Chaves y Griñán defienden la "legalidad" de la gestión de la Junta de Andalucía en los cursos de formación

• Chaves admite que "seguramente, no todo estaba bien" pero no ve "fraude"
• "Creo que fue una gestión razonablemente buena", dice el expresidente andaluz
• Griñán: Si hubo deficiencias no fueron de la Administración, "sino contra ella"

Chaves y Griñán niegan irregularidades pero admiten errores en la gestión de los cursos de formación

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán han defendido que la Administración regional bajo su mandato actuó, en el caso de los cursos de formación, de acuerdo con la legalidad y que, en todo caso, "las deficiencias que han podido producirse no han sido de la Administración, sino contra ella", según ha defendido Griñán, matizando la declaración de un Chaves que admitió "errores" en la gestión de las ayudas públicas dedicadas a formación para el empleo.

Chaves y Griñán, por este orden, han acudido a la comisión parlamentaria que investiga el presunto fraude en los cursos de formación desde el año 2002, ante la que han coincidido en desvincular a la Junta de cualquier "fraude" o "ilegalidad" en la gestión de la formación profesional y las políticas de empleo.

Tanto uno como otro han sostenido antes de someterse a las preguntas de los grupos parlamentarios (IU, Ciudadanos, Podemos, PP y PSOE) que la Administración "ha actuado de acuerdo con la legalidad y mediante procesos reglados y garantistas", en palabras de Griñán.

Así, José Antonio Griñán, presidente entre 2009 y 2013, ha resaltado que el Interventor General de la Junta definió el procedimiento relacionado con las exceptuaciones en la justificación de ayudas como "garantista" y ha subrayado que "no existe en ninguna otra comunidad salvo en Andalucía".

"Era legal y no eximía de obligación de cumplimiento", ha defendido Griñán, quien ha añadido que "el fraude sería contra la Administración, y la Administración en todo caso debería perseguirlo, como lo hace con un defraudador en cualquier otro ámbito".

l expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, antes de comparecer ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz, sobre el presunto fraude de las ayudas a los cursos de formación. EFE

Traslado de las competencias de formación para el empleo

Griñán ha señalado que es cierto que en la Junta "existía un problema de escasez de recursos humanos", del que ha dicho que no era "gratuito" ya que el Gobierno andaluz "estaba obligado a ello" en virtud de la ley de presupuestos, que "desde 2010 cierra la apertura a cualquier aumento de la plantilla" de las administraciones públicas.

El expresidente ha explicado que el traslado de las competencias de formación profesional para el empleo a la Consejería de Educación se produjo porque, además de que figuraba en el programa electoral del PSOE para 2012, existían "reiteradas peticiones de las comunidades educativas para que toda la información se implicara en un mismo cometido sin deslindarla en dos ámbitos".

"Es un proceso difícil y complicado porque hay que hacer muchas listas pero se hace, y existe una fase de transición para que no haya ningún problema", ha detallado Griñán, quien ha añadido que las competencias volvieron a Empleo en 2015. Por este motivo ha considerado que la ministra de Empleo en funciones, Fátima Báñez, podría haber comparecido ante la comisión "para enriquecer sus trabajos" y haber acudido "solo a explicar las modificaciones de los marcos legales y cómo se pretendían cambiar los defectos que se habían advertido".

"Imposible" un sistema fraudulento tan grande

El expresidente ha señalado, a preguntas del PP, que nunca habló de formación con el exconsejero Ángel Ojeda -cuyas empresas recibieron presuntamente 33 millones en ayudas- y ha defendido al que fuera número dos del PSOE andaluz, Rafael Velasco, asegurando que dimitió "por motivos personales".

Griñán ha preguntado al PP si "que haya una investigación judicial significa que hay fraude o que puede haberlo" y ha espetado a su portavoz: "Si quiere convertir lo prejudicial en condena estamos en algo contrario al estado de derecho, y si trae una actuación penal del juzgado a la comisión transforma la comisión en algo para lo que no está creada".

El ex jefe del Gobierno andaluz, que ha negado haber dado nunca órdenes para saltarse la normativa vigente o dar trato de favor a alguien, ha calificado como "imposible" la existencia de un sistema diseñado para cometer un fraude con las ayudas de formación.

"La Junta de Andalucía tiene 260.000 empleados públicos, 33 secciones presupuestarias, 130 entes públicos y un gasto medio de 30.000 millones anuales. ¿Con estos datos es posible una concertación de intereses que llegara a todos los funcionarios, desde Almería hasta Cádiz? No es rocambolesco, es imposible", ha enfatizado.

Chaves: "Seguramente, no todo estuviera bien"

Antes que él, Chaves ha admitido antes de someterse a las preguntas de los grupos que "seguramente" "no todo estaba bien" en la gestión de la formación profesional y las políticas de empleo, pero ha recalcado que no cree que hubiera "ninguna ilegalidad" ni "ningún tipo de fraude en el seno de la Administración". "Creo que fue una ejecución y una gestión razonablemente buena", ha sentenciado.

Chaves, que fue presidente de la Junta entre los años 1990 y 2009, también se ha empeñado en desvincular a la Junta y así mismo de cualquier responsabilidad en este caso, al señalar que, de haberse cometido actos ilícitos, "sería por parte de quien los cometió, no de ningún directivo de la Administración", y ha reiterado que la ejecución fue "positiva, razonable, útil y eficaz".

"Lo repetiré hasta el fin de mis días: durante mis años de Presidencia, nunca he tolerado, impulsado o mantenido ninguna ilegalidad en ningún ámbito", ha enfatizado.

Chaves, sobre los cursos de formación: "Nunca firmé ninguna decisión ilegal"

La mayoría de los portavoces de los grupos políticos han preguntado a Chaves por las exceptuaciones en la justificación de algunas ayudas, a lo que ha respondido que desconoce el número exacto porque "era exclusiva competencia del consejero" del ramo, de forma que "no pasaban por el Consejo de Gobierno".

Chaves: se está "inflando un tema que no lo merece tanto"

Ha dicho, además, que en aquel periodo nadie "alertó", ni siquiera los medios de comunicación, al respecto, por lo que ha considerado que se está "inflando un tema que no lo merece tanto", entre otras cosas porque la exceptuación "no es un perdón" y nadie puede "librarse" de justificar el pago de la subvención.

Aunque ha subrayado que tiene "plena confianza" en los dos consejeros que gestionaron estas políticas durante su mandato, en referencia a José Antonio Viera y Antonio Fernández, ha señalado que los tribunales tendrán que pronunciarse y la comisión de investigación decidir "si hubo o no responsabilidades políticas" de estos, que "tenían sus competencias y autonomía" para la gestión.

"Si me quiere hacer responsable político como presidente, lo puedo entender porque lo tienen claro desde el primer día de esta comisión", le ha respondido al PP al final de su comparecencia, pero ha añadido: "Si me quieren hacer responsable político de lo que ha hecho un funcionario, un director, o incluso un consejero, no tengo esa responsabilidad porque tienen toda la autonomía".

No es la primera vez que Chaves y Griñán comparecen ante una comisión de investigación, pues ambos acudieron a declarar en el verano de 2012 ante la del caso de los ERE. La actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, cerrará el martes por la tarde la primera ronda de comparecencias ante la comisión de investigación. Hasta entonces, en esta comisión, que preside el grupo de Ciudadanos, habrán pasado 69 personas tras casi tres meses de comparecencias.