De la amnistía norirlandesa a la disociación italiana, los caminos para gestionar los presos de ETA

• Tras la disolución de la banda terrorista, la cuestión de los presos acapara el foco
• ETA siempre ha buscado una amnistía al estilo de Irlanda del Norte para ellos
• Por el momento, se mantiene la política penitenciaria, incluida la dispersión
• Una alternativa sería la disociación, usada en Italia con las Brigadas Rojas

Un hombre pasa ante una pintada que reivindica a los presos de ETA en Hernani

ETA ha anunciado que se disuelve, pero centenares de terroristas aún cumplen condena y su reinserción o no en la sociedad será uno de los factores que moldeará el definitivo restablecimiento de la convivencia en el País Vasco, un problema ante el que se abren diferentes vías, algunas ya exploradas en Europa con otros grupos terroristas: desde la amnistía de Irlanda del Norte hasta la estrategia de disociación que se utilizó en Italia con las Brigadas Rojas, pasando por el cumplimiento de penas que se impuso en Alemania a la banda Baader-Meinhof.

En estos momentos, cerca de 280 etarras están recluidos, 224 de ellos en cárceles españolas fuera del País Vasco, otros 50 en Francia y uno en Portugal. De los presos actuales, solo tres están en cárceles de Euskadi y un cuarto, Ibon Iparragirre, enfermo de sida, fue trasladado enero a un hospital de Gipuzkoa para cumplir su condena en régimen de prisión atenuada, según la asociación de familiares de presos etarras Etxerat. La gran mayoría, unos 260, siguen adscritos al colectivo de presos EPPK (Euskal Preso Politikoen Kolektiboa), según datos recabados por Europa Press.

Ante el anuncio de disolución de ETA, ya han surgido voces que reclaman el fin de la política de dispersión penitenciaria y el acercamiento de los presos a cárceles vascas, entre ellas, las de la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, quien ha llegado a asegurar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "es sensible" a esa demanda.

Pero el Gobierno se muestra, por el momento, inflexible en su postura: "El Ejecutivo no va a modificar su política penitenciaria", remarcaba el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, el mismo día en que ETA escenificaba su disolución. En cualquier caso, la cuestión de los presos, en quienes pervive lo que queda de una banda terrorista derrotada y formalmente disuelta, está en el centro del tablero.

Urkullu y Barkos lamentan que ETA no haya pedido perdón a todas las victimas

La amnistía imposible

ETA, que siempre se miró en el espejo del IRA norirlandés, ha perseguido una solución para sus presos como la que se alcanzó para los combatientes católicos y protestantes en el Acuerdo del Viernes Santo, que incluía una amnistía "bajo licencia" -es decir, con el compromiso de no reincidir en la lucha armada- para 447 convictos de terrorismo, incluidos 116 con delitos de sangre.

El programa de excarcelación, que fue apoyado por todos los partidos norirlandeses salvo el Partido Demócrata Unionista y por los Gobiernos británico e irlandés, liberó a 194 republicanos y a 194 unionistas, una simetría que refleja la división sectaria de la sociedad de Irlanda del Norte y, sobre todo, la naturaleza dual de ese conflicto, que no tiene paralelismo en el terrorismo etarra.

No obstante, ese modelo de amnistía fruto de un pacto político ya se utilizó en el País Vasco en los primeros tiempos de la democracia, con ocasión de la disolución de ETA político-militar: en virtud de un pacto alcanzado en 1982 entre los dirigentes de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés y Mario Onaindia con el entonces ministro de Interior, Juan José Rosón, unos 200 militantes dejaron las armas.

El catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid Mikel Buesa, experto en economía del terrorismo y hermano del dirigente socialista asesinado por ETA Fernando Buesa, señala ahora que ese acuerdo "no solucionó el problema de ETA", ya que solo desmovilizó a una fracción minoritaria de la banda, y dejó "el interés de las víctimas completamente relegado".

De hecho, Buesa señala que buena parte de los más de 300 atentados de ETA que siguen sin esclarecer, puesto que el acuerdo no exigía ni el arrepentimiento ni la colaboración con la justicia para acogerse a las medidas de gracia. "Fue una amnistía sin llamarlo amnistía", señala en declaraciones a RTVE.es.

En casi 60 años de existencia, ETA deja más de 800 muertos y miles de heridos. Además, quedan más de 350 crímenes sin resolver; la autoría de prácticamente uno de cada tres.

