Investigan contratos irregulares del Ayuntamiento madrileño de Rivas en el marco de la operación 'Soule'

• La UCO requiere un contrato municipal sobre el césped de instalaciones deportivas
• Según el Ayuntamiento, tiene que ver con causa por la que se investiga a la RFEF
• Rivas Vaciamadrid está gobernada por una coalición de Podemos e Izquierda Unida

Fachada del Ayuntamiento de Rivas, en una imagen de archivo.

Agentes de la Guardia Civil se han personado esta mañana en el Ayuntamiento del municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid para requerir contratos firmados con la Federación Española de Fútbol en el marco del caso Soule, una trama de corrupción cuyo principal investigado es el expresidente federativo, Ángel María Villar.

Según fuentes municipales, a partir de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han reclamado al consistorio gobernado por IU con el apoyo de Podemos el expediente para la sustitución del césped artificial en varias instalaciones deportivas, un contrato que asciende a 540.000 euros y que se adjudicó a la empresa a Magein 2012, empresa investigada desde julio en este caso.

Según el Ayuntamiento de Rivas, se trata de una empresa "que está siendo investigada en una macrocausa vinculada con la Federación Española de Fútbol" y subrayan que "no ha habido investigación ni al Ayuntamiento ni a ningún cargo de la corporación municipal" y que se ha entregado la documentación administrativa requerida.

En el portal de Transparencia del propio consistorio consta que el procedimiento de adjudicación fue negociado por publicidad, aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rivas formalizado en septiembre de 2017, cuando ya se conocía que Magein 2012 estaba siendo investigada en el caso de la Federación Española de Fútbol. La adjudicataria es una de las empresas investigadas de la trama y su apoderado, Valentín Sainz-Rosas Ramírez, es uno de los imputados en la causa, que continúa con diligencias, informa Europa Press.

Con respecto a Ángel María Villar, que se encuentra en libertad tras pagar una fianza 300.000 euros para salir de prisión -donde permaneció hasta el 1 de agosto-, el juez cree que usó varias sociedades para el desvío del dinero de la RFEF y, en otros, imputó también a su hijo Gorka .

Considera Pedraz que para realizar ese saqueo, Villar estableció un "clientelismo tanto en la contratación del personal, que recae fundamentalmente en familiares, como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministro y prestación de servicios a empresas vinculadas, bien directamente bien a través de familiares". En la causa que dirige el juez Santiago Pedraz hay más de 40 imputados.

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, municipio del sureste de Madrid de algo más de 80.000 habitantes, lo dirige un alcalde de IU, Pedro del Cura, que gobierna en minoría con el apoyo de Rivas Puede, la denominación de la marca municipal de Podemos.

Tras haber ganado las elecciones municipales en mayo de 2015, Del Cura estuvo imputado por prevaricación, malversación y tráfico de influencias por unos contratos municipales junto a la exconcejal de IU Tania Sánchez, aunque la causa terminó siendo archivada un mes después.