La Unión Europea declara ilegales los sobrecostes por llamar a teléfonos de posventa como el 902

• El Tribunal de Justicia de la UE incluye a los teléfonos que empiezan por 90
• Establece que el coste no puede exceder el importe de una "tarifa básica"

Cascos de un teleoperador

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado ilegales los sobrecostes derivados de las llamadas a números telefónicos de servicios de posventa como los 90 españoles, en una sentencia sobre una empresa alemana.

Según el tribunal con sede en Luxemburgo, el coste de una llamada de un cliente a una línea telefónica de asistencia operada por un comerciante no puede exceder el importe de una "tarifa básica", que el tribunal define como el precio de una llamada a una línea telefónica fija o móvil estándar dentro del país.

El TJUE remite a la Directiva sobre los derechos de los consumidores de 2011 y subraya que si los comerciantes tuviesen derecho a cobrar tarifas más elevadas que la de una "tarifa básica", los consumidores podrían no recurrir al teléfono de asistencia para obtener aclaraciones sobre su contrato o para exigir el cumplimiento de sus derechos.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia aclara que si se respeta el límite del coste de una llamada estándar, resulta "irrelevante" que el comerciante obtenga beneficios mediante ese número.

Una empresa alemana, el detonante

El caso llegó a Luxemburgo desde Alemania, donde una asociación de lucha contra las prácticas comerciales desleales pidió a un tribunal de Stuttgart (Alemania) que ordenase a la empresa de aparatos eléctricos y electrónicos "comtech" que dejara de presentar en su sitio web un número de teléfono de servicio posventa con el prefijo 0180, equivalente al 90 español.

El importe de una llamada a ese número era superior que el de una llamada estándar a un número fijo o móvil, pues costaba 0,14 euros por minuto desde la red fija alemana y 0,42 euros por minuto desde una red móvil.

El tribunal germano pidió al TJUE que interpretara la directiva comunitaria de 2011, según la cual los Estados miembros deben velar por que si un comerciante opera una línea telefónica para recibir llamadas de los clientes sobre los productos o servicios adquiridos, los compradores no deben pagar más que en una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar.

Tras esta sentencia, el tribunal alemán deberá resolver el litigio siguiendo la decisión de la corte comunitaria. La decisión también vincula a los tribunales de los demás Estados miembros que aborden un conflicto similar.