Asociaciones de jueces rechazan que se hable de "presos políticos" en España y defienden la independencia judicial

• Defienden la independencia de un sistema de justicia penal como el español
• CGPJ remite a la Fiscalía injerencias de la Comisión sobre Derechos en Cataluña
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Concentración de la CUP ante la Delegación del Gobierno en Barcelona en protesta por la detención de los presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Las asociaciones de jueces han mostrado este jueves su rechazo a hablar de "presos políticos" en España y han defendido la independencia de un sistema de justicia penal como el español, que es "plenamente garantista y acorde con los estándares europeos propios de un estado de derecho".

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la democracia (JJPD), Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han mostrado su rechazo ante quienes han cuestionado el envío a prisión de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmniun Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

En concreto, se refieren a las medidas cautelares acordadas por la Juez del Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que acordó prisión incondicional sin fianza para los líderes de ANC y Òmnium por un presunto delito de sedición por "promover" las manifestaciones de los pasados 20 y 21 de septiembre en Barcelona.

En un comunicado conjunto, han subrayado que los magistrados en España "son independientes e imparciales" y el sistema de justicia penal es "plenamente garantista y acorde con los estándares europeos propios de un estado de derecho".

"Bajo ningún concepto se puede hablar de presos políticos"

Asimismo, las cuatro asociaciones judiciales han recordado que cualquier persona privada de libertad en España "ha de estarlo con arreglo a derecho, estando excluidos los presos por razón de sus creencias o ideas políticas". "Bajo ningún concepto se puede hablar, pues, de 'presos políticos'", han enfatizado.

"En una sociedad democrática como la española, la fiscalización pública de la actuación de los órganos judiciales le preserva frente a eventuales actuaciones arbitrarias, injustas o irrazonables", han hecho hincapié.

En la misma línea, han recordado que el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos, del que España es parte, reconoce el derecho "a un juez independiente y alejado de los intereses de las partes en litigio" y facilita "mecanismos legales" para apartar del conocimiento de un caso concreto al juez en quien concurra alguna causa que le impida el ejercicio imparcial de la función jurisdiccional. Además, todas las resoluciones judiciales han de estar fundadas en derecho y son revisables por un tribunal superior.

El CGPJ remite a la Fiscalía las injerencias en la labor judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado remitir a la Fiscalía las actuaciones de la Comisión Especial sobre la Violación de Derechos Fundamentales en Cataluña que supongan una injerencia en la labor judicial por si pudieran ser constitutiva de delito.

La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, que ha tomado esta decisión por unanimidad y a propuesta de su presidente, Carlos Lesmes, requerirá a la Generalitat para que deje sin efecto el acuerdo de creación de dicho organismo, "específicamente en lo atinente a la investigación de los órganos judiciales y a la depuración de las eventuales responsabilidades".

El CGPJ considera que el acuerdo del Gobierno catalán es contrario al principio de independencia judicial y lo pone en conocimiento de instancias internacionales como la ONU, la Comisión de Venecia, el Consejo de Europa y la Comisión Europea.

Además, la Comisión Permamente del CGPJ ha aprobado una declaración institucional por unanimidad en la que exige "el máximo respeto a la independencia judicial ante las críticas recibidas por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela", que dictó prisión provisional para los líderes de la ANC y Ómniu Cultural.

La declaración ha sido aprobada "ante las reiteradas manifestaciones" de responsables públicos, que atribuyen la medida cautelar de prisión provisional para Cuixart y Sànchez "a motivos políticos, incluso llegando a calificarles -dice el CGPJ- como presos políticos".