La fiscal mantiene la petición de cuatro años de cárcel para Flores pero rebaja la de los doctores Viñals

• También rebaja la petición para dos responsables de Diviertt y uno de Seguriber
• El juicio del Madrid Arena afronta la presentación de sus conclusiones finales
• Manos Limpias queda apartado del juicio al no comparecer a la sesión

La Fiscalía mantiene la petición de cuatro años para Flores y rebaja la pena para los doctores del Madrid Arena

La Fiscalía mantiene la petición de pena de cuatro años de prisión para el promotor de la fiesta de Halloween del Madrid Arena Miguel Ángel Flores, a quien considera responsable de la muerte de cinco jóvenes por el exceso de aforo que se registro en la fiesta, pero la ha rebajado de dos años y medio a un año y medio de cárcel para los jefes del equipo médico del evento, Simón y Carlos Viñals.

Tras casi tres meses de juicio del Madrid Arena, en la primera sesión de las conclusiones finales la fiscal Ana Muñoz ha rebajado también la petición de pena al director general y número dos de Diviertt, Santiago Rojo; al jefe de personal y número tres de Diviertt, Miguel Ángel Morcillo; y al jefe de equipo de Seguriber durante la fiesta, Jose Antonio Díaz Romero.

Para todos ellos, ha solicitado dos años y seis meses de prisión en vez de tres años de cárcel, aunque ha mantenido la acusación por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave -uno para cada una de las cinco jóvenes fallecidas en la tragedia- y 16 delitos de lesiones por imprudencia grave.

Eso sí, ha retirado la acusación contra el técnico de operaciones de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (Madridec) Jose Ruiz Ayuso, quien ha roto a llorar poco después.

Imputación de homicidio por imprudencia grave para los médicos

Así, la mayor pena de la Fiscalía de Madrid se solicita para Flores, cuatro años de cárcel y una petición de seis años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de empresario u organizador de fiestas.

Con todo, la principal novedad en el escrito del fiscal es la reducción en la pena que ha solicitado para los médicos Simón Viñals y su hijo Carlos, que se enfrentaban a dos años y medios de prisión para cada uno por la supuesta comisión de tres delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, que ahora ha rebajado a un año y seis meses al imputarles solo un homicidio por imprudencia grave.

Sobre la actuación médica, la representante del Ministerio Público carga contra los Viñals por faltar a "las normas más elementales de la asistencia médica y sanitaria" a las que tenían obligación como el hecho de no utilizar un desfibrilador ni tratar de obtener el acceso a las vías vasculares ni administrar fármacos, entre otras prácticas.

Destaca que ambos realizaron "insuficientes y deficientes compresiones torácicas" sobre dos de las jóvenes que llegaron a la enfermería, "omitiendo varias de las actuaciones indicadas para una reanimación cardiopulmonar de calidad".

En cuanto al resto de procesados, la fiscal ha mantenido la petición de tres años de prisión para el director de departamento de seguridad de Madridec, Rafael Pastor; el coordinador de proyectos del departamento de operaciones de Madridec, Francisco del Amo López; y los jefes de Seguriber Juan José París Nalda y Raúl Monterde Guillermo.

Tampoco ha modificado la pena para el jefe de equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero; el vigilante de seguridad Roberto Mateos García; y los socios de Control 34 Carlos Manzanares Rodríguez y Emilio Beillard Cueto.

En cuanto a las indemnizaciones, la Fiscalía pide que se realicen de forma conjunta y solidaria entre los catorce procesados. Para los familiares de Katia Esteban, Cristina Arce, Belén Langdon, y María Teresa Alonso, solicita que indemnicen a los padres con 173.990 euros por el daño moral y a sus hermanos, con cantidades como máximo de 164.500 euros. En el caso de los familiares de Rocío Oña, se pide que se abone a los padres 243.587 euros.

Las entradas vendidas superaban en 6.000 el aforo máximo

En relación a las causas de la tragedia, la fiscal sostiene que la noche de la madrugada del 1 de noviembre de 2012 en el pabellón Madrid Arena acabó con el fallecimiento de tres jóvenes y otras dos los días posteriores debido a las avalanchas provocadas por "la aglomeración de personas" en los vomitorios.

En su escrito de conclusiones, la Fiscalía señala que el promotor de la fiesta, Miguel Ángel Flores, vendió 16.493 entradas y no 22.800 como había recogido en su escrito de acusación provisional. Es decir, que las entradas vendidas superaban en casi 6.000 el aforo máximo de 10.620 personas.

En concreto, Miguel Ángel Flores, según la fiscal, vendió "un número no inferior a 10.915" entradas físicas, sin que conste el número exacto, y 5.578 entradas a través de internet.

El aforo (10.620 personas) estaba dividido por plantas: 3.000 personas en cota 11, 3.920 en cota 5 y 3.700 en cota 0, donde se encontraba el vomitorio en el que ocurrió la avalancha que costó la vida a cinco jóvenes.

Según el Ministerio Público, los acusados Francisco del Amo, Santiago Rojo, Miguel Ángel Morcillo, José Antonio Díaz Romero y Miguel Ángel Flores deberían haber ordenado "la correcta distribución de los asistentes por las distintas plantas del pabellón".

En su lugar, Morcillo abrió las puertas de cristal situadas en el muelle Mónico, consideradas vías de evacuación y por las que accedieron los asistentes durante 30 minutos, dirigiéndose muchos de ellos directamente a la pista y "contribuyendo con ello a la saturación" del túnel mortal.

La Fiscalía también acusa a los controladores de acceso (personal de Kontrol 34) de no distribuir a los jóvenes por plantas "de forma que no hubiera en cada una de ellas más asistentes de los autorizados por Madridec".

Estos controladores recibieron órdenes de Flores y de los socios de Kontrol 34, Carlos Manzanares y Emilio Belliard, también acusados, para que las puertas de los vomitorios "permanecieran cerradas a fin de impedir el tránsito de asistentes por los mismos".

No acusa al responsable de la Policía Municipal

En cambio, la Fiscalía no formula acusación contra el que fuera máximo responsable de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, aunque las acusaciones han mantenido la pena contra él de tres años de prisión.

De hecho, las acusaciones particulares no han efectuado modificaciones en sus escritos, como tampoco las defensas, que han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y todos ellos han reclamado la libre absolución de sus clientes.

En el caso de los abogados de las víctimas, se reclaman penas de 15 y 20 años de prisión. Para Flores, reclaman 20 años de cárcel por cinco delitos de homicidio imprudente, penados con el máximo de cinco años.

Ahora bien, el abogado de Emilio Monteagudo ha destacado que la jefa policial del dispositivo del Madrid Arena, Cándida Jiménez, cometió delito de falso testimonio durante su declaración como testigo.

Manos Limpias, apartada del juicio al no comparecer

El sindicato Manos Limpias ha sido apartado del juicio del Madrid Arena tras no formular su escrito de conclusiones definitivas, al no haber comparecido en la sesión de la vista oral que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid.

Al comenzar la sesión de las conclusiones finales, la presidenta del tribunal, María Luisa Aparicio, ha advertido a la sala de que la ausencia del sindicato se interpreta como una salida del procedimiento al no formular su escrito de conclusiones.

Manos Limpias ejerce la acusación popular en la vista oral junto al Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid. Su salida del proceso se produce en el marco de la investigación contra los máximos responsables de Manos Limpias, Miguel Bernad, y de Ausbanc, Luis Pineda, acusados de extorsión, entre otros delitos.