El proyecto de Presupuestos para 2018 dedica casi el 56% al gasto social, la mayor parte para pensiones

• El proyecto del Gobierno destina 196.782 millones a gasto social
• El 73,6% del gasto social se dedica al pago de pensiones
• Sube un 8,3% la dotación para I+D+i y un 16% la inversión en infraestructuras
• El ministro de Hacienda ha presentado sus cuentas en el Congreso

La presentación del proyecto de presupuestos de 2018 en el Congreso inicia la tramitación parlamentaria de las cuentas.

El proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 destinan 196.782 millones de euros al gasto social, lo que supone casi el 56% del gasto total consolidado (2,8% más que en 2017). El mayor porcentaje de gasto social (el 73,6%) se destina a las pensiones, que absorben 144.834 millones de euros.

Hay que indicar que el borrador de los presupuestos incluye dentro del gasto social actuaciones de protección social -como pensiones, prestación por desempleo, servicios sociales, fomento del empleo y acceso a la vivienda- y las relacionadas con bienes públicos de carácter preferente -es decir, sanidad, educación y cultura-, pero también los servicios públicos básicos, como la justicia, la defensa (excluidas las misiones de mantenimiento de la paz), la seguridad ciudadana y la política exterior.

Ese aumento del gasto social ha sido lo más destacado en la presentación de las cuentas realizada este martes en el Congreso por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Estas son los segundos presupuestos del Gobierno en esta legislatura y que, de momento, no cuentan con una mayoría parlamentaria suficiente para salir adelante.

Dos de cada tres euros de gasto social, para las pensiones

En total, el gasto no financiero consolidado sumaría 327.955 millones, un 3% más que en los PGE de 2017. La mayor parte de ellos se destinaría al capítulo de transferencias corrientes y de capital, que incluye los pagos de pensiones y las transferencias a comunidades y ayuntamientos.

Como se ha indicado, el 73% del gasto social se destinará a pagar las pensiones, a las que se dedicarán 144.834 millones de euros, 5.188 millones más que en 2017 (un 3,7% más).

Con ese alza se atiende el aumento previsto del número de pensionistas, la revalorización por ley del 0,25%, el incremento de la pensión media de los nuevos beneficiarios y las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno para subir las pensiones más bajas.

En concreto, de ese aumento del gasto en pensiones, más de 4.000 millones cubrirán el alza prevista de nuevos pensionistas y los otros 1.000 millones responden a las medidas anunciadas hace una semana para beneficiar a los pensionistas que cobran menos.

Un 3,4% menos para prestaciones del paro

En cuanto a las prestaciones por desempleo, se dedicarían 17.702 millones a su pago, un 3,4% menos, "por la continua mejora del mercado de trabajo".

Además, el proyecto destaca el incremento en 217 millones de euros en las políticas de fomento del empleo (un 3,9% más), que sumarían un total de 5.716 millones.

Aparte, el proyecto de ley cuenta con 500 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo para complementar el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cuyo objetivo es "retribuir a los jóvenes menores de 25 años que se están formando para encontrar un trabajo o mejorar en el que ya tienen", según ha explicado el secretario de Presupuestos, Alberto Nadal.

La dotación para servicios sociales sube un 4,3%

El borrador de las cuentas para este año incluye una batería de medidas destinadas a cumplir el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que implican un incremento de 80 millones de euros en las partidas destinadas a ponerlo en marcha.

Además, las comunidades y los ayuntamientos deberán incluir en sus presupuestos subidas de 100 y 20 millones de euros respectivamente, para financiar medidas de este Pacto, "para lo cual -explica el documento- contarán con recursos suficientes dadas las mayores aportaciones que recibirán respecto a 2017 a través del sistema de financiación".

Esa lucha contra la violencia machista se contabiliza, entre otras cosas, junto a las ayudas a la Dependencia -cuya dotación se aumenta en 46 millones hasta un total de 1.401 millones de euros- dentro de la política de servicios sociales, que recibe un total de 2.512 millones (un 4,3% más).

Las actuaciones relacionadas con la inmigración recibirán 318 millones de euros a través del programa de acción a favor de los inmigrantes (para apoyar la integración de inmigrantes y solicitantes de asilo, así como la canalización de flujos y cooperación con los países emisores de emigrantes).

A eso se suman los 229 millones de euros para mantener el programa de reasentamiento y reubicación de personas impulsado desde la Unión Europea, y otros 11 millones para la atención a inmigrantes llegados a las costas mediterráneas.