La "vía legal" ordinaria

En cualquier caso, una solución de ese estilo, que implicara medidas colectivas, parece inasumible para el Gobierno y la sociedad españoles, una vez ETA ha sido liquidada. El catedrático de Derecho Penal de Universidad Rey Juan Carlos Antonio Cuerda, que también ha investigado la situación penitenciaria de los presos por terrorismo, aboga, de hecho, por eliminar las medidas excepcionales y colocar a los etarras en el mismo plano que el resto de reclusos.

"El delito de terrorismo siempre ha estado sometido a una excepcionalidad, con más y más excepciones; se debería ir hacia un régimen general", explica a RTVE.es, señalando que, con ETA disuelta, se puede avanzar en aspectos como la eliminación del delito de enaltecimiento del terrorismo e incluso el indulto de presos que no respondan a delitos de sangre.

Es lo que en la jerga etarra se denomina la "vía legal", tradicionalmente rechazada por el colectivo de presos, aunque aceptada desde finales de 2016: los presos pueden acogerse a los itinerarios habituales -permisos penitenciarios, solicitud del tercer grado...- "con los límites del arrepentimiento y la delación".

Esta línea roja excluye la colaboración con la justicia, lo que ha llevado a las autoridades penitenciarias españolas a rechazar prácticamente todas las solicitudes; en Francia, no obstante, sí se han producido acercamientos de presos al País Vasco francés. Es una vía, de cualquier modo, que implica el cumplimiento de las condenas, con las únicas reducciones de pena que contemple la normativa ordinaria para cualquier recluso.

Así se hizo en Alemania con los terroristas de la Fracción del Ejército Rojo o banda Baader-Meinhof, disuelta en 1998: su último cabecilla, Chistian Klar, fue puesto en libertad condicional en 2008, tras revisarse su cadena perpetua y acogerse a una docena de permisos. Y la última militante presa desde antes de la disolución, Birgit Hogefeld, obtuvo la libertad condicional en 2011, aunque posteriormente ha habido nuevas condenas, como la que en 2012 llevó a la cárcel a Verena Becker por el asesinato de un fiscal en 1977.

De los casi 300 presos, 224 están fuera del País Vasco y 50 en Francia

La estrategia de la disociación

Una última posibilidad sería establecer un itinerario específico para presos etarras, tal como se hizo en Italia con los terroristas de las Brigadas Rojas, que permita reducir las penas si se cumplen unos requisitos: renegar de la lucha armada, colaborar con la justicia y, sobre todo, desvincularse de la organización a la que pertenecen.

En España, esa estrategia de disociación que separa al terrorista del colectivo se exploró mediante la denominada vía Nanclares, que exige pedir perdón a las víctimas, desvincularse de la violencia, asumir el daño causado y colaborar con la justicia para acceder a beneficios penitenciarios. Sin embargo, apenas se han acogido a ella una treintena de etarras, de entre los cientos que han pasado o están aún en las cárceles españolas.

Buesa señala que esa estrategia necesita de un horizonte temporal concreto, puesto que, si no, el incentivo de los terroristas es siempre seguir acogido bajo el paraguas del colectivo, sin señalarse y en espera de una solución colectiva. "Se pueden establecer cien días, u otro plazo, para que los presos colaboren, es decir, que reconozcan el daño, informen a los jueces de los delitos de los que tengan conocimiento... con el fin de acceder a permisos o el tercer grado", opina, aunque matiza que las medidas deberían ser reversibles si se reincide.

“Sería una vía para cerrar el problema político, con un reconocimiento, si no de la organización, si de sus militantes, de su derrota política“

Asimismo, recalca que la normativa debería hacerse con transparencia, en el Congreso de los Diputados, y "con el menor daño posible a las víctimas" de la violencia etarra. "A muchas no les gustaría", reconoce, pero apunta que "sería una vía para cerrar el problema político, con un reconocimiento, si no de la organización, si de sus militantes, de su derrota política".

Con todo, su impresión es que, por el momento, "el tema va a quedar estancado, porque la tentación del Gobierno es no hacer nada. Y ese es otro problema, porque queda abierto a que se resuelva por tejemanejes políticos, en lugar de un proceso abierto a la opinión pública". También Cuerda cree que se impondrá el inmovilismo en un intento de "tranquilizar" a las víctimas: "El Gobierno siempre dijo que estaría dispuesto a aceptar el acercamiento de presos si ETA se disolvía, pero ahora parece que no opina lo mismo".