El Consejo de Política Fiscal aprueba por segunda vez el alivio del déficit autonómico propuesto por el Gobierno

• Esos objetivos se inscriben en la senda de déficit y deuda renegociada con Bruselas para el próximo trienio
• La reunión de las comunidades autónomas con Hacienda precede a la aprobación en Consejo de Ministros

El Consejo de Política Fiscal vuelve a aprobar la misma senda de déficit que rechazó el Congreso

El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado este miércoles la propuesta de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que otorga más margen de gasto a las comunidades autónomas durante el periodo 2019-2021. La reunión de los consejeros autonómicos de Hacienda con la ministra del ramo, María Jesús Montero, ha ratificado los mismos objetivos de estabilidad que ya aprobó a mediados de julio, con el apoyo de Cantabria y las siete comunidades socialistas -incluida la Comunidad Valenciana, que se abstuvo hace un mes-, y el rechazo de Canarias y las cinco comunidades gobernadas por el PP.

La propuesta del Gobierno contempla para las comunidades un objetivo de déficit para 2019 del 0,3% del PIB frente al 0,1% vigente, lo que supone un margen adicional de 2.500 millones de euros; en 2020 espera situar el déficit en el 0,1 y en 2021 en el 0%.

La nueva reunión del CPFF -en la que ha estado ausente Cataluña por expreso deseo del president Quim Torra- se produce después de que el Congreso rechazase el pasado día 27 la senda de estabilidad propuesta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que recoge nuevos objetivos de déficit y deuda pública para ese trienio -renegociados con Bruselas para conseguir más margen- y un límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2019, fijado en 125.064 millones (un 4,4% más que en las cuentas de 2018).

Tras el visto bueno del Consejo de Ministros, la senda presupuestaria pasará al Congreso, donde fue rechazada con 173 votos en contra de PP, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria, Bildu y Foro Asturias, y las abstenciones de Unidos Podemos, Compromis, ERC y PDeCAT, con el único respaldo de socialistas y nacionalistas vascos.

Valencia apoya ahora la propuesta, tras abstenerse en julio

En la reunión autonómica de julio sobre el mismo asunto, la propuesta del Gobierno obtuvo el respaldo de siete comunidades, mientras otras seis se posicionaron en contra y la Comunitat Valenciana se abstuvo.

En esta ocasión, el Gobierno valenciano ha decidido votar a favor tras negociar, entre entre otras cosas, que el Ejecutivo central asuma la deuda de 350 millones de euros del Consorcio Valencia 2007, creado para gestionar las infraestructuras exigidas por la Copa América de Vela de 2007.

Según fuentes de la Generalitat, Valencia ha apoyado elevar el déficit permitido a las comunidades autónomas del 0,1% del PIB vigente al 0,3% después de lograr medidas "a favor de los valencianos" que suponen 850 millones de euros adicionales.

En declaraciones remitidas a los medios, el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, ha explicado que el acuerdo prevé aumentar el déficit autorizado -que, en el caso de la Comunitat, supone 245 millones de euros-, modificar el IVA -donde logra otros 250 millones- y refinanciar 1.000 millones de euros de deuda valenciana para pasarla del corto a largo plazo.

Un margen de 2.500 millones más para las autonomías en 2019

La senda de estabilidad elaborada por el Gobierno suaviza en dos décimas en 2019 y 2020 los límites anteriores fijados a las comunidades autónomas, lo que se traduce en un margen fiscal de 2.500 millones sólo en 2019.

En concreto, la senda planteada por Montero a las comunidades autónomas permite un déficit del 0,3% del PIB en 2019, el 0,1% en 2020 y estabilidad presupuestaria en 2021. Por otro lado, los objetivos de deuda pública se establecen en el 23,7% para 2019, el 23% para 2020 y el 22,2% para 2021.

El Ejecutivo socialista ya avanzó que este año espera un déficit público del 2,7% del PIB, cinco décimas por encima del tope fijado por el anterior Gobierno del PP y que Bruselas había advertido que no iba a lograrse. Además, actualizó el déficit del año que viene hasta situarlo en 1,8%, cinco décimas más que la previsión del Ejecutivo de Rajoy; el de 2020 hasta dejarlo en un 1,1% -tres décimas más que la anterior previsión-, y el de 2021, que fija en un déficit 0,4% frente al superávit anunciado por el anterior Gobierno.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que, en caso de que las Cortes no aprueben el techo de gasto propuesto por el Ejecutivo, el Gobierno tendrá que remitir a las Cortes un nuevo acuerdo en un plazo máximo de un mes. Sin embargo, en ningún momento establece que la aprobación del techo de gasto sea imprescindible para sacar adelante un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el cual debe ser remitido por el Gobierno a las Cortes antes del 30 de septiembre, según recoge la propia Constitución.

Así, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó que el Gobierno presentará en las próximas semanas la misma senda rechazada por el Congreso con la intención de recabar los apoyos suficientes para que vea la luz, aunque aclaró que si volviese a ser rechazada el Ejecutivo presentará un proyecto de Presupuestos para 2019.

Preacuerdo con Unidos Podemos

Dentro de esa búsqueda de apoyos se inscribe la reunión celebrada este miércoles entre el Ejecutivo y Unidos Podemos, en la que han alcanzado un preacuerdo para acabar con el veto sobre los objetivos de déficit público y el techo de gasto presupuestario del que disfruta hasta ahora el Senado, una de las condiciones exigidas por la formación morada para apoyar en el Parlamento la senda de estabilidad presupuestaria para los próximos tres años y los propios presupuestos de 2019.

La eliminación del veto se realizaría mediante la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en 2011 -al final del Gobierno de Zapatero, por acuerdo entre el PSOE y el PP-, que establece que tanto los objetivos de déficit como el techo de gasto deben ratificarse en el Congreso y el Senado. Pero al contrario de lo que ocurre con otras tramitaciones parlamentarias, no se fija su vuelta al Congreso tras su paso por la Cámara Alta, un trámite que permite levantar un eventual veto del Senado.

El grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea remitió hace unas semanas un documento al Gobierno donde reclama una subida de impuestos para las rentas más altas y las empresas, así como una renegociación del objetivo de déficit con Bruselas por encima del 1,8% para 2019, para "siquiera plantearse" dar luz verde a la senda de déficit del Ejecutivo.