Chaves y Griñán ratifican que "nunca aprobaron una decisión ilegal" sobre los ERE

• José Antonio Viera ha respondido solo a las preguntas del magistrado
• Los tres han llegado a los juzgados entre gritos de "chorizo"
• Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo y Gaspar Zarrías declararán como investigados

Chaves y Griñán defienden legalidad de los ERE y ratifican lo dicho en el Tribunal Supremo

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera han comparecido este miércoles como investigados ante el juez que investiga el caso de los ERE y se han limitado a ratificar las declaraciones que ya hicieron en abril de 2015 por esta misma causa ante el Tribunal Supremo.

El juez Alvaro Martín, en el marco de la pieza del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas, los citó a declarar a petición de la Fiscalía Anticorrupción y a fin de "garantizar" tanto su derecho de defensa como el principio de igualdad de las partes ante el proceso.

El primero en declarar ante el magistrado ha sido Manuel Chaves, que estaba citado a las 10.00 horas. Ha llegado a las 9.45 hora hasta la puerta de los juzgados en coche y custodiado por un férreo control policial.

En las puertas de los juzgados le esperaban decenas de medios de comunicación y ciudadanos, entre ellos miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca, quienes, al igual que ha ocurrido posteriormente con Griñán y Viera,  le han increpado con gritos de 'chorizo', 'no hay pan para tanto chorizo', 'PSOE-PP, la misma mierda es', o 'manos arriba, esto es un atraco'.

Ante los juzgados también se han congregado varios ciudadanos con pancartas en las que aluden a las primeras prescripciones previstas en los ERE porque las imputaciones se hicieron diez años más tarde de que las empresas recibieran las ayudas.

Nunca "aprobó una decisión ilegal"

En su comparecencia, que ha durado treinta minutos, Chaves no se acogido formalmente a su derecho constitucional a no declarar, puesto que, tras la primera pregunta formulada por el magistrado, se ha ratificado "íntegramente" en la declaración que prestó el 14 de abril de 2015 en el Tribunal Supremo cuando era diputado, y por tanto, aforado. No ha contestado a las preguntas del Ministerio Público ni a una que le ha hecho el PP.

En un comunicado que ha entregado a los periodistas el abogado de Chaves, ha asegurado este miércoles que durante su mandato, que se prolongó 19 años entre 1990 y 2009, en los Consejos de Gobierno que presidió "nunca se impulsó, se mantuvo o se aprobó una decisión ilegal".

También ha afirmado que se ha ratificado íntegramente en la declaración que hizo en el Supremo, donde compareció durante varias horas y contestó a todas las preguntas que le hizo la Fiscalía y el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro, que le imputó prevaricación administrativa.

"Desde el pasado 4 de abril -cuando declaró en el Supremo- no se ha producido novedad alguna en relación con los hechos por los que presté declaración ante el Tribunal Supremo. Nada ha cambiado y mi posición no ha variado, por lo que la he ratificado en todos sus términos" ante el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, ha concluido el expresidente.

Una vez Chaves ha ratificado la declaración prestada en el Supremo, la Fiscalía Anticorrupción ha dejado consignadas por escrito entre 15 y 20 preguntas sobre diversas ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla o vinculadas también a Juan Francisco Trujillo, exchófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

De su lado, la acusación particular que ejerce el PP-A también ha hecho constar una pregunta a Chaves sobre si el Consejo de Gobierno de la Junta acordó en su reunión del 24 de julio de 2001 un préstamo de 3,6 millones a la empresa Promi y, cinco años después, se concedió una ayuda por ese mismo importe y con cargo a la partida 31L, ya que el PP-A considera que se trató de una ayuda "a fondo perdido" y a través de la cual "se demostraría su participación en la dación de ayudas ilegales".

Griñán advierte de los "efectos mediáticos" de su nueva declaración

Tras Chaves, ha comparecido ante el juez el también expresidente de la Junta José Antonio Griñán, quien igualmente ha ratificado la declaración que prestó el día 9 de abril de 2015 en el Supremo en calidad de "imputado".

También Griñán ha emitido un comunicado tras su comparecencia ante el magistrado, que se ha prolongado desde las 10.46 hasta las 11.10 horas. Griñán explica que la providencia de citación, del pasado día 4, explicaba la necesidad de ser oído, "en calidad de investigado, por no haberlo sido en el seno de las diligencias previas 174/11", y para garantizar su derecho a la defensa y el principio de igualdad de las partes ante el proceso.

Sin embargo, José Antonio Griñán considera que tanto su derecho a la defensa como la igualdad de las partes quedaron plenamente satisfechos en su comparecencia ante el TS. "En consecuencia, en la comparecencia de hoy me he limitado a ratificarme en la que hice en esa fase del proceso", indica en el comunicado.

"Nada añadiría una nueva declaración salvo la propia comparecencia y sus efectos mediáticos", asevera el expresidente de la Junta en su comunicado.

"Presiones" del Gobierno

Por otro lado, el abogado de Griñán ha denunciado que el Gobierno español "presionó" para que hiciera el "paseíllo" en los juzgados de Sevilla y declarara por el caso de los ERE con el objetivo de tapar los nuevos casos de corrupción desvelados tras las elecciones generales.

El letrado José María Mohedano ha dicho a los periodistas que un ejemplo de la presión del Gobierno para que se celebrara esta declaración la ejerció cuando el Fiscal Jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, estuvo recientemente en Sevilla instando a que declararan Griñán y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves.

Mohedano también ha criticado que la Fiscalía pidiera 18 meses más para la instrucción del caso de los ERE, que lleva instruyéndose desde 2011, y ha pedido que se cierre ya porque "esto no es un show" para compensar otros casos de corrupción.

Viera también se ratifica

El último en comparecer ante el juez ha sido el exconsejero José Antonio Viera, quien también ha ratificado la declaración que hizo en el Supremo el día 7 de abril de 2015 tras señalar que únicamente contestaría a las preguntas que formulase el magistrado, que no ha realizado ninguna.

En el caso de Viera, el PP-A ha hecho constar por escrito una pregunta relativa a si el convenio-marco de 2001 se firmó "para conceder ayudas aleatoriamente a empresas y personas afines al PSOE".

El próximo día 30 de marzo, el juez ha citado a declarar también como investigados en la pieza del procedimiento específico a los exconsejeros Antonio Avila, Carmen Martínez Aguayo y Gaspar Zarrías.

Una pieza de procedimiento específico

El juez de refuerzo Álvaro Martín ha citado a los tres dentro de la pieza de los ERE denominada del procedimiento específico, que fue el creado por la Junta de Andalucía para ayudar a empresas en crisis y que supuso el desembolso de 855 millones de euros entre los años 2000 y 2012, según dijo la magistrada que abrió el caso, Mercedes Alaya.

En esta pieza del procedimiento específico, en la que se investigan los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, se incluyen como investigados, antes imputados, a 51 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, aunque el juez no ha precisado aún los delitos que imputa a cada uno de ellos.

Esta pieza, la más avanzada en el caso y que el juez podría remitir a la Audiencia de Sevilla este año para que sea la primera que se enjuicie, se considera clave porque afectará al resto de la causa, en la que hay 275 imputados y se empezó a instruir hace cinco años.