donde los 5.982 millones de euros incluidos en las cuentas de 2016 implican un descenso del 2,7% respecto a 2015.

De ese total, 2.859 millones corresponderían a inversiones, un 1% por debajo de lo destinado en las cuentas elaboradas para este año. sin embargo, según el informe económico, ese descenso se compensaría con los 6.633 millones que invertirían las empresas públicas, aportaciones con las que el total de inversión para infraestructuras se elevaría hasta 9.492 millones, 9,7 millones más que en 2015.

Las políticas de este área con mayores dotaciones seguirían siendo la de gestión e infraestructuras del agua (1.082 millones, un 7,5% menos) y la creación de infraestructuras de carreteras (1.074 millones, un 6% más), a la que se sumarían otros 934 millones para conservación de carreteras (2,7% más).

En lo que se refiere a infraestructuras ferroviarias, el proyecto recoge 846 millones de euros (un 1,9% menos), aunque a eso deben sumarse los más de 4.000 millones de euros que las empresas públicas ADIF y ADIF Alta Velocidad planean invertir en el desarrollo y mejora de las redes.

Además, los servicios generales del Ministerio de Fomento absorberían 1.019 millones de euros (un 10,8% menos).

También llama la atención el recorte del 40% en los fondos para infraestructuras en comarcas mineras del carbón, que pasa de 50 a 30 millones de euros de dotación.

Un alza del 3,3% en la inversión real gestionada por el Estado

En lo que se refiere a inversiones reales, de los 13.231 millones de euros reflejados en el informe económico, la parte de la inversión consolidada en el actual proyecto de ley es la que corresponde a Estado y organismos autónomos, y ascendería a 5.123 millones de euros, un 3,3% más que en las cuentas de 2015.

De esos cinco mil millones, el Estado gestionaría casi el 70% -3.578 millones de euros-, mientras que los organismos autónomos se encargarían del 20,3%, la Seguridad Social de un 4,4% y las agencias estatales de otro 4,1%.

Más de la mitad de esas inversiones (el 55,8%) se dedicarían a infraestructuras, un área que ya hemos detallado más arriba.

El mayor volumen de gestión de la inversión se concentra en los ministerios de Fomento, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y Defensa, que suponen en conjunto un 71,3% de la inversión real total.

Así, según el informe económico del proyecto de ley, la inversión del Ministerio de Fomento y sus organismos y agencias sería de 1.858 millones de euros, lo que representa un aumento del 2,7% respecto a 2015. Más del 80% de esos recursos se destinarán a infraestructuras hidráulicas o relacionadas con la calidad de las aguas, mejora del medio ambiente, las actuaciones en costas y prevención de la contaminación.

La inversión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sumaría 1.250 millones de euros, un 3,3% menos que este año.

También se reduciría la inversión gestionada por el Ministerio de Defensa, que dispondría de 542 millones de euros (-2,1%) para destinarlos a programas de apoyo logístico y modernización de las Fuerzas Armadas.

Entre los ministerios que cuentan con una menor partida destinada a inversiones destaca el alza experimentada en la del Ministerio de Justicia, que sube más de un 25%, hasta rozar los 100 millones de euros. Gran parte de esos fondos se destinarán al plan iniciado en 2015 para implantar la administración electrónica.