El número dos de Hacienda, imputado por falsedad y malversación cuando era alcalde de Jaén

• José Enrique Fernández de Moya tendrá que declarar el 5 de junio
• Ciudadanos pide su comparecencia urgente y Unidos Podemos su dimisión
• El secretario de Estado se niega a dimitir y defiende su "honestidad"

El número dos de Hacienda, imputado por falsedad y malversación cuando era alcalde de Jaén

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, declarará como investigado (figura que antes se conocía como imputado) por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad por pagos de dinero público durante su etapa como alcalde de la ciudad de Jaén.

Además de Fernández de Moya, actual 'número 2' de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, están investigadas cuatro personas, entre ellas la actual teniente de alcalde de Jaén, Rosa Cárdenas (PP). Todas ellas han sido citadas para declarar el próximo 5 de junio.

Presuntos pagos irregulares a una empresa de servicios al ayuntamiento

La Cadena Ser ha tenido acceso a la providencia del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital jiennense y fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han confirmado a RTVE.es varios aspectos de la investigación judicial. Esta se inició a raíz de una querella presentada por el grupo municipal del PSOE y fue incoada en diciembre de 2017 en el citado juzgado.

Durante la investigación se ha recabado documentación del ayuntamiento de Jaén, de la Agencia Tributaria y un informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil.

Los hechos investigados se refieren a decisiones tomadas por Fernández de Moya cuando era alcalde, entre junio de 2011 y noviembre de 2015. Presuntamente ordenó varios pagos a la empresa Matinsreg, encargada del mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad, en contra de los informes del interventor municipal.

La investigación apunta también a que se facturaron de forma falsa gran cantidad de horas de trabajo no realizadas, de imposible ejecución con el personal de la empresa, lo que supuso un coste para el ayuntamiento superior a los 3,6 millones de euros.

Se da la circunstancia de que la ciudad de Jaén es una de las más endeudadas de España.

El próximo jueves declararán cinco personas en calidad de testigos, entre ellos el actual interventor del ayuntamiento de Jaén.

El secretario de Estado defiende su "honestidad"

Tras conocer su imputación, Fernández de Moya ha defendido "su honestidad e integridad personal" y ha señalado que la denuncia es similar a otra de 2014 que fue archivada por la Fiscalía.

"Fue archivada por el Ministerio Público, que dijo que este alcalde actuó siempre y en todo momento con el principio de legalidad en la mano", ha declarado Fernández de Moya a los medios.

"Mi patrimonio es mi honestidad, mi integridad personal y esa no la va a destruir nadie. Afortunadamente vivimos en un Estado de derecho y tendré la oportunidad de defenderme cuando reciba esa citación judicial", ha concluido.

Ciudadanos pide la comparecencia urgente y Unidos Podemos su dimisión

Ciudadanos ha pedido la comparecencia urgente del secretario de Estado en la Comisión de Presupuestos del Congreso, mientras el diputado de Unidos Podemos y líder de Izquierda Unida Alberto Garzón ha exigido su dimisión.

Durante el debate de enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, Garzón ha explicado que los delitos por los que se investiga al exalcalde son "suficientemente graves como para que quede mermada la confianza en estos Presupuestos". Fernández de Moya fue la persona que defendió el presupuesto en el trámite de Comisión.

Alberto Garzón (UP) pide la dimisión del número 2 de Montoro tras su imputación por malversación

Garzón ha recordado también que el número dos de Montoro dejó Jaén con una deuda de 550 millones de euros e incumplió la regla de gasto, aunque Hacienda no intervino el ayuntamiento jiennense, como sí hizo con Madrid cuando Fernández de Moya ya era secretario de Estado.

Por su parte, la diputada del PSOE Patricia Blanquer ha considerado también que la "credibilidad y confianza" de las cuentas se ve afectada por la citación.