Blesa, investigado por la presunta concesión de hipotecas sobrevaloradas por parte de Caja Madrid

• La Audiencia Nacional cree que esa práctica fue "sistemática" al admitir una querella
• Investigados más directivos por delitos de estafa, administración desleal y asociación ilícita
• Por el momento, el juez analiza lo sucedido con las tasaciones entre 2003 y 2009
• Anticorrupción se opuso a investigar por considerar que la sobrevaloración fue "generalizada"

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido una querella contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y otros responsables de la entidad por la presunta concesión sistemática de hipotecas con tasaciones sobrevaloradas entre 2003 y 2009. El magistrado -que tomará declaración a todos ellos como investigados por delitos de estafa, administración desleal y asociación ilícita- señala en un auto (ver. PDF) que los hechos que se investigan en esta nueva causa podrían haber repercutido gravemente en la economía nacional.

Además de Blesa, ante el magistrado declararán Ildefonso Sanchez Barcoj, exresponsable de la Dirección General Financiera y de Medios; el exgerente de riesgos Ramón Martínez Vilchez y el ex director general de Tasaciones Madrid Ignacio de Navascues. Además, el magistrado requiere a Bankia, como sucesora de Caja Madrid, que le certifique quiénes integraban entre 2003 y 2009 el consejo de administración de la entidad, la comisión ejecutiva, la comisión de control, la dirección general financiera y de medios y la gerencia de riesgos.

La querella que ahora se va a investigar relata las conductas acontecidas en Caja Madrid entre 2003 y 2009, "en el período anterior al estallido de la crisis y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria", en relación con lo que los querellantes califican de "práctica sistemática de sobrevalorar inmuebles constituidos en garantías de préstamos hipotecarios y la concesión de préstamos que no debieron haberse concedido" en algunos casos por encima del 100% del precio de compraventa de los inmuebles.

Además, según la querella, las anteriores prácticas habrían servido a los directivos de Caja Madrid para "garantizar indebidamente emisiones de cédulas y bonos hipotecarios que emitieron para aumentar su liquidez".

La Fiscalía Anticorrupción se había opuesto a la admisión de la querella argumentando, entre otras razones, que esa práctica de sobrevalorar las tasaciones fue generalizada y que los hechos de la querella no tenían relevancia penal. En este sentido, De la Mata señala que "el hecho de que la sobrevaloracion de las tasaciones pudiera haber sido en España y otros países una práctica generalizada en el período anterior al estallido de la crisis de 2008 y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria no puede sin embargo justificar cualquier práctica".

Sin embargo, el magistrado argumenta que sí procede investigar las conductas y asegura que de tener relevancia penal encajarían en delitos que son competencia de la Audiencia Nacional en tanto que esos hechos habrían ocasionado una grave repercusión en la economía nacional, al haber afectado a miles de clientes y haber producido pérdidas millonarias a la entidad.

"Se daban hipotecas a clientes sin ingresos regulares", dice el Banco de España

No obstante, antes de admitir la querella el juez De la Mata pidió un informe de la Inspección del Banco de España. En él, el organismo señala que ya advirtió en su día a Caja Madrid de la necesidad de tener "una normativa expresa y detallada de orden interno" sobre los requisitos para adjudicar créditos hipotecarios en esa época.

Según el Banco de España, Caja Madrid introdujo en 2003 un modelo de scoring (sistema utilizado para medir la solvencia de los clientes), pero carecía de una normativa expresa y detallada sobre los tipos de ingresos y la documentación admisible para titulares y fiadores. "La ausencia de dicha normativa impedía que la auditoría interna pudiera sancionar las debilidades respecto al tipo de ingresos computados", señala el supervisor.

El organismo señala además que la "agresiva política comercial" llevada a cabo entre 2005 y 2007, unida a la ausencia de políticas claras respecto al scoring de concesión -que no era decisivo en la concesión de operaciones- motivó que en los ejercicios 2006-2008 aumentara el peso de las operaciones formalizadas y que deberían haber sido rechazadas (las denominadas operaciones forzadas).

Así, el Banco de España advirtió de que "en muchos casos las operaciones analizadas estaban mal concedidas desde su inicio" ya que se daban a "clientes sin ingresos regulares" o con un alto nivel de endeudamiento. Y destaca que "el importe de muchos créditos era equivalente o superior al 100% del valor del activo".

De hecho, hasta 2007, el modelo de scoring, el sistema utilizado para medir la solvencia de los clientes, "no contemplaba como factores dieferenciadores de riesgo la nacionalidad" y que "los informes de auditoría interna reiteran en estos años una deficiencia sobre la capacidad de pago" del cliente.

El supervisor señala también que las tasaciones que se utilizaban como referencia para dar las hipotecas, todas ellas hechas por Tasa Madrid, "no se ajustaban a la realidad del mercado" y eran "de baja calidad". "Por todo ello se proponía que se recomendara a la entidad que exigiera a Tasa Madrid una mayor exactitud en la fijación de los valores de tasación de los inmuebles", se limita a decir el organismo.

De esta forma, la tasa de mora ascendió desde el 0,31% en diciembre de 2005 hasta el 8,4% en marzo de 2009, debido al impacto de las operaciones captadas a través de intermediarios financieros, tasaciones sobrevaloradas y ciudadanos extranjeros.

El informe también indica que "queda la duda del nivel de aprobación de estas políticas de scoring y de los documentos donde quedan reflejadas, así como de la información que se le pasa al Consejo o a un órgano superior, dado que no se ha recibido ningún documento de políticas y en la actas del Consejo no se ha leído nada acerca de este tema".

La querella señala que la tasadora del grupo sobrevaloraba los inmuebles

Tras este informe, el juez de la Audiencia Nacional concluye que todo lo anterior "sustenta muy indiciariamente las afirmaciones realizadas en la querella". Fundamentalmente, que la tasadora del grupo, Tasaciones Madrid, valoraba de forma sistemática los inmuebles hipotecados por encima del precio de los mismos, "pareciendo con ello que no se concedían préstamos hipotecarios por encima del 100% del valor hipotecado".

Esto fue lo que, señala el juez, permitió ocultar la concesión de préstamos "por encima del 100% del precio de la compraventa", además de dar hipotecas "de 20 o más años a personas extranjeras con permisos temporales de residencia y trabajos de uno o dos años de validez".

Todos estos factores, según el auto, "derivaron en una cartera hipotecaria de alto riesgo que en ciclos de recesión, como el actual, explicaron la mayor mora comparada con el resto de las entidades del sistema y, subsiguientemente, la acumulación de pérdidas para la entidad".

En relación con las mencionadas pérdidas el juez recuerda la posición destacada de Bankia en el mercado financiero español, que llegó a tener millones de clientes y un negocio crediticio de 186.000 millones de euros, así como el impacto que ha originado en el sistema económico español su situación financiera "y los miles de millones de caudales públicos que han debido de ser inyectados en la misma para sanearla".

Para iniciar la investigación el juez requiere a Bankia numerosa documentación, entre otras los documentos sobre su política de scoring o sistema de evaluación ante las solicitudes de préstamos en los años cuestionados, así como informes de tasaciones realizados por Tasa Madrid.