La exhumación de Franco se hará por decreto ley para evitar demandas judiciales que provoquen su retraso
- Se aprobará el viernes para blindar la exhumación ante posibles demandas judiciales de la familia
- Después el decreto ley debe ir al Congreso donde el Ejecutivo pretende aprobarlo sin problemas
La exhumación de los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos (Madrid) se hará mediante un decreto ley que modifique la Ley de Memoria Histórica con el fin de "evitar demandas judiciales" que retrasen su desarrollo.
Así lo han confirmado fuentes del Ejecutivo a Efe y Europa Press, que han añadido en que el citado decreto ley debe ser convalidado por el Congreso, donde el Gobierno espera poder sacarlo adelante sin problemas.
El Gobierno de Pedro Sánchez han recordado que con esta medida se da el primer paso para el cumplimiento a la resolución aprobada por el Congreso en mayo de 2017 en este sentido, sin ningún voto en contra.
Ha sido el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, quien ha confirmado, a primera hora de este martes, que el decreto se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo viernes, tras el paréntesis estival, tal y como ya había avanzado ya el Gobierno.
"Entrará en el orden del día y se aprobará, parece que la fórmula más adecuada es un decreto ley”, ha afirmado, para añadir que con esta vía el desenterramiento será "cuando antes", pero siempre de manera "pulcra, administrativa y legalmente".
El ministro de Cultura ha sugerido que al Valle de los Caídos se le puede dar un papel similar al adquirido por los campos de concentración nazis, que se han mantenido "para que la gente no olvide el horror o no olvide determinadas cosas".
El Gobierno quiere evitar demandas judiciales de los Franco
El pasado 18 de junio, el Gobierno de Sánchez garantizó que se cumpliría con la proposición no de ley de impulso de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en mayo de 2017, para proceder a la exhumación de los restos del dictador de su tumba y que esta se llevaría a cabo en julio. Pero a mediados de ese mes, el Gobierno socialista admitió problemas con la familia de Franco por la decisión de exhumarlo y mostró sus dudas de que fuera posible ese mismo mes, como tenía previsto inicialmente.
Y es que los siete nietos de Franco, según informa Efe, han hecho llegar por conducto notarial al abad del Valle de los Caídos su expreso rechazo a la exhumación de los restos de su abuelo, en un escrito en el que también avisan de su negativa a hacerse cargo de ellos.
La Abadía Benedictina de la Santa Cruz es responsable de la basílica y entre sus funciones está el mantenimiento del culto, la promoción de una escolanía, la dirección de un centro de estudios sociales y el cuidado de la hospedería.
Desde la Fundación Francisco Franco, por su parte, se entiende que el lugar donde está ubicada la tumba del dictador, entre el altar mayor y el coro, es parte de la basílica, y esta, según los acuerdos de 1979 entre la Iglesia y el Estado, "es inviolable". El presidente ejecutivo de esta Fundación, Juan Chicharro, subrayó ayer a Efe que "un cadáver pertenece a su familia y una exhumación sin el permiso de la familia es una profanación, que es un delito y habría una querella".