Un 3% más de gasto en sanidad

Dentro del gasto en sanidad y educación se incrementa un 3,9% y un 3%, respectivamente. Así, esas partidas ascienden a 4.251 millones y 2.600 millones de euros, respectivamente.

Esas dotaciones de sanidad y educación son un gasto complementario al que realizan las comunidades autónomas que asumen la mayoría del gasto en esas áreas por tratarse de competencias transferidas.

En conjunto, según trasladó el Gobierno a Bruselas en el plan presupuestario que le envió en octubre pasado, el gasto en sanidad bajaría este año del 6% del PIB (5,8%), un nivel que había superado históricamente. Esta proporción está muy alejada del 7% sobre el PIB que las organizaciones profesionales sanitarias consideran el mínimo imprescindible para poder mantener un servicio público de calidad.

En educación, más del 60% del gasto de esta política se dirige al programa de becas, que contaría en 2018 con una dotación de 1.575 millones (50 millones más que en 2017).

Respecto a la política de cultura, la dotación asignada en el borrador de las cuentas es de 838 millones de euros, un 4,4% más que el año pasado.

El gasto en defensa crece un 6,9%

La última pata de lo que se denomina gasto social son los servicios básicos, y ahí destacan las subidas del 6,9% del gasto en defensa -con 8.087 millones de euros, sin incluir las operaciones de paz- y del 6,4% en seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias, una política que alcanza una dotación de 8.418 millones, en parte por los 310 millones de euros adicionales para comenzar la equiparación salarial comprometida con la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Para la política de justicia se incluye una dotación de 1.781 millones, un 3,2% más, con una importante subida de la partida destinada a la asistencia jurídica gratuita (con 49 millones, un 33% más). Además, 132 millones de euros irán destinados a impulsar la transformación digital del sistema judicial.

A la política exterior se dedican 1.581 milones de euros, un 3,9% más que en 2017, con un significativo aumento del 8% en los fondos destinados a cooperación al desarrollo.

Aumento de 4.200 millones en las transferencias a autonomías y ayuntamientos

Respecto a las transferencias a otras administraciones territoriales en el marco de los sistemas de financiación, este año alcanzan 123.250 millones de euros, 4.248 millones más que en 2017 (un 3,6% más).

De ellos, 105.020 millones de euros serán para las comunidades autónomas y 18.230 millones para las corporaciones locales. De su asignación, las comunidades destinan el 68% de su presupuesto a sanidad, educación y protección social.

El proyecto de PGE de este año incluye también la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan reinvertir el superávit presupuestario, al igual que se permitirá hacer a los ayuntamientos.

Entre los requisitos que deberían reunir las comunidades para acogerse a estas reglas están, entre otros, que presenten superávit en el ejercicio anterior o que, en los 6 meses previos a la aplicación de esta disposición, hayan cumplido la normativa de morosidad en el pago a proveedores.

Subidas en la inversión en infraestucturas e I+D+i

Dentro de las actuaciones de carácter económico, la inversión en infraestructuras aumenta en algo más de 800 millones de euros (un 16,5% más), hasta sumar un total de 5.675 millones. Éste es el primer incremento de la dotación de esta partida desde el comienzo de la crisis.

Los PGE para 2018 contemplan un aumento del 8,3% en la dotación a la política de I+D+i, que recibe 7.044 millones de euros, "consolidándose la senda creciente de esta partida", según asegura el proyecto de presupuestos.

En ese documento se especifica que el gasto en investigación, desarrollo e innovación en España equivaldrá este año al 1,52% del PIB, muy por debajo de la media europea, que supera el 2%. De ese total, el 0,23% del PIB se ejecuta a través de las Administraciones públicas, el 0,39% del PIB lo realiza el sector de la Educación Superior y el 0,9% restante depende de la empresa privada.

También se incrementa bastante el gasto destinado a actuaciones de industria y energía, que recibirían 5.768 millones, un 6,2% más que el año pasado. Dentro de esta política destacan los 300 millones de euros que se destinarán a impulsar la eficiencia energética y las energías renovables dentro del programa

El gasto dedicado a programas agrícolas y ganaderos ascendería a 7.511 millones, un 1,3% más que en 2017, que se financian en más de un 91% con fondos procedentes de la Unión Europea (FEAGA y FEADER).

En lo que respecta a la Función Pública, se plasma el acuerdo alcanzado con los sindicatos de empleados públicos, con una subida del 1,75% de los salarios de ese colectivo este año.

Menos de un 10% de gasto para los ministerios

Según ha destacado Alberto Nadal, la mayoría del gasto público se realice a través de comunidades autónomas y sistema de Seguridad Social (que incluye el pago de pensiones y la protección del desempleo) y que menos del 10% del gasto total de los PGE vayan destinados a actuaciones de los ministerios.

