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Libertad bajo fianza para David Marjaliza, el socio de Granados en la Operación Púnica

  • Para salir de la cárcel tendrá que depositar una fianza de 100.000 euros
  • Le deja en libertad por colaborar "positivamente" en la investigación
  • Deberá comparecer quincenalmente en el juzgado y se le retira el pasaporte

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Fachada de la Audiencia Nacional.
Fachada de la Audiencia Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha impuesto una fianza de 100.000 euros para eludir la prisión a David Marjaliza, socio del exconsejero madrileño Francisco Granados (PP) en la trama de corrupción Púnica, por haber colaborado con la investigación "admitiendo hechos" y "aportando evidencias".

El magistrado ha levantado la orden de prisión incondicional, que dictó el 31 de octubre de 2014. Ha adoptado esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción planteara dejarle en libertad bajo fianza de 250.000 euros, al entender que al haber colaborado de forma positiva con la investigación (el pasado verano declaró trece horas a petición propia) se ha visto disminuido el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

Según el auto del juez al que ha tenido acceso Efe, Marjaliza "ha adoptado una dinámica de colaboración con la justicia, admitiendo hechos, aportando evidencias documentales incriminatorias y auxiliando al juzgado en la recuperación de activos de origen delictivo".

"La investigación ha recibido, además, informaciones que han procedido de sus testaferros y colaboradores más inmediatos", añade el juez en su resolución. Dicha colaboración, continúa Velasco, "ha hecho disminuir los riesgos de alteración y destrucción de las fuentes de prueba", y la imposición de la fianza se produce tras una "intensa" investigación sobre su participación en la trama Púnica de corrupción.

Medidas cautelares

Indica que, aunque dicha investigación no está concluida, "las fuentes de información y de prueba se han asegurado con la práctica de numerosas diligencias de investigación, de entradas y registros relacionados con David Majaliza, sus familiares, testaferros y sociedades".

Así, destaca que se ha llevado a cabo "una vigorosa actividad de recuperación de activos y ganancias de origen delictivo, tanto en sus propiedades en España como en Suiza".

Marjaliza y Granados son los dos únicos imputados que permanecen en prisión por este caso desde octubre de 2014 y una vez que Marjaliza (que se encuentra en la prisión de Aranjuez) deposite la fianza, el juez anuncia que le impondrá como medidas cautelares la comparecencia quincenal, la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del territorio.

Además, deberá facilitar un teléfono y domicilio al juzgado y avisar de cualquier cambio.

Trece horas de declaración

Durante el último año Marjaliza ha prestado hasta 13 horas de declararación ante el juez Velasco en las que, según fuentes jurídicas, ha detallado el 'modus operandi' de la trama de corrupción y ha involucrado en sus actividades al consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid Jaime González Taboada, el exalcalde de Alcalá de Henares y diputado regional Bartolomé González (PP) y la parlamentaria de Ciudadanos y exconcejal del PSOE en Valdemoro Eva Borox.

A juicio del juez instructor, la colaboración con los investigadores que se desprende de las declaraciones de Marjaliza, que continúan bajo secreto de sumario, permitiría rebajar "una hipotética condena", lo que hace disminuir el riesgo de fuga.

De hecho, Velasco dedicó una de las doce piezas en las que despiezó el caso Púnica a Marjaliza, en la que mantiene bajo secreto esas trece horas de declaración.

El pasado julio, el juez dejó además en libertad bajo fianza de 40.000 euros a Ana María Ramírez, la secretaria y mano derecha de Marjaliza, que estaba en prisión también desde octubre de 2014.

Velasco decidió modificar su situación después de que declarara durante dos horas y media, días después de que lo hubiera hecho Marjaliza.

Está considerada la "mano derecha" de Marjaliza y en el registro de su casa se encontraron ocultos, detrás de cómodas, debajo de los colchones, dentro de una maleta y en bolsas situadas bajo las camas, documentos con correos sobre cuentas de S

Un patrimonio de más de 33 millones de euros

Marjaliza, al que la investigación atribuye un patrimonio de más de 33 millones de euros y la presencia en unas 150 empresas, está imputado por los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsificación documental y organización criminal.

Durante su declaración, las fiscales Anticorrupción llegaron a señalar que Marjaliza había cometido "absolutamente todos los delitos". "No podemos ahora ponernos a valorar y explicarle a su señoría todo lo que ha llegado a cometer. Nos ha llamado la atención que cuando nosotros nos planteábamos qué delitos contra la corrupción había cometido David, a la conclusión a la que hemos llegado es... ¿cuál es el que no ha cometido?. Porque es que los ha cometido absolutamente todos. Cuando cogimos el Código Penal para decir 'este, este, este...' Los ha cometido absolutamente todos", decían, según la transcripción de la declaración, a la que tuvo acceso Europa Press.

Según Anticorrupción, Marjaliza utilizó sus "muchísimas influencias" en Valdemoro y en "otros muchos ayuntamientos" de la Comunidad de Madrid en los que operaba la trama Púnica para obtener contratos públicos a cambio del pago de comisiones ilegales.

Así, constituyó una organización criminal sustentada en "personas de su confianza" y actuó como "conseguidor" de la compañía Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, al lograr la adjudicación de contratos de eficiencia energética "fruto de sus contactos con alcaldes, concejales y técnicos".

También habría puesto en marcha una red de blanqueo de capitales con cuentas en Suiza y Costa Rica a su nombre y el de su mujer, Adela Cubas. Estos fondos, según las fiscales, fueron desviados a los depósitos de dos empresas y trasladados posteriormente a cuentas de Singapur. "Con el retorno del dinero a España, se cierra el círculo de la operativa de blanqueo", señalaban los jueces.

El patrimonio de Marjaliza era tal que el constructor llegó a construirse un zulo en su casa, situada en el número 14 de la calle Libertad de Valdemoro, al objeto de "ocultar obras de arte o dinero en efectivo".

Parte del caso bajo secreto de sumario

Tras levantar parcialmente el secreto de sumario el pasado junio y desvelar así el contenido de 40.000 folios y decenas de grabaciones de declaraciones, el juez también mantiene bajo secreto otra vertiente del caso, la referida a las comisiones rogatorias pedidas a varios países.

En concreto,  Velasco ha reclamado información de movimientos bancarios a seis países en tres continentes -Holanda, Costa Rica, Panamá, Suiza, Liechtenstein y Singapur- y todavía está pendiente de recibir algunas respuestas.

Desde septiembre, el juez ha estado también tomando declaración a 40 personas, aproximadamente la mitad imputados y la otra mitad testigos, vinculadas todas ellas con municipios de la Comunidad de Madrid y la de Valencia, y relacionados con las últimas confesiones que hizo Marjaliza, que permanecen bajo secreto de sumario.

En noviembre Velasco ordenó la detención de Ignacio Palacios, exjefe de gabinete y presunto testaferro de Francisco Granados, y de su mujer, y el registro de su domicilio en Madrid y de dos propiedades de Granados, una en Ávila y otra en Valdemoro.

Tras comparecer ante el juez, Palacios, considerado mano derecha de Granados, para quien trabajó en la Comunidad de Madrid como jefe de gabinete en la Consejería de Transportes primero y luego en la de Presidencia, Justicia e Interior, quedó en libertad bajo fianza de 30.000 euros y su mujer de 5.000.

El caso Púnica cuenta ya con más de un centenar de imputados, entre los que figuran los exconsejeros de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria y Lucía Figar.