La justicia niega a la comisión de la Asamblea de Madrid los documentos del caso Lezo por estar bajo instrucción

• Un juez establece que "no ha lugar la entrega" de las actas del canal de Isabel II
• Da así la razón al Gobierno de Cristina Cifuentes, que se había negado a entregarlas
• La presidenta madrileña tendrá que comparecer ante la comisión este viernes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a su llegada a un acto reciente.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid, Manuel García Castellón, ha dictado un auto en el que determina que la Comunidad de Madrid no puede entregar a la comisión de investigación sobre la corrupción de la Asamblea regional las actas del canal de Isabel II vinculadas al caso Lezo, dado que la causa se encuentra en proceso de instrucción.

En el auto, fechado a 29 de enero, el juez establece que "no ha lugar a la entrega de la documentación requerida por la comisión de investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid relativa a este procedimiento judicial", en referencia al caso Lezo.

La decisión supone una victoria para el Gobierno que preside Cristina Cifuentes, que había pedido permiso al magistrado para hacer entrega de las mismas y que defendía que no podía entregarlas hasta que la justicia se pronunciara al respecto.

De hecho, al auto judicial da respuesta al escrito remitido el pasado 3 de enero por parte del consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Angel Garrido, al presidente del Consejo General del Poder Judicial para que se informara de si el Ejecutivo madrileño podía entregar dichas actas.

Posibles juicios paralelos

García Castellón trasladó el escrito del consejero de Presidencia al Fiscal Anticorrupción, que "emitió un informe considerando que no resulta procedente entregar la documentación solicitada". Así, el auto explica que la comisión de investigación no está facultada para "recabar información o documentación al poder judicial sobre procedimientos que, como ocurre en estas diligencias previas, se están conociendo por los jueces y tribunales".

La entrega a terceros, en este caso a la comisión de investigación, de documentos que forman parte de procedimientos sub iudice podría conducir "a valoraciones y juicios paralelos contrarios a la decisión judicial y a la presunción de inocencia de los acusados".

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El magistrado argumenta que muchas de las facultades que la ley otorga a los jueces para la instrucción de las causas penales "solo se justifican por ese interés superior de hacer justicia y perseguir el delito".

Y añade que la obtención de elementos probatorios y el acceso al conocimiento de hechos que la ley reserva a los jueces son permitidos bajo la tutela judicial y subraya que el traspaso de esos documentos e información para un uso distinto al permitido conllevaría una "infracción".

Contrario a una resolución previa

Sin embargo, esta resolución judicial se produce después de que el juez Fernando Andreu, que estaba temporalmente al frente del mismo Juzgado, dictara en agosto una providencia que daba vía libre a la entrega de documentación sobre el Canal de Isabel II a la comisión.

En aquella ocasión, el juez Andreu argumentaba que "la petición de documentos que realiza la Comisión Anticorrupción de la Comunidad no están incluidos en el sumario y su entrega se rige por disposiciones administrativas sin que el juez de Instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación".

Sin embargo, la respuesta de Andreu a la Comunidad de Madrid se traspapeló por "un fallo humano", según el Gobierno regional, que ha asegurado que no tuvo conocimiento de su existencia hasta el pasado 12 de enero. Solo en ese momento, el Ejecutivo de Cifuentes cesó a un director y empezó a enviar la documentación a la Asamblea, ya que hasta entonces se había escudado en unos informes de la Abogacía General que defendían la improcedencia del envío de documentos sobre asuntos que se estaban investigando por la vía penal.

Esta demora de cinco meses en la entrega de documentación provocó las críticas de toda la oposición, que acusó a la presidenta madrileña de "mentir" y "ocultar" de manera deliberada la documentación sobre el Canal de Isabel II. Cifuentes deberá comparecer el próximo viernes ante la comisión, pero no se le podrá preguntar por esta cuestión, ya que se le cita para informar sobre su etapa como consejera de la empresa pública, cuando era delegada del Gobierno.