Así, el proyecto del Ejecutivo mantiene sin cambios el techo de gasto del Estado aprobado en julio del año pasado (119.834 millones de euros, un 1,3% más que en 2017). De esa cantidad hay que restar el gasto en intereses de la deuda del Estado -31.547 millones de euros, un 1,9% menos que el año anterior- y otros gastos no ministeriales, como son el gasto de clases pasivas y las aportaciones al Presupuesto de la UE, que en total ascienden a 35.186 millones de euros. Se obtiene así el gasto no financiero de los ministerios, que totaliza 53.101 millones de euros.

De esa cantidad hay que restar también las trasferencias a la Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo y al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y las transferencias que los ministerios realizan a las comunidades mediante convenios, conferencias sectoriales o subvenciones. De esta manera, se obtiene el gasto disponible de los ministerios: 37.776 millones de euros, un 5% más que el año pasado.

Incremento del 3,9% en la recaudación de impuestos

En cuanto a los ingresos no financieros consolidados del Estado, organismos autónomos y Seguridad Social, el proyecto presupuestario para este año estima que ascenderán a 293.200 millones de euros (un 4,6% más que en 2017).

De esos ingresos, 115.718 millones corresponden a los ingresos tributarios, que crecen un 3,9% respecto al año anterior. Por tipo de impuesto, el IRPF se incrementa un 6,5%; el IVA, un 5,6%, y el Impuesto de Sociedades, un 4,8%.

Otros 141.498 millones provendrían de las cotizaciones sociales, con lo que según las estimaciones del proyecto de ley, aumentarían un 4,1%.

Según el borrador de las cuentas, ese aumento de la recaudación impositiva es "compatible" con la rebaja aprobada para el IRPF de este año, dirigida a las familias y a las personas con menores rentas.

Esa rebaja del Impuesto sobre la Renta incluye nuevas deducciones, como una para gastos de guardería (que se hará efectiva en la declaración de 2019) y otra por cónyuge con discapacidad. También se incrementa en 600 euros la desgravación por cada hijo que exceda el número establecido para cada categoría de familia numerosa.

Además, se eleva el umbral de tributación desde los 12.000 euros actuales hasta 14.000, y se incrementa la reducción para rentas del trabajo hasta 18.000 euros de salario bruto. Estos cambios se aplicarán sólo a partir de que los presupuestos sean aprobados, por lo que sólo estarían en vigor la mitad del ejercicio fiscal.

Las modificaciones del IRPF favorecerán a 3,5 millones de personas, de los cuales 1 millón son pensionistas, según el proyecto de las cuentas del Gobierno.

También afectarán a los ingresos presupuestarios la bajada de las tasas universitarias y del IVA aplicable a las entradas del cine, que pasará del 21% al 10%.

Tradicional presentación en el Congreso

Pasadas las 09.15 horas, Montoro ha posado para los medios gráficos en el Patio de Floridablanca de la Cámara Baja, acompañado por los secretarios de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal; Hacienda, José Enrique Fernández Moya, y de Función Pública, Elena Collado, junto a otros altos cargos del departamento.

Acto seguido, Pastor ha recibido en su despacho a Montoro, con el que ha analizado los plazos y la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas de 2018.

Posteriormente, ambos se han dirigido al Salón de Pasos Perdidos, donde se ha celebrado oficialmente el acto de entrega del proyecto de ley, en presencia de altos cargos del Ministerio de Hacienda, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rubén Moreno, y miembros de la Mesa y de la Comisión de Presupuestos del Congreso.

Reunión de la Mesa para decidir la tramitación

Los Presupuestos han llegado al Congreso en una tableta electrónica y en un lápiz de memoria USB, aunque Montoro también ha entregado a Pastor el llamado "libro amarillo", que resume los capítulos y partidas de las cuentas públicas, que también pueden consultarse a través de internet.

Tras la entrega oficial de los presupuestos, la Mesa del Congreso se reúne para decidir el calendario de tramitación de las cuentas públicas, que comenzará con la comparecencia de altos cargos antes de que se debatan en el pleno las enmiendas a la totalidad, probablemente en la última semana de este mes de abril.

Al igual que los del año pasado, las cuentas públicas comenzarán su tramitación parlamentaria bien entrado su ejercicio de aplicación. De momento, solo cuentan con el apoyo de Ciudadanos, mientras el PNV, cuyos votos son necesarios para la aprobación, ha advertido que no los votará mientras esté en vigor el artículo 155 en Cataluña.