La comisión parlamentaria andaluza culpa a Chaves y Griñán del fraude de los cursos de formación

• Así se apunta en la propuesta de dictamen de esta comisión de investigación
• Señala especialmente a Chaves como responsable 'in eligendo' e 'in vigilando'
• Extiende a todos los responsables de Empleo reproches por falta de "celo"

La comisión parlamentaria andaluza señala a Griñán y Chaves como responsables del fraude de los cursos de formación

La comisión que ha investigado en el Parlamento andaluz las subvenciones a la formación de la Junta de Andalucía señala como responsables políticos a los expresidentes Manuel Chaves y Manuel ChavesJosé Antonio Griñan, al haber ejercido la "superior dirección y coordinación de todas las consejerías", según su propuesta de dictamen.

En las conclusiones no se habla de menoscabo de fondos públicos, aunque en uno de los apartados del dictamen se recuerda que el exinterventor de la Junta Adolfo García Hernández apuntó, en el informe de actuación que emitió sobre la provincia de Huelva, a que pudo haberse dado esa circunstancia.

En la propuesta, que ha sido presentada ante el Registro del Parlamento y a la que ha tenido acceso a Efe, se indica que Chaves y Griñán, durante el periodo de tiempo investigado, han sido responsables de los nombramientos de los diferentes titulares de la Consejería de Empleo "y han ejercido la superior dirección y coordinación de todas las Consejerías y como tales son responsables".

Responsabilidad 'in eligendo' e 'in vigilando'

En concreto, se indica que Chaves, como presidente del Gobierno andaluz desde el traspaso de las competencias en materia de Empleo y Formación y hasta abril del 2009,  tiene responsabilidad "in eligendo" e "in vigilando" a lo largo de sus años de Presidencia de la Junta.

Mientras, se considera que Griñán sería responsable "in eligendo" por el nombramiento de los titulares de las Consejerías de Empleo durante su periodo de Presidencia de la Junta.

En el caso de este último, se tiene en cuenta que en el 2011 paralizó la convocatoria de subvenciones de formación para el empleo y en el 2012 las destinadas a los consorcios.

Señala a los responsables de Empleo

El documento de síntesis elaborado por el presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos), señala como responsables de las "incidencias e irregularidades" detectadas en la gestión de las subvenciones a todos los consejeros de Empleo y los viceconsejeros competentes en materia de Formación Profesional para el Empleo desde el año 2002 hasta el 4 de mayo del 2012 (el primer gobierno de Susana Díaz se constituyó en septiembre del 2013).

También considera responsables a los titulares de la Dirección del Servicio Andaluz de Empleo (SAE); a los de las delegaciones territoriales de la Junta con competencias en Formación para el Empleo; y a los titulares de las delegaciones provinciales del SAE.

Incluye igualmente como responsables a los titulares de las secretarías generales con competencias en esta materia y los de las direcciones generales con competencias en Formación para el Empleo.

Falta de "celo" político

El documento considera constatado que la actuación de los responsables políticos que se han ido sucediendo en la Consejería ha ido marcada por una "gran falta de coordinación, comunicación y continuidad en la gestión", lo cual ha contribuido a los "desórdenes" e incidencias puestas de manifiesto.

Considera la comisión que la "falta de agilidad y celo" en la actuación de los responsables políticos ha sido especialmente "evidente" respecto a la falta de medios personales para una gestión "adecuada" de estas políticas.

"Consecuencia directa de esta falta de personal ha sido el retraso en las tareas de comprobación técnico-económica de la justificación de los expedientes (...), lo que obedece también a la mala gestión y planificación por parte de sus responsables y a propias decisiones políticas", asegura.

En la propuesta de dictamen se llega a la conclusión de que no se han establecido directrices unitarias y conjuntas que se hayan sucedido en el tiempo, como se ha "puesto de manifiesto por los diversos directores generales que se fueron sucediendo, llamando especialmente la atención la brevedad de su tiempo en el puesto".

Ello indica, según el dictamen, la falta de planificación y coordinación a la hora de gestionar estas políticas de empleo.

Entre las 52 recomendaciones incluidas, se propone una regulación integral de las comisiones de investigación, donde se establezcan de forma expresa "y con meridiana claridad" todos los procesos, relaciones y elementos que le son propios a fin de evitar lagunas, facilitar su desarrollo y, en definitiva, poder alcanzar con plenas garantías el cumplimiento de los objetivos propuestos en cada caso.