Exasesores del PP valenciano revelan presiones para donar 1.000 euros que les devolverían en billetes de 500

• Se les pedía como una contribución para financiar la campaña electoral
• Varios asesores se negaron a dar dinero y el partido no renovó sus contratos
• Una decena de concejales y exconcejales del PP declaran en el caso Imelsa
• Novo, sucesor de Barberá, declarará como imputado por blanqueo el miércoles

La concejal popular en Valencia María Angels Ramón Llin saliendo de la Comandancia de la Guardia Civil.

Exasesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia han revelado que fueron objeto de presiones para que realizaran donaciones de 1.000 euros dedicadas a financiar la campaña electoral del partido que les serían devueltos al día siguiente en efectivo, en billetes de 500.

Según estas prácticas, se llamaba a los asesores y concejales para hacerles la propuesta de hacer una "donación" de 1.000 euros al partido que, según se les explicaba, sería después devuelta, pero no mediante transferencia bancaria, sino en efectivo, con dos billetes de 500 euros.

Las fuentes consultadas por Europa Press apuntan a la secretaria del grupo popular, María del Carmen García Fuster -detenida en la Operación Taula-, aunque no siempre era ella quien realizaba las llamadas y proposiciones.

Al menos cuatro extrabajadores -según ha trascendido, Nuria Diego, Arantxa Martí, Patricia Iserte y Jesús Gordillo- rechazaron aceptar ese ofrecimiento, pese a que existían amenazas y presiones en el ámbito laboral. Además, las mismas fuentes aseguran que hubo compañeros que fueron "engañados" y no se les explicó bien lo que se pedía.

La investigación contra una supuesta trama de corrupción que se está desarrollando en la denominada Operación Taula se extiende a una presunta financiación ilegal del PP valenciano y, también, al blanqueo de capitales. Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para presuntamente obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos.

Se investigan contratos desde 2003 y las pesquisas se centran en la empresa Imelsa, de la Diputación de Valencia, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia,  Ciegsa (empresa creada por la Generalitat para la construcción de infraestructuras educativas) y la Fundación Jaume II El Just, también dependiente de la Generalitat, por realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales, informa el TSJ de la Comunidad Valenciana.

Actualmente, hay abiertas varias vías de investigación y, entre ellas, se estudia la posibilidad de que se hubiera incurrido en financiación ilegal del PP valenciano y que algunos altos cargos 'populares' tuvieran conocimiento de estos hechos.

60 euros al mes y 1.000 en campaña

La portavoz adjunta del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Maria Àngels Ramon-Llin, explicó que "no es una novedad" que "todos los miembros del grupo 'popular', desde hace tiempo", aportan "una cantidad de 60 euros mensuales" a la formación.

"Creo que es una cuestión que se realiza por cualquier cargo público de cualquier formación política", añadía, al tiempo que apuntaba que "en un momento determinado de la campaña electoral se aportaron 1.000 euros" y que esto "ya está como algo absolutamente normal" y "sin más trascendencia".

Subrayó, preguntada por si esos 1.000 euros "se devolvieron en billetes", que a ella no se le hizo devolución. "A mí no se me devolvieron y no tengo constancia de que eso se produjera", según Ramón-Llin.

Este viernes, antes de entrar a declarar en la Comandancia de la Guardia Civil de Patraix -por donde están pasando decenas de ediles, exconcejales y trabajadores en calidad de investigados o testigos- ha vuelto insistir en que los que deben estar preocupados son aquellos a los que sí se les devolviera el dinero.

Declaran concejales y exconcejales del PP

Hasta el momento se han presentado para declarar en el cuartel los concejales María Ángeles Ramón-Llin, Félix Crespo, Alberto Mendoza, Cristóbal Grau, Vicente Igual y Beatriz Simón; y los exconcejales Ana Albert y Silvestre Senent, todos en calidad de investigados (imputados).

Preguntados por los hechos que investiga la Guardia Civil en relación al supuesto cobro de comisiones o posibles casos de blanqueo o financiación ilegal del partido, no han realizado declaraciones.

Según explicaron el jueves a Efe fuentes cercanas al grupo municipal del PP, varios asesores del grupo municipal se negaron a hacer donaciones de mil euros que les pidió el partido durante la última campaña para las elecciones municipales. Una vez que se negaron a hacer tal contribución, no se lo volvieron a pedir, pero sus contratos no fueron renovados tras los comicios del pasado mes de mayo.

Las mismas fuentes admitieron a Efe que durante la pasada campaña electoral, alguien en nombre de García Fuster, actualmente en libertad con cargos, les solicitó el dinero y les explicó que se les devolvería.

El juez cita a Alfonso Novo por presunto blanqueo de capitales

Además de las citaciones de la Guardia Civil, el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha citado al actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, Alfonso Novo, para declarar como investigado -la figura que ha sustituido a la de imputado- para el próximo miércoles por un supuesto delito de blanqueo de capitales.

Novo deberá comparecer por estar, junto a otra persona que también declarará como investigada, autorizado para disponer de la cuenta de la Agrupación local del Partido Popular.

Este dirigente 'popular' está suspendido cautelarmente de militancia del PP hasta que preste declaración judicial, según acordó el martes el Comité de Derechos y Garantías del PPCV a raíz de la citada operación.

El sucesor de Rita Barberá al frente del PP local acudió el miércoles a declarar al cuartel de la Guardia Civil del distrito de Patraix junto al asesor de su grupo municipal Luis Salom y la secretaria Carmen García Fuster, una de las 24 personas detenidas en la Operación Taula.