El Gobierno amplía el acceso al bono social eléctrico y crea una ayuda para la calefacción

• Elimina durante seis meses el impuesto de generación eléctrica, del 7%

El Gobierno amplía las coberturas para el bono social eléctrico

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al decreto ley de medidas urgentes contra la pobreza energética, una norma que amplía el límite para acceder al bono social eléctrico a más personas en riesgo de exclusión y crea otro térmico con ayudas para la calefacción, entre otras cosas.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que es "imposible contar con precios estables y predecibles" en el sector energético, y ha explicado que este Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Transición Energética y la Protección de Consumidores es "clave" para el momento social en el que nos encontramos. Su aplicación es de carácter inmediato, "pensando en este invierno", afirma.

La norma incluye la suspensión durante seis meses del impuesto a la generación eléctrica, que se carga en la factura de la luz, y que pasará de un 7% a prácticamente cero.

Mayor acceso al bono social

La medida asimismo amplía un 15% los límites de consumo a los que se puede aplicar los descuentos del 25% ó el 40% del bono social, "insuficiente" hasta ahora, según Ribera.

Este se verá complementado con otro bono social térmico, una ayuda para la calefacción que se abonará a los beneficiarios del bono social eléctrico, en función de su grado de vulnerabilidad y las temperaturas de la zona en que vive para pagar gastos de calefacción, agua caliente y cocina.

También se incluye a las familias monoparentales entre las que tienen circunstancias especiales para que se les pueda aplicar el bono social pese a que tengan una mayor renta que la establecida en los diferentes tramos generales que hay, algo que hasta ahora sólo afectaba a víctimas de violencia doméstica, del terrorismo y personas con discapacidad. Para la ministra esta es una inclusión con "rostro de mujer", ya que 85% de las familias monoparentales son "monomarentales", es decir, con una madre sola a cargo de sus hijos.

A todo ello se añade que no se podrá cortar el suministro eléctrico por impago a hogares que tengan el bono social y en los que vivan menores de 16 años, personas con discapacidad igual o superior al 33% y dependientes reconocidos de grado 2 ó 3.

Sanciones contra las empresas comerciales

El Gobierno además endurece las medidas sancionadoras a las empresas comercializadoras, que gestionan y financian el bono social. Por ejemplo, aquellas que impongan injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con la tramitación de las solicitudes podrían ser sancionadas con multas de hasta 60 millones de euros, en el caso de infracciones muy graves.

La normativa también prohíbe a las comercializadoras eléctricas y a las de gas natural, realizar acciones de publicidad o contratación de sus productos a través de visitas domiciliarias, el denominado sistema 'puerta a puerta', salvo que la visita fuera solicitada expresamente por el consumidor.

De igual modo, se regulan los términos en los que las comercializadoras de energía eléctrica podrán acceder a los datos de consumo y potencia contratada de los consumidores para que puedan ofrecerles mejoras en la gestión de su demanda, optimización de la contratación del suministro o la adopción de medidas de eficiencia energética.

Además, se permite la inhabilitación directa de las comercializadoras que realicen prácticas fraudulentas en el mercado mayorista, entre ellas, el incumplimiento de las obligaciones de compra de energía en los mercados diario e intradiarios, que hasta ahora debían ser sancionadas con carácter previo a la inhabilitación.